Se ignora así la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que prohibió hace una década la ejecución de criminales con discapacidad intelectual.
Un prisionero diagnosticado como discapacitado mental será ejecutado este martes en Texas, dado que la justicia del estado no reconoce su condición como argumento para impedir el cumplimiento de la sentencia.
Marvin Wilson, un afroamericano de 54 años, fue condenado en 1992 a la pena capital por el homicidio de Jerry Robert Williams, un informante policial en una investigación sobre drogas.
En 2004 fue sometido a un examen médico en el que se confirmaba que su coeficiente intelectual era de 61 puntos, cifra que define su condición como "discapacidad intelectual" en el estado de Texas, cuya legislación fija está por debajo de los 70 puntos. Además, el neuropsicólogo que examinó a Wilson determinó que su comprensión de lectura y su capacidad de escritura eran equiparables a las de un niño de siete años.
No obstante, el estado ha calificado su nivel de discapacidad mental de medio y afirma que su nivel intelectual no es un argumento suficiente para anular la pena capital a la que fue condenado.
Esta decisión ha desencadenado una oleada de críticas por parte de varias organizaciones de defensa de los derechos humanos ya que no coincide con la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de EE.UU., que en 2002 prohibió la ejecución de criminales con discapacidad mental, aunque permitió que cada estado aplicase su propio criterio al respecto.
"Mientras que la mayoría de los países ha dejado de ejecutar a criminales, y mucho menos a discapacitados mentales, EE.UU. continúa desafiando esa tendencia global, con Texas a menudo a la cabeza", señaló el portavoz de la organización Amnistía Internacional (AI), Rob Freer, mediante un comunicado.
A no ser que la Corte Suprema de EE.UU. decida intervenir, Wilson será ejecutado en la tarde de este martes y pasará a ser el séptimo preso en lo que va de año en recibir la inyección letal en ese estado.
Texas, el estado que ha ejecutado a más reos considerados retrasados mentales por los médicos forenses, ha llevado a cabo 483 condenas desde que se restableció la ley de la pena de muerte en este país en 1977.