4.Que la inversión privada nacional y extranjera han desaparecido
5. Que las empresas de producción social no arrancan ni producen nada.
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Aparte de ello, el gobierno venezolano se enfrenta a la reorganización de la economía nacional, de manera que corresponda a su programa social. Prioritariamente, la economía privada ha de ser llevada con directivas y medidas estatales a la creación de trabajo, para sacar al pueblo del desempleo. A las empresas privadas se les ordena al ‘cargo social de la propiedad’, aumentando los salarios mínimos y estableciendo condiciones restrictivas como la contratación obligatoria, por lo que también se les dota de subvenciones salariales. Pues, se pretende que los empresarios se beneficien de la intención del Estado de generar empleo socialmente sostenible, pero también que sus ánimos de lucro beneficien a la sociedad. Paralelamente, el Estado dispone entregar las empresas quebradas a manos de los trabajadores, las reactiva y mantiene con créditos estatales; así se dota trabajo que no está sometido al criterio compulsivo de la rentabilidad de manera inmediata. Siendo ‘empresas de producción social’, estas actividades manifiestan la intención estatal de promover y sustentar una producción nacional que dé trabajo al pueblo.

Además el Estado encamina y patrocina continuamente las cooperativas agrícolas y pequeñas productoras campesinas de alimentación, que son cultivadoras de tierras latifundistas confiscadas por haber sido improductivas; monta con ‘microcréditos’ microempresas destinadas a la demanda masiva; exige a los bancos una política apropiada en la concesión de créditos, y, haciéndoles competencia, establece en el sector financiero entidades bancarias exclusivamente dedicadas a la concesión de microcréditos. De tal modo, el antiguo ‘sector informal’ de la economía capitalista –cuyo cuerpo subsistía miserablemente o sufría una explotación bajo las más pésimas condiciones– va convirtiéndose en uno de tipo ‘economía popular’, subvencionado y bajo la protección del Estado. En particular, el Estado venezolano ha establecido, en paralelo y en competencia con el comercio privado con mercancías capitalistas, un sistema empresarial de mercados populares que él sigue subvencionando. Éstos ofrecen bienes de consumo elementales a precios asequibles para las masas, preferiblemente procedentes de las cooperativas y productoras, o de otros países latinoamericanos a cambio de petróleo. Coincidencialmente, el Estado ordena al comercio privado de comestibles reglamentar los precios con el fin de garantizar el acceso; por otro lado, remite impuestos para que los comerciantes no retengan sus mercancías, y adicionalmente, deja saber que sigue considerando la nacionalización del comercio al por mayor.