La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) podría ser refundada para “supervisar la vigencia de los derechos humanos no solamente en Latinoamérica, sino también en Estados Unidos”. A eso invitó a otros líderes de los países miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) el presidente de Bolivia, Evo Morales.

El anfitrión de la 42ª asamblea general de la Organización, inaugurada este domingo en la localidad boliviana de Cochabamba, propuso universalizar la jurisdicción de dicha comisión. Objetó a que viese el problema de los derechos humanos solo “en algunos países donde el presidente, el gobierno, no comparte las políticas del Gobierno de Estados Unidos”.

En caso de no poder conciliarse una reforma de la CIDH, “mejor que desaparezca”, dijo Morales. “Si queremos que la OEA esté al servicio de América —agregó— debe eliminarse la CIDH y eliminar la llamada escuela de las Américas”.

“O la OEA se reinventa, o la OEA desaparecerá”, avisó el titular ecuatoriano

El jefe de la diplomacia de Ecuador, Ricardo Patiño, fue incluso más categórico. “Con los Gobiernos progresistas que hay en América Latina, la OEA no puede seguir así”, sintetizó el ministro. “Está destinada a su desaparición a menos que acepte su reinvención”.

El sistema interamericano y la CIDH sufren una “degradación” también en la opinión del canciller de Venezuela, Nicolás Maduro, quien habló en nombre de los países de la Alianza Bolivariana. Citó varias pruebas de qué la Comisión se estaba transformando “en un instrumento de la política exterior del Departamento de Estado de Estados Unidos”.

A su vez, el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, admitió que el debate sobre el sistema interamericano de derechos humanos será uno de los principales temas en la agenda de la reunión. Al mismo tiempo insistió en un “prestigio bien ganado” por la CIDH desde la época de los regímenes dictatoriales. Por eso pidió a los líderes nacionales que sean cuidadosos ante una posible reforma de esta entidad.

Por parte de Estados Unidos solo se expresó “una gran preocupación” por la reforma planteada por los gobiernos sudamericanos.