Denunciante Épico
 | La reforma está muerta
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 | Ahora la prioridad del Ejecutivo es frenar las manifestaciones ciudadanas que buscan referendos y asambleas constituyentes.  Siete de los miembros del Comité Promotor del referendo revocatorio de la reforma a la justicia: Andrés López, Pablo Bustos Sánchez, Armando Novoa García, Óscar Ortiz González, Luis Fernando Otálvaro, María del Pilar Arango y María Teresa Garcés Lloreda. / Óscar Pérez - El Espectador
Tuvo que emplearse a fondo, pero lo consiguió. Con un planificado movimiento de fichas el Gobierno logró apaciguar la crisis política más grave de los dos años de mandato de Juan Manuel Santos y selló el lunes una alianza con sus huestes en el Congreso para que éste hunda la polémica reforma a la justicia.
El acuerdo quedó listo con el envío desde la Presidencia de 70 folios en los que están consignadas las objeciones presidenciales al proyecto, amparadas en lo que Santos calificó como “verdaderos ‘micos’ inconstitucionales e inaceptables” que se le colgaron durante la fase de conciliación.
Los efectos directos de la reforma eran un verdadero dolor de cabeza para Santos, quien destacó que el riesgo de una excarcelación masiva de altos exfuncionarios presos por corrupción, espionaje y hasta graves violaciones de derechos humanos era inminente si no se objetaba la reforma. El presidente insistió anoche en que asuntos como debilitar la pérdida de investidura —el castigo para los congresistas que violan el régimen de inhabilidades— también van contra el espíritu de una verdadera reforma. De hecho, organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales habían advertido que la iniciativa era nociva para la democracia colombiana y por los pasillos de los despachos judiciales ya circulaban documentos advirtiendo que hasta la Corte Penal Internacional podría intervenir en Colombia si se avalaba el proyecto.
El problema para el Gobierno era que por tratarse de una reforma constitucional muchos dudaban que el presidente pudiera objetarla. Con la aparición de una sentencia que en teoría le permite hacerlo argumentando circunstancias excepcionales, Santos se dio la pela y ya es inminente la aceptación de dichas objeciones, lo que significa que el proyecto será archivado por el Legislativo.
Pero superado el susto por la entrada en vigencia de la reforma, lo que viene ahora para Santos es apagar la llama de iniciativas ciudadanas que insisten en la vía de las urnas para resolver el impasse político. Sean referendos revocatorios o propuestas de asambleas constituyentes, como las que promueven algunos congresistas conservadores, Santos sabe que después de cierto momento es inmanejable el tema de los contenidos y con tanto político esperando la oportunidad para atacar es mejor no arriesgarse.
¿Cómo piensa quitarles fuerza a dichas propuestas? Ya dio el primer paso: dejándolas sin razón de ser. Al despejarse por completo el fantasma de la reforma a la justicia, buena parte del soporte de los promotores de los mecanismos de participación se acaba.
Pero los promotores de los movimientos ciudadanos tampoco se quedaron quietos. Ayer, mientras en la Casa de Nariño se buscaba el consenso para hundir el acto legislativo, los impulsores del referendo acudieron a la sede de la Registraduría Nacional a presentar su propuesta y a definir la ruta técnica y jurídica del formulario para la recolección de firmas y la logística para verificación de las mismas, aunque no fueron atendidos por el titular de esta entidad, Carlos A. Sánchez.
Se calcula que durante el fin de semana se recogieron 30 mil firmas, de las 150 mil que se requieren para inscribir oficialmente ante las autoridades electorales el Comité Promotor, integrado por Armando Novoa, María del Pilar Arango, Óscar Enrique Ortiz, Pablo Antonio Bustos, Luis Fernando Otálvaro, Gustavo Bolívar, Gloria María Borrero, María Teresa Garcés y Andrés López.
Aunque el Polo Democrático y progresistas como Antonio Navarro colaboran con la causa, lo que se ha querido dejar en claro es que se trata de una propuesta surgida de las asociaciones ciudadanas, un mes antes de que se aprobara la reforma. Claro, hubo reuniones con fuerzas políticas de toda clase —liberales, conservadores, de la U— y fue el representante Germán Navas, del Polo, quien se encargó de ambientar el tema en el Capitolio. Así llegó el respaldo de Iván Cepeda, Ángela Robledo y Antonio Navarro, quienes no serán parte del Comité Promotor.
El Polo no quiere perder la oportunidad de sacarle réditos políticos a la polémica. Su presidenta, Clara López, dirigió ayer una comunicación a la Organización Electoral informando que harán uso de la consulta de los partidos, convocada para el próximo 30 de septiembre, para consultar a los electores si están de acuerdo con la revocatoria de los congresistas que votaron a favor de la conciliación, imponiéndoles una inhabilidad, tanto a ellos como a sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, para que no se puedan presentar y salir nuevamente elegidos o llegar al Congreso en cuerpo ajeno, a través de sus parientes.
El tema de los castigos contra los congresistas se está moviendo también por los lados de la justicia. La Corte Suprema de Justicia aceptó ayer la primera demanda contra los 12 senadores y representantes que conciliaron el proyecto y lo convirtieron en un Frankenstein, interpuesta por Pablo Bustos. Otras cinco denuncias penales fueron radicadas ayer, tres ante la Corte Suprema, una ante el Consejo de Estado y otra ante la Procuraduría General.
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