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PEDROELGRANDE · 28-08-2012 , 20:24:34

Francisco Cajiao

Detrás del negocio se mueven intereses políticos locales y personas que desde sus posiciones de poder tienen una capacidad de presión muy complicada.

Hace poco más de una década, el país estaba urgido de aumentar la oferta educativa para satisfacer la necesidad de cupos escolares en la educación básica. Era imperioso garantizar el derecho a la educación de miles de niños y niñas que no encontraban espacio en los colegios públicos de las diversas regiones, pues las familias no estaban en condiciones de pagar los costos de la educación privada por precaria que fuera la oferta, especialmente en los sectores más pobres de las ciudades.
Esta situación condujo al Gobierno a diseñar programas que permitieran contratar cupos en los planteles particulares y, de paso, aprovechar una capacidad instalada que no se usaba en su totalidad. La crisis económica de los años 90 generó índices muy altos de deserción de estos colegios por incapacidad económica de las familias. La consecuencia inmediata de esta política de contratación fue la proliferación de colegios privados cuya vocación central fue mercadear sus cupos con las entidades territoriales de las cuales hoy dependen para su permanencia. Mientras tanto, el Estado se eximió de proveer los recursos necesarios para el desarrollo de nueva infraestructura educativa, así como para la adecuación y mantenimiento de la existente en proceso acelerado de deterioro.
En Bogotá, durante el gobierno de Peñalosa, se hizo un importante quiebre de la tendencia con la construcción de veinticinco colegios de excelentes especificaciones, pero se optó por la modalidad de entregarlos en concesión a operadores privados, recogiendo la experiencia de otros países. Este modelo generó muchos malestares, pues mandaba un mensaje negativo a los maestros oficiales, que seguían trabajando en condiciones muy desfavorables en lo referente a infraestructura y equipamiento, como si no fueran dignos de trabajar en buenos colegios. El impacto de este modelo tiene hoy una connotación menos fuerte en Bogotá debido a que durante la gestión de Lucho Garzón y Abel Rodríguez se construyeron cerca de cuarenta colegios del más alto nivel arquitectónico, lo que aumentó significativamente la oferta educativa a cargo directo de los maestros del Estado. No ocurre lo mismo en otras regiones, donde el Ministerio condiciona la construcción de megacolegios al modelo de concesión y reitera así el mensaje negativo sobre la educación pública oficial.
No es posible en una columna entrar en todos los matices de los diversos modelos, pero es claro que en la medida en que la oferta pública ha crecido significativamente y el cambio demográfico tiende a disminuir la demanda de nuevos cupos, el sistema de contratación con colegios privados pierde su sentido, pues, además de haber disponibilidad en el sistema oficial público, muchos planteles en convenio no ofrecen las condiciones de calidad mínimas. En cambio, se han ido convirtiendo en un grupo de presión que no tiene inconveniente en bloquear vías, movilizar familias y estudiantes y, finalmente, mandar amenazas de muerte a los funcionarios que cumplen con su deber.
La solución se volvió un problema gordo. Y no es propiamente la pasión pedagógica la que mueve a algunos de estos propietarios, porque allí se ha creado un negocio que mueve muchos miles de millones de pesos. Hay evaluaciones que muestran que, así como hay colegios muy serios, que realizan una loable labor, hay una porción importante que no reúne condiciones básicas de calidad. Y aun si las tuvieran, ya no hacen falta.
Lo complicado es que detrás del negocio se mueven intereses políticos locales y personas que desde sus posiciones de poder tienen una capacidad de presión muy complicada. Valdría la pena que investigadores y periodistas averiguaran de quiénes son estos colegios y en qué parentescos y padrinazgos se amparan... Entre tanto, el Gobierno Nacional debe marcar un urgente cambio en su política de delegar sus responsabilidades.