La Corte Cosntitucional de Colombia ordenó al Ministerio de la Defensa la devolución del resguardo indígena en San José del Guaviare. La medida contempla que la unidad de las fuerzas especiales en infantería de marina se retire de esta zona en un periodo de 6 meses y desmantelen las instalaciones construídas para devolver ese territorio indígena. teleSUR

La Corte Constitucional de Colombia consideró que al presencia de la Escuela de las Fuerzas Especiales en la zona de la comunidad indígena de Jiw de Barrancón en Guaviare es una ''invasión'' una ''superposición'' del territorio , razón por la que deben devolver el terreno.
La Corte Constitucional colombiana le ordenó este jueves al Ministerio de Defensa Nacional que devuelva a la comunidad indígena de Jiw de Barrancón localizada en en el departamento de Guaviare (centro-sur) el territorio que ocupa actualmente la Escuela de las Fuerzas Especiales e Infantería de Marina. Ante esto, el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, expresó que acatará la decisión de la instancia judicial.

Tras emitir el dictamen, la Corte Constitucional le dio al Ministerio de Defensa seis meses para que reubiquen la Escuela.

Mientras tanto, Pinzón manifestó que ''respetamos a la justicia y acataremos la decisión de la corte", sin embargo, señaló que “existen recursos legales que el Ministerio va a presentar” para refutar la decisión, puesto que las relaciones entre las fuerzas militares y los indígenas es magnífica y estrecha”, por lo que espera que “cualquier paso que tomemos sea coordinado”.

Igualmente, explicó que este fallo no tiene que ver con lo que pasa en el Cauca y estos “son hechos independientes, es un tema de discusión de hace muchos años”.

Según la Corte, la presencia de la escuela es una ''invasión'' una ''superposición'' del territorio, razón por la que deben devolver el terreno, proceso que será acompañado por la Defensoría del Pueblo, la Pastoral Social Caritas – Sur Oriente y la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados – Territorial Meta.

No obstante, el gobernador del resguardo de Toribío, Marcos Yule, consideró que ese dictamen hace justicia en lo que respecta a los reclamos de esas comunidades.

"Esto nos sirve mucho para reafirmar que tenemos unos derechos que están siendo vulnerados. La opinión piensa que 'es una joda de nosotros' y que lo que hacemos va contra la fuerza pública. No se entiende que los pueblos indígenas están en vías de desaparición por el conflicto armado interno. Otros pueblos tienen el mismo problema, nosotros nos hacemos oír", dijo.

Desde hace más de dos semana se han escenificado enfrentamientos entre las Farc y el ejército colombiano, que han afectado principalmente las poblaciones de Argelia, Jambaló y Toribío en el Cauca.

La intensificación del conflicto llevó a la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca a declararse en "resistencia permanente", para exigir la demilitarización y la atención a las demandas sociales del Cauca.

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