Se armó la de Troya. Veo a un país polarizado. En un lado la iglesia católica, Uribe y el Procurador encabezando una feroz campaña en contra y del otro lado al presidente Santos, las fuerzas políticas liberales y la comunidad científica.

Como en el caso de la comunidad homosexual aquí no hay medias tintas. Un debate que va a opacar las conversaciones de paz con las Farc porque las posiciones son radicales y como ha sucedido en otros países, se luchará con toda clase de armas, incluyendo las más sucias.

Pero es un debate que hay que darlo y aunque personalmente no estoy de acuerdo con el aborto, respeto el derecho de las personas que se lo quieren practicar y es obligación del Estado brindarles todo el apoyo, aparte de las campañas de educación y prevención del embarazo.

Minjusticia abre discusión sobre 'despenalización amplia' del aborto

Por: JOHANNA ÁLVAREZ QUINTERO REDACTORA DE EL TIEMPO | 9:21 p.m. | 19 de Septiembre del 2012

'Leyes restrictivas aumentan casos riesgosos y clandestinos', dice documento base.

El Ministerio de Justicia está listo para plantear un candente debate: la "despenalización amplia" del aborto en Colombia, más allá de los tres casos en los que esa práctica fue autorizada por la Corte Constitucional en el 2006.

El próximo martes, el Consejo de Política Criminal -en el que tienen asiento el Gobierno, las cortes, la Fiscalía, la Procuraduría y la Policía, entre otras autoridades- empezará a discutir un extenso documento, elaborado por una comisión encabezada por el viceministro de Justicia, Farid Benavides.

El informe, que incluso aparece en la página web del Ministerio, plantea una revolucionaria posición frente al espinoso tema: dejar de perseguir a las mujeres que deciden abortar y concentrar esfuerzos en campañas de prevención y educación sexual.

"Es indudable que para evitar los abortos clandestinos y amparar los derechos de las mujeres, Colombia requiere una despenalización mucho más amplia que la que actualmente existe de interrupción voluntaria del embarazo", dice el documento. El martes, la ministra Ruth Stella Correa anunció en el Congreso que ese informe será base de la discusión de un nuevo plan de política criminal, que debe estar listo antes de fin de año.

La comisión, que empezó a trabajar en tiempos del exministro Juan Carlos Esguerra, utilizó estadísticas sobre el aborto en Colombia y las comparó con las de los países donde ese procedimiento está despenalizado. Las cifras -dice el documento- "muestran que que las leyes altamente restrictivas no están asociadas con bajos índices de abortos efectuados". Y agrega: "La prohibición absoluta no evita los abortos. Por el contrario, hace que se realicen en condiciones precarias de clandestinidad".

'Campañas en vez de cárcel'

También recoge un estudio del Instituto Guttmacher que dice que cada año en Colombia 132.000 mujeres sufren complicaciones de salud por abortos clandestinos, cifra que representa el 30 por ciento de las mujeres que abortan ilegalmente en el país.

Con ese contexto, el grupo, encabezado por el viceministro Benavides, señala que "una política criminal frente al aborto debe despenalizarlo mucho más ampliamente que lo previsto por la sentencia C-355 de 2006, puesto que el marco normativo derivado de esa sentencia es aún muy restrictivo y sigue provocando abortos clandestinos y afectaciones graves a los derechos de las mujeres".

La Corte legalizó los abortos en casos de violación, malformación del feto y grave riesgo para la salud de la madre. Luego de 5 años, los procedimientos legales apenas pasan de mil en todo el país. En todas las demás situaciones, una mujer que decide abortar se expone a una condena de hasta dos años de prisión.

Aunque no propone una fórmula legal, la comisión señala que un eje en esa discusión debe ser el número de semanas de embarazo. "En la medida en que la gestación aumenta, se incrementa el interés legítimo del Estado en proteger esa vida en formación", agrega.

En países como Bélgica, Estados Unidos, Italia y Dinamarca, que despenalizaron esta práctica, se puede abortar antes de las 12 semanas (3 meses de embarazo). En España, Alemania y Francia, este plazo es de 14 semanas. (Vea aquí una entrevista con la abogada Mónica Roa).

"Si el Estado pretende proteger la vida desde la concepción, debería razonablemente optar por adoptar medidas de gran impacto en el objetivo perseguido. Es el caso de campañas de salud, capacitación en materia de salud sexual y reproductiva, servicios gratuitos de salud y asesoría en materia de planificación", recomienda la comisión.

El extenso documento, que tardó un año en elaborarse, también plantea recomendaciones de medidas alternativas a la cárcel, la implementación de políticas restaurativas, fuero militar y cambios en la política antidrogas.

Plantean medidas alternas a la cárcel

La crisis carcelaria de Colombia, que tiene niveles de hacinamiento superiores al 47 por ciento, es el eje principal del documento elaborado por la comisión asesora, conformada por nueve reconocidos penalistas.

En 135 páginas, el informe recomienda que se otorguen penas alternativas a la cárcel, de manera que los jueces puedan ordenar -dependiendo del delito, el daño y el victimario- medidas como reparación de las víctimas, trabajo a favor de la comunidad, arresto durante el tiempo libre o en fin de semana, entre otras posibilidades.

El documento, que entrará a ser estudiado por el Consejo de Política Criminal, también pide que, antes de que los jueces envíen a una persona a la cárcel, cuenten con una especie de "certificado de disponibilidad carcelaria", de manera que se garantice un cupo carcelario digno.

En el diseño de esta propuesta de política participaron los expertos penalistas Yesid Reyes, Rodrigo Uprimny, Iván Orozco, Julio Sampedro, Camilo Sampedro, Mariana Martínez, María Victoria Llorente, Daniel Mejía, Patricia Mantilla y el viceministro Farid Benavides, que tiene a su cargo la política criminal.

Las propuestas que acoja el Consejo de Política Criminal, que deberán estar definidas antes del 10 de diciembre, tienen dos escenarios: uno, llegar al Congreso a través de ley estatutaria, o ser avaladas en un documento Conpes, lo que las convertiría en política de Estado.

Johanna Álvarez Quintero
Redactora de EL TIEMPO

Fuente: El Tiempo