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|  La paz lejana
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 | La paz lejana  Camilo González Posso
Hay expresiones de resistencia a la guerra que se han ampliado, pero todavía no tienen la masa crítica para contrarrestar el privilegio del discurso de las armas. Pensando con el deseo o con la rabia, analistas de bando a bando ven signos de proximidad de diálogos de paz o virajes importantes en las estrategias de guerra que han primado durante toda la década. Desafortunadamente son solo ilusiones o lecturas interesadas de algunas señales en el panorama político o militar. La realidad es que la paz sigue esquiva y lejana, y este país sigue marcado por la violencia y las condiciones que imponen los guerreros.
Varios hechos significativos han impactado a los colombianos en estos días: en la coalición de gobierno es cada vez más estridente la oposición del uribismo al gobierno que acusan de ablandamiento. El uribismo se declara en rebeldía ante cambios en la política de gobierno que simbolizan en la aceptación oficial de la existencia en el país de un conflicto armado, en el giro diplomático con los países vecinos, la aprobación de la ley de víctimas y restitución de tierras y el anuncio de una ley de desarrollo rural con algunas medidas de regulación al latifundio. Lo que para la mayoría de la Unidad Nacional, ubicada en el centro derecha, son acomodos ante cambios en las circunstancias sin alterar las estrategias de fondo, para la extrema derecha son traiciones.
Entre tanto, estructuras terroristas inauguran modalidades de operación en las ciudades, como se constató con el atentado al exministro Londoño. Desde el estamento militar se levantan voces de condena al gobierno y a la renovación de los mandos afines a la anterior administración. Los más extremistas entre los militares retirados, afortunadamente minoritarios, llegan a llamar a una rebelión para deponer al Presidente y convocar a elecciones en seis meses. Se asiste a un reagrupamiento político desde regiones que fueron pioneras en la ofensiva paramilitar y contrainsurgente desde finales de los 90.
Como parte de esta realidad que tiende a polarizarse, en los primeros meses de 2012 hemos registrado un escalamiento de la violencia con incremento de iniciativas bélicas de las fuerzas armadas y también de la guerrilla y de los neoparamilitares o narcoparas. La tendencia de desactivación de las confrontaciones y debilitamiento de la guerrilla llegó a su punto más bajo en 2009, y desde entonces vuelve a recrudecerse la confrontación y sus impactos atroces en contra de la población. Las Farc le apuestan de nuevo a hacer más cruda la guerra como supuesto camino para llegar a una mesa de negociación y preparan plataformas políticas para un futuro aterrizaje en la "nueva Colombia". En concreto, Colombia retoma la trágica curva de la guerra de baja intensidad sin signos del desenlace final que anunció Uribe Vélez.
La política de seguridad democrática que le dio triunfos a la anterior administración en muchos aspectos fracasó en su objetivo central de derrotar a la guerrilla y llegar al fin del fin. La estrategia llegó a su límite, y los costos humanitarios e institucionales de mantenerla se tornaron insostenibles en los contextos nacional e internacional. La administración Santos ha pretendido aplicar en forma más efectiva la doctrina de acción integral, incorporando dimensiones sociales y económicas y dándole prioridad a la estabilización de las inversiones y locomotoras del crecimiento, pero ha chocado cada vez más con los partidarios de mantener las fórmulas del uribismo simbolizadas en los tres huevos del expresidente: seguridad, inversión y control social.
El trámite de la reforma constitucional que abre posibilidades a leyes que regulen beneficios penales en caso de acuerdos de paz para la desmovilización de las guerrillas ha sido ocasión para que se muestre la intransigencia de sectores poderosos que solo aceptan una estrategia de sometimiento militar y judicial como camino hacia la paz. Ese proyecto de reforma, anunciado para la paz, que comenzó con interesantes propuestas para superar obstáculos penales en aras de la transición al posconflicto, ha sufrido ya tantos cambios que se está tornando en instrumento solo para agilizar algunos procesos de "justicia y paz", facilitar desmovilizaciones individuales y menores sanciones a militares, parapolíticos y exparamilitares. No obstante el pronóstico reservado, falta la última ronda en el Senado para ver si esa reforma sirve realmente como marco legal del fin de las confrontaciones armadas.
En medio de esta dinámica de tensiones crecientes y de privilegio a lo militar, hay por supuesto fuerzas favorables a la paz. Esas fuerzas de paz atraviesan todo el espectro social y político y se afirman en especial entre la juventud. Hay expresiones de lucha social y de resistencia a la guerra que se han ampliado en muchos escenarios, pero todavía no tienen la masa crítica como para contrarrestar la inercia de décadas de privilegio al discurso de las armas y el autoritarismo. Las grandes pruebas por venir dependen mucho de estas expresiones sociales y ciudadanas en contra de la guerra y sus horrores, pero los tiempos corren implacables hacia una coyuntura en la cual, en lugar de una confrontación entre fuerzas sociales por definir los caminos más expeditos para la paz, se puede imponer la polarización entre fórmulas para la victoria de la guerra. La realidad es que en Colombia nos espera un año crucial para llegar a otro cruce de caminos. FUENTE: eltiempo.com
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