¿Cómo se acabaría, a través de ese plan, con la organización criminal?
El microtráfico, donde están el jíbaro, la olla, es una organización piramidal armada, que no es la gran mafia. ¿Esa organización de qué vive? Del adicto o consumidor, no necesariamente un adicto que paga altos precios. Con este plan se acabará la banda mafiosa y desestimularemos el delito para el vicio.
Usted tuvo una reunión esta semana con el expresidente Gaviria. Él formuló con los expresidentes Cardozo, de Brasil, y Zedillo, de México, un plan para tratar al consumidor como enfermo y no como criminal. ¿De eso hablaron?
De eso y de muchas otras cosas. Como la del presidente Mujica de Uruguay, quien propuso oficialmente que el gobierno asuma la producción y distribución de marihuana, para contrarrestar la delincuencia. Se hace en Europa y en Estados Unidos, lo hace California. Si el Gobierno acepta que se haga ese experimento de permitir el consumo controlado y guiar hacia la desintoxicación médica y sicológica en esas áreas de Bogotá, donde se mata la gente, llegaremos a una ciudad con índices de violencia comparables a las ciudades más pacíficas de Europa.
¿Cómo proyecta presentar la propuesta al Gobierno Nacional?
Hablando con el presidente Santos. Tenemos una conversación pendiente.
Metro ligero por la 7a. y pesado por el resto
El Concejo acaba de empatar en su votación sobre el cupo de endeudamiento para el metro. ¿Qué opina sobre el tema?
La discusión es extemporánea. Lo que interesa ahora es el cupo de endeudamiento que genera la aprobación del Plan de Desarrollo, que incluye la financiación del metro pesado, la construcción del metro ligero, dos líneas de cable y dos troncales de TransMilenio, la 68 y la Boyacá. Eso es lo que necesitamos. Si no, se paraliza completamente la estrategia de movilidad de mediano y largo plazo. El Concejo tiene que sentarse ya a discutir eso. Son 4,3 billones de pesos.
Hay voces que dicen que eso es demasiado.
Bogotá puede hacerlo. Está en su nivel más bajo de endeudamiento y la movilidad de la ciudad no da espera. La necesidad de cofinanciar con la Nación nos llevará a endeudarnos por cerca de 2.500 millones de dólares. La ciudad puede hacerlo.
El Ministro de Hacienda dijo hace una semana en el reportaje para EL TIEMPO que en Bogotá no hay gerencia y que él tiene una cantidad de dinero dispuesta para la carrera 7a. congelada, porque usted no ha decidido qué hacer con ella...
Está equivocado. Uno: el proyecto de tranvía o metro ligero es una obra que no es cofinanciada, no está en el Conpes, o sea, no tiene dinero de la Nación. Dos: hay un préstamo que el Banco Mundial y el BID le otorgaron al Gobierno Nacional, por 80 millones de dólares. La mitad es para Bogotá e iría a la peatonalización de la carrera 7a. y al mejoramiento tecnológico de los buses.
Sobre la peatonalización de la 7a., hay quejas del comercio...
Es que hay que arreglar el entorno. Una cosa es que el carro no pase y el peatón pueda andar más fácil, pero hay que mejorar fachadas, hacer urbanismo, arreglar parques, arborizar, poner seguridad. Los cambios que hicimos en movilidad con pico y placa hasta las 7:30 nos ayudan a que más horas de la noche sean usadas por la gente. El 68 por ciento de los comerciantes experimenta incremento de ventas en horas diurnas; con más gente en el centro de la ciudad en horas vespertinas mejorarán mucho las ventas.
El presidente Santos, después de reunirse varias veces con usted, dijo que ayudará, pero que necesita que le defina qué va a hacer por la carrera 7a. ¿Ya lo definió?
El metro ligero o tranvía está escrito en el Plan de Desarrollo. Y se hará.
¿Quién está haciendo los diseños?
El Gobierno Nacional aceptó la solicitud nuestra de entregarnos los corredores férreos, que son de su propiedad. Es un primer paso. El diseño de los 88 kilómetros férreos que se transformarían en metro ligero o tranvía lo hace la Corporación Andina de Fomento, y tengo una buena noticia: ya se han presentado cuatro iniciativas de asociación público-privada que vamos a estudiar. En el proyecto del metro ligero hay una avance sustancial. En el proyecto del metro pesado, el Banco Mundial coordina la contratación del diseño de ingeniería.
'Operadores de basura bajan tarifas o hago público el servicio'
Está por terminar la urgencia manifiesta que decretó para prorrogar los contratos de los 4 operadores de basura. ¿Qué va a pasar?
Primero, las tarifas de aseo tienen que reducirse. Segundo, hay que cumplir la sentencia de la Corte Constitucional, que impone que los recicladores entren dentro del proceso. Tenemos un problema jurídico, porque la Comisión Reguladora de Agua (CRA), que tenía que hacer el modelo tarifario para permitir el ingreso de los recicladores, dijo que demorará hasta diciembre del 2013. Yo no puedo esperar hasta esa fecha para dar una solución. Decidimos que, aun sin la decisión de la CRA, vamos a reducir las tarifas en el aseo, con la articulación de los recicladores al modelo. Pero los contratos con los operadores de aseo vencen en un mes. Vamos a esperar dos días más para saber qué deciden.
¿Y cuáles son las alternativas?
Los operadores han movido cielo y tierra para imponer lo que ellos llaman un régimen de libre competencia, es decir, que cualquier empresa pueda prestar el servicio. Ese régimen de libre competencia, que podría servir en los estratos pudientes de la ciudad, no sirve en los barrios populares. Lo que usted observa en estos días es que mientras hay relativamente áreas limpias, que son precisamente donde hay un mercado que les paga bien, hay áreas que se están degradando completamente en el aseo, que son las menos pudientes. Por eso creemos que el régimen de libre competencia no le conviene a Bogotá.
¿Y entonces, contratación directa?
Convenios con entidades públicas, como sucede en Medellín con EPM. Los actuales operadores tienen una opción: al terminar su contrato, el 15 de septiembre, pueden darlo por terminado o puede haber una prórroga
¿Usted tiene facultades jurídicas para prorrogar?
Sí. Y lo haré si los operadores aceptan las dos condiciones: bajar tarifas y vincular a los recicladores. Ellos tienen la palabra.
¿Y si no aceptan las condiciones?
Entramos a un modelo de aseo que va a tener conflictos porque habrá demandas. Pero no vamos a dejar sin un servicio eficiente a la ciudad. Podemos prestarlo e incluso asociarnos por concurso con empresas privadas, pero esta vez bajo la rectoría del poder público.
Lo que usted dice es: si los actuales operadores privados no aceptan bajar tarifas y vincular a recicladores, ¿hará público el servicio?
En forma inmediata, sí. Después vinculamos privados, pero con nuestro control. Hemos analizado financieramente y estaban recaudando sobreganancias, al punto de que un fondo que llaman de compensación, que es motivo de investigación penal porque quedaba plata que sobraba de las tarifas, ¡y bastante!, se la gastaron. Eso muestra que los usuarios estaban pagando mucho más que lo que debían pagar. Por lo tanto, la reducción de tarifas es financieramente sostenible.