La Contraloría les imputó cargos por presunto detrimento de 89 mil millones de pesos.
Según el ente de control, se cometió un presunto detrimento patrimonial de 89.139 millones de pesos por la prórroga de concesión de los canales.
En el auto 601911, de mayo del 2012, el ente de control fiscal ordena abrir juicio contra Alberto Guzmán, Zulma Casas, Ana María Vásquez, Eduardo Osorio y Rafael María Samudio Lizcano, todos de la Comisión Nacional de Televisión, y a los canales RCN y Caracol.
En las cuentas de la Contraloría, la prórroga de los contratos según lo calculó la Comisión de Televisión era de $528.734 millones, que debían pagar los canales RCN y Caracol. Sin embargo, por la supuesta entrada en vigencia del tercer canal, los montos fueron disminuidos y el valor finalmente cancelado fue de 294.872 millones de pesos.
"Omitieron su responsabilidad de cumplir a cabalidad contratos vigentes, desconociendo la existencia y efectos de la cláusula cuadragésima octava, la cual es ley para las partes, esto es, no ajustar la relación contractual a la situación real y actual de un mercado duopólico", dice el auto.
Esto es que teniendo en cuenta que la entrada en funcionamiento del tercer canal no ocurrió, no se llevó a cabo el pago correspondiente, de manera que --dice la Contraloría-- "esto conllevó a que el Estado dejara de recibir una parte relevante de la valoración del mercado de TV".
El ente de control aseguró que este valor se configura en un "daño a resarcir por los implicados", dice el auto.
En calidad terceros garantes, el ente de control vinculó a las aseguradoras Segurexpo Seguros de Crédito y Cumplimiento Bancoldex-Grupo Cesce, Chubb de Colombia Compañía de Seguros S.A. y Compañía Aseguradora de Finanzas S.A. Confianza.
"En la medida en que no se produzca la entrada en operación comercial de un tercer canal, se causarán valores adicionales que deberán ingresar al erario, derivado de la exclusividad con la cual cuentan los canales ya citados", dice el auto.
De esta manera, la Contraloría considera que desde el primero de julio del 2010, fecha en que debía entrar en funcionamiento el tercer canal, se está dejando de "cuantificar y recibir de los concesionarios recursos importantes por las prórrogas de esos contratos".
REDACCIÓN JUSTICIA- El Tiempo