La abogada del Centro de Estudios de Derechos de Justicia y Sociedad (DeJusticia),Luz María Sánchez, calificó como "trascendental" la decisión de la Corte Constitucional de avalar la adopción individual del periodista homosexual Chandler Birr de dos menores de edad.
Según la investigadora, el fallo el alto tribunal deja en firme que la orientación sexual no puede ser un argumento válido para negar la adopción de ninguna persona en Colombia, puesto que su estudio no podía estar sujeto a prejuicios de ningún tipo.
“Con esta decisión la Corte dio un aval para la adopción individual por parte de personas homosexuales solteras, en el que se determinó la nulidad de todas las determinaciones que sobre el particular hubiera podido haber tomado el ICBF”, explicó la abogada.
En este sentido consideró que los organismos colombianos deben vigilar la protección de los derechos de las minorías en Colombia, principalmente las comunidades homosexuales, que han recibido un trato discriminatorio pese a las sentencias que se han proferido como los del acceso a la salud y la pensión de sobrevivientes.
Para Sánchez, entidades como la Procuraduría General y el Instituto de Bienestar Familiar, entre otros, afectan con sus decisiones y posiciones el cumplimiento de estos fallos poniendo ciertas trabas, como se pudo ver en el caso de Chandler Birr, manifestando incluso que se le debía abrir un proceso penal en contra del estadounidense puesto que había mentido en los formularios que se le pidieron para hacer el proceso de adopción.
Ante esto consideró que la Procuraduría General jugó un papel en contra de la posibilidad de que se diera la adopción en el caso de personas homosexuales solteras instando a sus funcionarios para que adelantaran investigaciones penales para establecer si se habían concedido otras adopciones a personas homosexuales al considerar que estarían incurriendo en un delito.
Para la investigadora todo esto se debe a la posición ultraconservadora que ha tenido el procurador General, Alejandro Ordóñez en sus tres años al frente del Ministerio Público.
“Es claro que la Procuraduría intenta hacer una cacería de brujas, por la posición conservadora del Procurador General quien ha utilizado la institución para obstaculizar el progreso en el caso de las minorías sexuales”, precisó.
Este tipo de actuaciones, junto a los prejuicios de carácter cultural y religioso fuertemente arraigados en Colombia han dificultado la completa y normal ejecución de este tipo de fallos judiciales, “los cuales, lastimosamente no son bien vistos con un sector de la opinión pública. Sin embargo, en los últimos años hemos visto que crece una generación que han sido educadas para el respeto por la Constitución Política”.