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 | El general (r) está investigado por narcotráfico
Así se aprobó en el Congreso el ascenso de Santoyo a general
Por: Diana Carolina Durán Núñez
Estos son los detalles de las posturas de los 12 senadores que definieron la suerte de la carrera del alto oficial.
Foto: Jesús Piñacué, Luis Humberto Gómez Gallo, Manuel Enrique Rosero. / Archivo
El general (r) de la Policía Mauricio Santoyo Velasco hoy está en la picota por cuenta de la acusación por narcotráfico que le formuló una corte de Estados Unidos. Hace cinco años, sin embargo, las cosas no eran tan distintas. Santoyo, quien había sido el jefe de seguridad de la Casa de Nariño durante el primer periodo de Álvaro Uribe, y aspiraba a convertirse en general, también estaba en tela de juicio por cuenta de un fallo de la Procuraduría.
En 2003 el Ministerio Público lo había destituido e inhabilitado por cinco años, tras encontrar que durante su paso como comandante del Gaula de la Policía de Medellín se habían interceptado más de 1.800 líneas telefónicas ilegalmente. En 2004 se ratificó la decisión. Hombres a su cargo falsificaron órdenes de fiscales para interceptar las líneas y Santoyo lo “consintió y aprobó”. Así lo ratificaron las pruebas técnicas y testimoniales.
El Consejo de Estado, sin embargo, echó al piso el fallo y suspendió sus efectos. Con base en esa suspensión, en 2007, Santoyo fue incluido en la lista de coroneles que podían ser llamados a hacer curso de general. En el Congreso fue su nombre el único que despertó un extenso debate, pero la mayoría de la bancada uribista consideró que la suspensión del Consejo de Estado era insuficiente para truncar el ascenso del oficial.
En la plenaria del 28 de noviembre de 2007, ocho senadores le dieron el sí al ascenso de Santoyo Velasco. Cuatro senadores se opusieron férreamente. Estos fueron los argumentos principales que expusieron para sostener tales posiciones.
1. Juan Manuel Galán (Partido Liberal, 64.449 votos en 2006)
Voto: negativo.
El senador Galán lideró la oposición al ascenso de Mauricio Santoyo. Señaló que “la primera sanción figura(ba) el 29 de marzo del 2001, cuando el coronel se desempeñaba como director del Gaula de Medellín, sancionado con una multa por los hechos relacionados con presuntas irregularidades, relacionadas en el secuestro de ciudadanos extranjeros”.
Para Galán, la destitución e inhabilidad que la Procuraduría le impuso a Santoyo era un asunto fundamental para negarle a Santoyo la posibilidad de convertirse en general de la República: “Consintió y aprobó que sus subalternos tramitarán órdenes de interceptación falsas ante (la) EPM; faltó a la verdad al suscribir oficios dirigidos a (la) EPM en los que alude autorizaciones de interceptación por parte de un fiscal, cuando en realidad eran falsas”.
El senador liberal recordó que, si bien la Fiscalía había precluido la investigación contra Santoyo, esta preclusión no anulaba su responsabilidad disciplinaria por las faltas gravísimas que había cometido siendo comandante del Gaula de la Policía en Medellín. “El reproche disciplinario persiste según la Procuraduría, por la negligencia al abandonar sus funciones a la buena fe de sus subalternos, en forma irresponsable y desmedida”.
Santoyo sí renunció a cualquier prescripción (vencimiento de términos). Pero, dijo Galán, “cuando la decisión fue desfavorable dijo que su apoderado fue el que interpuso la renuncia a la prescripción, no estaba facultado para ello. Es decir, el coronel Santoyo se retractó de la solicitud de la renuncia a la prescripción”.
Este congresista fue más a fondo en el tema del debate en el Congreso con respecto a los ascensos: “[Hay que]evitar que esto sea un acto protocolario”, indicó. “El control que hace el Senado –prosiguió– es un control democrático (…) La pregunta que debemos hacernos es si el país puede correr el riesgo de tener un general en entredicho por una sanción efectivamente impuesta por la máxima autoridad disciplinaria”.
2. Alexandra Moreno Piraquive (Partido Mira, 64.449 votos en 2006)
Voto: negativo.
“Olvidémonos de la suspensión provisional. Hay una destitución, así de sencillo. Me parece gravísimo, olvidémonos de la medida cautelar, esa medida simplemente es procedimental, y se la aprobaron al abogado defensor, pero sin ella simplemente hay una destitución; nosotros cómo vamos a hacer un ascenso”. Con esas palabras la senadora del Mira, Alexandra Moreno Piraquive, abrió su debate acerca del ascenso de Santoyo. Moreno Piraquive señaló que era necesario esperar a que la justicia diera su palabra final con respecto a la investigación contra el excomandante del Gaula en Medellín por interceptaciones ilegales.
Replicando luego a las posturas de varios de sus colegas, Moreno Piraquive agregó: “Si eso va a seguir así, señor presidente [de la comisión], ni para qué pedimos antecedentes. Más bien hagan una lista de ascensos y los aprobamos, pero para qué pedimos una cita para que nos traigan los antecedentes disciplinarios o los procesos penales, para qué seguimos en este juego”.
3. Jesús Piñacué (Alianza Social Indígena)
Voto: negativo.
El senador Piñacué destacó que el caso de las ‘chuzadas’ en el Gaula de la Policía de Medellín “se constituyen en una preocupación enorme”, teniendo en cuenta que habían sido dirigidas contra defensores de derechos humanos que “han sido asociados en buena parte como sujetos que colaboran con la causa armada ilegal”. Piñacué, además, recordó que en el Congreso se había discutido la posibilidad de legalizar interceptaciones ilegales “y nos opusimos de manera férrea porque el derecho a la intimidad es fundamental”.
En el caso de Santoyo, Piñacué mencionó ante el Congreso un antecedente gravísimo: el allanamiento en la casa de un policía de apellidos Ceballos Gómez, que había sido citado a declarar en el Congreso. “Hallaron una caja de papeles y disquetes que contenían nombres, números telefónicos y registros de las llamadas escuchadas y clasificadas; el material implicaba aún más a quienes comandaron el Gaula de la Policía, en los años de las interceptaciones, pero por un descuido de la Fiscal las pruebas desaparecieron del lugar de la inspección, nadie sabe cómo”. Lo más grave: Ceballos fue asesinado antes de presentarse a declarar.
4. Cecilia López (Partido Liberal, 32.558 votos en 2006)
Voto: negativo.
La congresista apoyó la tesis de que el aval del Congreso a los aspirantes a generales no podía ser un simple trámite administrativo: “En el fondo es un premio que la sociedad les otorga por sus servicios, es allí donde nosotros tenemos que asumir la responsabilidad política. [Nosotros tenemos que] avalar, analizar, mirar todos los elementos de si se justifica o no que la sociedad les dé este premio”.
López Montaño manifestó que no se explicaba cómo el gobierno de Álvaro Uribe había llamado a retiro a 11 generales de la Policía, “que no estaban ni siquiera vinculados” a una investigación por las interceptaciones ilegales que conllevaron a la renuncia del entonces director de la Policía, el general Jorge Daniel Castro.
“¿Por qué en el caso del coronel Santoyo ha habido mucho menos rigor del Gobierno Nacional para tomar medidas? ¿Por qué en casos donde no había una clara vinculación fueron tan drásticos?”, cuestionó la congresista.
5. Manuel Enrique Rosero (Partido de la U, 27.890 votos en 2006).
Voto: positivo.
Presentó ponencia favorable para el ascenso. Defendió al “distinguido oficial” y resaltó su paso por diferentes instancias de la Policía: “Se ha desempeñado no solamente por su profesionalismo y disciplina policial, ha tenido por esa razón innumerables reconocimientos. Su trayectoria ha sido bien importante e interesante. Fue uno de los primeros oficiales que se especializó con el tema antisecuestro”. Rosero expresó que “que quienes están al frente de [cargos importantes] son objeto de muchas tergiversaciones por parte de ciertos sectores, especialmente de algunas organizaciones no gubernamentales que generalmente no son tan afectos a estas actuaciones” y aseguró que no había motivo que impidiera al Senado darle aval a su promoción.
Sobre el fallo de la Procuraduría apuntó: “Hoy esa sanción jurídica y legalmente no existe”. Agregó que no estaba probado “que la conducta que se le endilga al coronel Santoyo esté probada; la Procuraduría nunca llegó aprobar que el Coronel Santoyo fuera el responsable de las interceptaciones telefónicas. No era de competencia del Comandante del Gaula ordenar esas interceptaciones. Aparecieron por alguien, no se supo quién las hizo, nunca se probó que fue el coronel Santoyo el que ordenó esas interceptaciones”. Resaltó que la Fiscalía, que había adelantado una investigación contra Santoyo por concierto para delinquir, falsedad documental e interceptación ilícita de comunicaciones, lo había eximido con concepto favorable por parte del representante de la Procuraduría.
Rosero rescató que Santoyo hubiera renunciado a la prescripción (al vencimiento de términos) pero, al mismo tiempo, hizo hincapié en el tema–razón principal por la cual el Consejo de Estado Anuló la decisión de la Procuraduría–: “La Procuraduría General de la Nación perdió la competencia por cuanto prescribió el tiempo para la investigación disciplinaria”.
6. Manuel Velásquez Arroyave (Partido Conservador, 41.338 votos en 2006)
Voto: positivo.
El congresista conservador apoyó a Santoyo: “Parecería que en un momento dado algunos sectores de la opinión ciudadana colombiana querrían que estos servidores públicos ni siquiera pudiesen inscribirse para optar un ascenso por concurso en carrera administrativa, porque hay todo tipo de acusaciones”.
Velásquez dio prioridad a la suspensión sobre el fallo de la Procuraduría contra Santoyo, y dijo que por esta razón el oficial no podía estar privado de “beneficios inherentes a su cargo”. Recordó que establecer ascensos a brigadier general era “una facultad libre del Gobierno Nacional”. Y señaló, además: “Nosotros nos tenemos que acoger es al procedimiento eminentemente legal, de saber si cumplen los requisitos, como sí los cumple el señor Coronel Santoyo”.
CONTINÚA.............
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