Pese a que el cotejo de voces no demostró que Sigifredo López es el mismo que habla en el video, lo que suponía que bastaba para al menos decretarle la libertad provisional, la Fiscalía considera que otras pruebas, se supone que las testimoniales, cumplen con los requisitos mínimos que la ley exige para mantenerlo en detención preventiva.

Sobre la prueba técnica hay que destacar que no existe concordancia entre las dos voces, aunque no es concluyente, es decir, no existe el grado de certeza ya que, según el FBI, faltó más material para llegar a una conclusión contundente, sin asomo de duda.

Aunque es cierto que pueden existir elementos probatorios mínimos que permitan sostener la medida de privación de la libertad, estos no conducen a la certeza exigida en un juicio para condenar.

Pero, aparte del cotejo de voz, los correos del propio Raúl Reyes se refieren a él como un secuestrado más y uno de los que participaron en el secuestro lo exculpan, lo que a la larga crea una duda razonable imposible de despejar lo que determinará una sentencia absolutoria.

Lo grave del asunto es que pasarán largos meses antes de que el juez llegue a esta decisión. Mientras tanto, López deberá seguir privado de su libertad, por fortuna en detención domiciliaria. Y luego deberá prepararse para demandar al Estado, ¿pero eso le devolverá la paz que le perturbó este escarnio público?

Fiscalía dicta medida de aseguramiento a Sigifredo López

Luego de que al mediodía de este miércoles se conociera que la prueba del cotejo de voz que le practicó el FBI al exdiputado Sigifredo López comparándola con la que se escucha en el video en el que se planea el plagio de los asambleístas del Valle del Cauca no tenía concordancia, le fue dictada la medida de aseguramiento por orden del fiscal 38 de la unidad de Derechos Humanos.

Así las cosas, López seguirá internado en las instalaciones del búnker de la Fiscalía a la espera de que sea trasladado a Cali (le fue concedido el beneficio de la detención domiciliaria) donde esperará los llamados del ente acusador que cuenta con 240 días calendario para avanzar en las investigaciones que involucran al exdiputado como presunto responsable del secuestro de los diputados que posteriormente fueron asesinados.

De allí que la Fiscalía le haya endilgado los delitos de homicidio, perfidia, rebelión y toma de rehenes. Eso quiere decir que cree que Sigifredo López, cuando era diputado del Valle en 2002, no solo ayudó a la guerrilla a planear su propio secuestro y el de 11 de sus compañeros de la Asamblea Departamental, sino que habría sometido a su familia y a sus dos hijos –Lucas, de 13 años, y Sergio, de 11– a la tortura de considerarlo secuestrado durante seis años y diez meses. Tal vez, ni siquiera los ‘falsos positivos’ llegarían a compararse con esta historia.

Entre las pruebas con las que cuenta la Fiscalía estarían la de algunos guerrilleros que señalan a Sigifredo como partícipe en el secuestro. Ante esto, Alfredo Montenegro, abogado del investigado, había sostenido que esos testimonios son de subversivos que, a su juicio, buscan prebendas ante la justicia.

“Recibimos con sorpresa la decisión porque esperábamos una decisión favorable a la libertad. La Fiscalía ha decidido dejarlo detenido, así sea en domicilio. Vamos a ver los argumentos de la Fiscalía para dejarlo detenido, me imagino que se refieren a la prueba testimonial”, dijo el jurista.

Lo que dice la Fiscalía

A través de un comunicado, el ente acusador precisó que los testimonios con los que se tomó la decisión fueron recogidos antes del llamado a la indagatoria de López y que otras declaraciones se tomaron con posterioridad.

“Por su exactitud, coherencia, complementariedad y claridad, la Fiscalía entiende que ofrecen credibilidad y que después de un análisis en sana crítica son suficientes para entender cumplido el requisito procesal que en este momento de la averiguación es exigido para dictar la medida de aseguramiento”, precisó el ente acusador en su misiva.

Con respecto a las comparaciones de voces sostuvo que fueron tenidos en cuenta como guía investigativa.

Sobre los delitos, la Fiscalía aclaró que el de homicidio agravado está relacionado con la muerte del agente de policía Carlos Alberto Cendalez Zúñiga.

“La Fiscalía General de la Nación considera que se cumplen cabalmente los requisitos objetivos, legales y constitucionales que exige el ordenamiento jurídico colombiano al adoptar la medida”, sostuvo el ente investigador.

Fuente: Semana