A mediados de 2007 la situación se puso más tensa porque el testigo Guilombo la emprendió contra el entonces senador conservador Luis Humberto Gómez Gallo, de quien dijo era un supuesto beneficiario de alias El Socio, en momentos en que ardía el escándalo de la parapolítica. Además, como lo registró el periódico El Nuevo Día, de Ibagué, en su edición del 29 de mayo de 2007, aseguró también que el entonces director de la Policía, general Óscar Naranjo, había pertenecido a la nómina del narcotraficante Wílber Varela, alias Jabón.
Aunque Eduardo Restrepo Victoria fue extraditado a Estados Unidos en diciembre de 2007, el escándalo de sus tentáculos siguió vigente. No sólo en Bogotá por las averiguaciones de la Corte Suprema contra el senador Gómez Gallo, sino también en Ibagué, donde fueron procesados familiares y abogados de alias El Socio. Una y otra vez la oficial Gómez Méndez tuvo que comparecer para explicar cómo desmanteló su organización y de qué forma el testigo Guilombo le mostró personalmente los campamentos del paramilitarismo.
En medio de las dificultades, fue promocionada a la comandancia de la compañía Carlos Holguín, donde vivió un incómodo incidente. El 20 de julio de 2008, en la antesala del desfile militar que se realizó en Leticia (Amazonas), tuvo que llamarle la atención al cadete Julián Parra Pineda, hijo del entonces subdirector de la Policía Rafael Parra, por estar portando insignias propias de los generales. El caso dio de qué hablar y, semanas después, sin mucha bulla, la oficial fue trasladada a la jefatura de la oficina de Registro y Control.
A pesar de que la oficial Gómez Méndez era la más antigua en el grado de mayor, asumió el cargo que habitualmente desempeñaba un teniente, o máximo un capitán. Fueron días difíciles porque, por causas distintas, en septiembre de ese 2008 fue retirado del servicio activo su hermano, el general Jesús Antonio Gómez Méndez. Sólo faltaba esperar que pudiera compensar los apremios vividos con su llamado a curso para teniente coronel. Pero la Junta Asesora del Ministerio de Defensa se reunió el 5 de diciembre y no la recomendó.
Entonces comenzó su nueva pelea. Primero escribió al entonces director de la Policía, general Óscar Naranjo, y al entonces ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, para que reconsideraran su decisión. En su defensa documentó 18 años sin una sola sanción y en cambio muchas exaltaciones por su desempeño. La respuesta fue el llamado a calificar servicios. En enero de 2009 formuló un derecho de petición para saber las razones de su retiro. Nunca recibió respuesta. Ante el silencio a sus reclamos, entabló una tutela.
La perdió en dos instancias, pero la Corte Constitucional, en noviembre de 2009, le ordenó al Ministerio de Defensa motivar el por qué de su retiro intempestivo. La respuesta llegó en enero de 2010 con un oficio firmado por el general Óscar Naranjo, a través del cual argumentó que la decisión de llamar a calificar servicios a la mayor María Elena Gómez Méndez obedeció a “un mecanismo de renovación dentro de la línea jerárquica institucional, para garantizar la dinámica de la carrera de los oficiales de la Policía Nacional”.
En ese momento ya estaba en curso la demanda de nulidad que María Elena Gómez presentó en un juzgado administrativo, argumentando que la facultad discrecional de su retiro había sido desbordada por quienes tomaron la decisión, porque su desempeño en la Policía había sido correcto y notable. El 7 de marzo de 2011 la jueza Edna Ramírez le dio la razón y ordenó al Ministerio de Defensa reintegrarla. El caso fue apelado, pero el Tribunal de Cundinamarca, el pasado 14 de junio, confirmó la sentencia. La oficial debe ser reintegrada.
La sentencia dejó en claro que hubo falsa motivación y desviación de poder y que obedeció a razones distintas al mejoramiento del servicio. Sin detalles pero con mucha jurisprudencia, el Tribunal puntualizó que hubo móviles oscuros en la decisión. Consultada María Elena Gómez sobre lo sucedido, se limitó a decir que la Policía es grandiosa y que no puede cuestionarla por la actuación de unos pocos. Ella sabe que todo sucedió por lo que descubrió investigando al extraditado narcotraficante Eduardo Restrepo Victoria, alias El Socio.
Una oficial con méritos para ascender
Nacida en Pereira en marzo de 1971, la exoficial María Elena Gómez Méndez ingresó a la Policía en 1990. Se dedicó a tareas de policía judicial. En especial en secuestro y narcotráfico.
Entre sus acciones reconocidas se cuentan varios decomisos de droga en Tumaco, la captura de un jefe de las Farc dedicado al narcotráfico y múltiples rescates.
El Tribunal de Cundinamarca reconoció en su caso que la facultad discrecional que obró para sacarla no fue para mejorar la institución, sino para prescindir de sus servicios.
Y se hizo, según el Tribunal, sin atender que se trataba de una excelente profesional, con desempeño excepcional. Por eso tendrá que ser reintegrada a la institución.
Los ecos del caso contra ‘El Socio’
Las investigaciones de la exoficial María Elena Gómez Méndez dejaron claros resultados: Eduardo Restrepo Victoria, alias El Socio, hoy está en una cárcel de Estados Unidos; el testigo Róbinson Guilombo vive en el exterior, y Sergio D. Isidoro fue condenado por narcotráfico y falso testimonio.
Además de las delaciones del testigo Guilombo y de otras pruebas, terminó condenado a 9 años de prisión el expresidente del Congreso Luis Humberto Gómez Gallo. En la decisión se dispuso que se investigara a varios funcionarios comprometidos con las denuncias de Guilombo.
A pesar de que la justicia le dio protección al testigo, el 23 de noviembre de 2010 la madre de Guilombo, Nomidia Arroyo Avilés, fue asesinada por varios hombres vestidos de civil que llegaron hasta su finca en la vereda Bellavista, del municipio de Planadas, y le propinaron más de 20 disparos.
En cuanto al general Jesús Antonio Gómez Méndez, también fue retirado de la institución por haber sido mencionado en el escándalo del exdirector de Fiscalías de Medellín Guillermo León Valencia, pero hoy tiene demandado al Estado por su abrupta salida sin explicaciones.