El título del artículo es equívoco porque en las leyes penales se señala con claridad que cualquier tipo de interceptación telefónica debe hacerse previa la autorización de un juez. Por eso es que fue sancionado el general (r) Santoyo por la Procuraduría y por eso es que varios alfiles uribistas fueron llevados a los estrados judiciales.

Pero es bueno que se reitere en esta ley que pretende regular la inteligencia y contrainteligencia contra las prácticas oscuras que el Gobierno de Uribe convirtió en costumbre, valiéndose del principio "El fin justifica los medios" o la cultura del atajo como lo calificaba Mockus.

De todas formas, todo comienza por la cabeza, y hay que evitar en el futuro elegir a personas de dudosas capacidades morales que, a pesar de cuanta ley exista, siempre encontrarán la manera de pasársela por alto para llevar a cabo sus mezquinos intereses de poder y venganza.

Ley de Inteligencia
En Colombia ya no habrá más 'chuzadas' ilegales

Por: Elespectador.com

La Ley de Inteligencia y Contrainteligencia, que recibió el visto bueno de la Corte, establece que cualquier interceptación deberá estar autorizada por un juez.

La ley de Inteligencia y Contrainteligencia que ahora está vigente en Colombia, luego de la decisión de la Corte Constitucional, establece una serie de medidas que regulan esa actividad en las entidades estatales.

Tal vez la determinación más importante que contiene esa iniciativa contempla que el país no volverá a vivir el penoso episodio de las interceptaciones telefónicas ilegales.

Las ‘chuzadas’ se registraron durante el gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez en contra de políticos, magistrados y periodistas, las cuales se adelantaron desde el extinto DAS.

“La ley prohíbe la interceptación de llamadas a excepción de que sea autorizada por un juez”, recalcó el senador Juan Manuel Galán, ponente del proyecto durante su trámite en el Congreso.

Además, a los órganos del Estado encargados de la inteligencia y contrainteligencia también se les ejercerá especial vigilancia, principalmente al gasto.

“Se crea una comisión parlamentaria encargada de vigilar y controlar los llamados gastos reservados. Un dinero que ha sido utilizado no sólo para adelantar las labores de inteligencia, sino también para el pago de recompensas. Esta Comisión también tendrá a cargo la protección de la identidad de quienes ejercen esas actividades”, sostuvo el legislador.

Otros puntos:

• Se establece un término de 30 años de reserva a información clasificada. Esta reserva podría ser ampliada por el propio Presidente de la República en un periodo de hasta 15 años más.
  
  
• Con respecto a los periodistas, la Ley aclara que no se les aplicará las sanciones establecidas por publicar información que tenga el rótulo de carácter reservado. En ese sentido, se hace un llamado a la autorregulación.

Fuente: El Espectador