También ha promulgado una ley, la denominada Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras, sancionada en junio de 2011, que según el gobierno aborda los derechos de las víctimas a una reparación integral. Esta ley es un importante paso hacia el reconocimiento y la compensación de algunas de las víctimas del conflicto armado y la devolución de parte de los millones de hectáreas de tierras robadas a sus legítimos propietarios.

Sin embargo, la ley excluye a muchas víctimas, ya que solo recibirán reparación económica las personas que sufrieron abusos después de 1985, y sólo podrá reclamarse la restitución de las tierras robadas después de 1991. La Ley excluye también a muchas víctimas recientes de los grupos paramilitares, pues las autoridades afirman que tales grupos se desmovilizaron en un proceso auspiciado por el Gobierno que comenzó en 2003. También preocupa que la Ley no incluya medidas eficaces que garanticen la seguridad de las personas que regresan a sus tierras.

Igualmente es reseñable que el presidente Santos haya reconocido la existencia de un conflicto armado interno, en marcado contraste con el enfoque de su predecesor, Álvaro Uribe, que enmarcó las hostilidades en la llamada “guerra contra el terror”, menoscabando así la aplicación del derecho internacional humanitario, que solo se aplica a situaciones de conflicto armado, y permitiendo que los responsables de los ataques contra civiles eludieran la rendición de cuentas.

Sin embargo, las bien recibidas declaraciones públicas del presidente Santos sobre los derechos humanos aún han de traducirse en mejoras prácticas para quienes corren el riesgo de sufrir violaciones de estos derechos.

La realidad es que los homicidios y las amenazas contra defensores y defensoras de derechos humanos, sindicalistas, líderes de comunidades desplazadas y contra las personas que reivindican la devolución de las tierras robadas han aumentado durante su gobierno, mientras que las personas que participan en investigaciones penales relacionadas con los derechos humanos, como víctimas, testigos, abogados, fiscales y jueces, siguen siendo objeto de amenazas y homicidios.

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