¿Qué está pasando con los menores infractores?


Aroldo Quiroz, exprocurador de Infancia, revela investigación sobre la dimensión del fenómeno.

El menor capturado por haber puesto la bomba lapa en el vehículo del exministro Fernando Londoño el pasado 15 de mayo tendrá una 'condena' máxima de ocho años.

El caso ha generado polémica. Algunos sectores ya hablan de laxitud punitiva en el caso de menores infractores. Tal como lo reveló EL TIEMPO el jueves pasado cada año 600 menores son capturados en el país por asesinatos. Así mismo, también se reflejaron fallas en la atención como casos de hacinamiento en centros donde están los jóvenes.
Aroldo Quiroz, exprocurador de Infancia y experto en el tema, le reveló a este diario las conclusiones de una reciente investigación que llevó a cabo con menores infractores que están bajo la protección del Bienestar Familiar.

Quiroz insiste en que en casos de gran impacto, como en el atentado contra Londoño, los jóvenes deben ser juzgados como adultos. Además, advirtió sobre el gran aumento de delitos cometidos por menores en los últimos años y los altos índices de reincidencia, también que muchos de ellos son padres de familia.
Sin embargo, no cree que la solución sea aumentar las penas, sino fortalecer el sistema y la prevención.

¿Qué está fallando en el sistema de responsabilidad penal juvenil?

La ley no es el problema. El problema es que no funciona el Instituto de Bienestar Familiar (Icbf) y de todo el sistema alrededor. Las cifras han venido creciendo año tras año. Si hacemos una retrospectiva, en los años 80 encontramos unos 5.500 niños y jóvenes vinculados a la infracción de la ley penal. En los últimos cinco años pasamos a más de 34.000 adolescentes vinculados de alguna forma a la infracción de la ley. Además, si vemos las diferentes reformas que han pasado desde los años 70, 80 y 90 sobre este tema encontramos que no han sido la solución a este problema y el Estado no ha querido trabajar. Si miramos las tasas en los años 80 teníamos que entre cada 100.000 menores había 56 que infringían la ley penal. En el 2000, llegó a 1.032.

¿En lo que ha investigado, cuáles son las causas de este incremento?

Las causas económicas son: la pobreza, la desigualdad, el no acceder a la educación y la violencia intrafamiliar que, en muchas ocasiones, expulsa a los menores y terminan vinculados al delito. Entre las no económicas: el incremento de los grupos al margen de la ley. Estos grupos aprovechan para reclutarlos. Y lo otro es la ineficiencia de la justicia y la inoperancia del Icbf y su sistema.

¿Por qué ineficiencia de la justicia?
Porque no se ha podido comprender cuándo un adolescente que ha trasgredido la ley penal debe ser castigado realmente y cuando no. El tema no es aumentar penas, sino que haya una flexibilidad dependiendo del delito. Por ejemplo, en un caso reciente, como el del menor que habría puesto la bomba a Londoño, él tendría que ser castigado con la pena máxima como un adulto. Otra cosa sería para otro menor que a esa misma edad participe en la sustracción de un celular o de una cartera. Aquí el delito es de menor impacto.

¿A qué edad empiezan a delinquir y cuáles son los índices de reincidencia?

De acuerdo con un estudio que hicimos, un niño comete su primer delito a los siete años. Y el rango mayor está entre los 13 y los 15 años. Por otra parte, la reincidencia está en el 96 por ciento. Es decir, los menores que infringen la ley están en un círculo vicioso. Y lo más grave es que muchos de esos niños son padres de familia y el 90 por ciento de los menores consumen droga, desde alcohol y bazuco. En mi concepto, no hay programas contundentes para desintoxicar estos jóvenes.

¿Y en qué reglones están delinquiendo?

La investigación arrojó que los delitos que más cometen, un 21 por ciento, tiene que ver con el hurto; un 7 por ciento, con el porte y tráfico de drogas; un 6 por ciento tiene que ver con homicidios y un 4 por ciento, lesiones personales.

Cuando se discutió la Ley de Infancia y Adolescencia uno de los temas de discusión es que era muy permisiva y, por eso, se planteaba que iba a promover la delincuencia. ¿Qué ha pasado?

Es un sofisma de distracción. Mientras existan las causas económicas y las no económicas los menores son caldo de cultivo de las organizaciones criminales porque es menos costoso que vincular a un adulto. No tiene nada que ver con las condenas.

¿Qué se debe hacer?

Si el Estado detectara estas condiciones se puede tener una voluntad política para trabajar sobre una política preventiva para evitar el reclutamiento de niños y adolescentes. Se deben fortalecer las políticas públicas de prevención en la que se involucre a los municipios, a los departamentos y al Bienestar Familiar. Esto no es de reforma a la ley porque las cinco que se han hecho en los últimos años no han servido.