En realidad no es una ley sino una reforma constitucional y lo que se hace es adicionar un artículo transitorio a la Constitución y faltan aún dos debates a realizarse en la próxima legislatura y luego su examen en la Corte Constitucional para que sea una realidad. A partir de allí, por medio de una Ley estatutaria se reglamentará su aplicación. Es decir, aún falta mucha tela para cortar entre ellos las posibles funciones judiciales que tendría el poder legislativo, que es una de las críticas que se le hacen.

La norma constitucional da el marco general y luego la ley estatutaria es la que reglamentará el asunto y supongo que llegado el momento, que será en 2013, se dará un amplio debate para que no se presenten esos vacíos. Ahora, en un proceso de paz, como sucedió en El Salvador, por ejemplo, quienes no estén incursos en delitos de lesa humanidad y hayan pagado sus demás delitos, tienen derecho a ocupar cargos públicos y con esto se cumpliría uno de los objetivos del proceso de paz que es su reinserción social.

En El Salvador, el actual presidente Funes, fue un dirigente del FMLN y en nuestro país, el proceso de paz con el M-19 desembocó en la participación de sus dirigentes en la Constituyente y en cargos públicos. Recuérdese que uno de los tres presidentes de la Constituyente fue Navarro Wolf que después sería alcalde de Pasto y Gobernador de Nariño, y el actual alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, igual perteneció a este grupo guerrillero.

Es obvio que si se realiza un proceso de paz con las Farc, es posible que algunos de sus dirigentes accedan a cargos de elección popular, por ejemplo. Ya le queda al pueblo colombiano la potestad de decidir si los quiere allí o no y no podemos pensar y decidir por todos.

También esta el ELN, y es cierto que las Bacrim estarían excluidas de estos eventuales procesos de paz

En los procesos de paz, y esta es la experiencia universal, se procesa a los dirigentes y a los autores materiales de delitos atroces. Los demás, los combatientes rasos, no son procesados. Es imposible armar diez o quince mil procesos judiciales. Podría tomar cerca de un siglo llevarlos a cabo.

Hay que deslindar las informaciones de prensa de lo que en verdad existe en el proceso. Si un juez desobedece una orden de captura está cometiendo prevaricato y puede ir a la cárcel. Es posible que los que quedaron en libertad no tuvieran requerimientos judiciales o no existieran las pruebas suficientes para procesarlois, porque una cosa es decir que son delincuentes y otra cosa demostrarlo dentro de un proceso judicial con pruebas sólidas.

Una cosa es denunciar ante la comunidad internacional los delitos de lesa humanidad cometidos por la guerrilla y otra bien diferente iniciar un proceso en la Corte Penal Internacional. Hay que recordar que esta justicia es residual, es decir, obra en el evento de que la justicia del país donde se cometió el crimen no pueda o quiera procesar al delincuente. También hay que aclarar que a esa instancia judicial se llevaría a los dirigentes y no a los guerrilleros rasos. En el caso de Colombia, contra todos ellos hay procesos judiciales y se les han proferido condenas y órdenes de captura.

No, eso no es cierto. Aplica tanto para fuerzas regulares como para fuerzas irregulares. Lo que nunca pudo entender el ex presidente Uribe es que una cosa es el reconocimiento de que hay un conflicto interno, es decir que hay uno o varios grupos armados alzados en armas contra el Estado que fue lo que proclamó el Presidente Santos, y otra bien diferente es el estatus de beligerancia que se da cuando un grupo armado controla una porción de territorio no sólo militarmente, sino políticamente, es decir ejerce soberanía así sea precaria, imponiendo leyes y su propio ******o de justicia. En estos momentos los grupos subversivos no cumplen con estas condiciones y por ello la comunidad internacional no puede intervenir directamente como árbitro en este escenario propio de una guerra civil.

Ese escenario es muy difícil que se dé. Esto significaría que el Estado colombiano no pudo o no quiso procesarlos y por ello debe intervenir la CPI. Esto se da generalmente en los Estados fallidos, en los que las instituciones son muy débiles o han dejado de existir como sucedió en el conflicto en los Balcanes o en algunas naciones africanas. este no es el caso de Colombia.

Estos crímenes fueron tipificados en los Convenios de Ginebra al finalizar la II Guerra Mundial y como no existía un organismo permanente de justicia penal, a la ONU le tocó en varios conflictos crear tribunales especiales como el de la Antigua Yugoslavia. Pero ahora, con la creación de la CPI, es la competente para conocer de estos crímenes.

Una cosa es la retroactividad que tiene que ver a partir de cuando es competente la CPI para juzgar las violaciones a los Convenios de Ginebra, y ya depende de cada conflicto y de las conductas mismas, así como de las salvaguardas que hayan puesto los diferentes países para la vigencia del Estatuto de Roma. Otra diferente es la prescripción que se impulsó desde los procesos de Nuremberg que se refiere a que estos delitos permanecen vigentes, en cualquier momento se pueden juzgar, sin importar cuánto tiempo haya pasado, por tratarse de delitos en los que se afecta a toda la humanidad