Un análisis de Cecilia López Montaño pone el dedo en la llaga por el olvido del archipiélago.
Al observar las regiones del país que logran atención inmediata del Gobierno central, es evidente que son aquellas que tienen serios problemas de orden público o de seguridad en general.
El Chocó finalmente ha logrado que se envíe un batallón del Ejército para enfrentar el paro al que se ha visto sometida la ciudadanía por varias semanas.
El Cauca, azotado por las Farc, recibe permanentemente visita de autoridades nacionales que buscan, hasta ahora sin mucho éxito, ayudar a este departamento a defenderse de los ataques permanentes de la guerrilla.
Pero en este país tan desigual hay otros departamentos que vienen en un proceso de deterioro, que han estado sometidos a políticas nacionales sin el suficiente reconocimiento de sus especificidades, y que se ven abocados a las crisis, sin la comprensión ni el apoyo necesario por parte del Gobierno Nacional.
Este es el caso de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, el único departamento archipiélago del país, demasiado lejos de Colombia pero demasiado cerca de Nicaragua, país con el que todavía existe un tema pendiente en la Corte Internacional de La Haya.
Se declara puerto libre
Para lograr dimensionar su situación actual, es necesario hacer un poco de historia.
En los últimos sesenta años San Andrés ha sufrido dos grandes choques, por decisiones de orden nacional, que no fueron suficientemente previstos, ni posteriormente evaluados, y menos aún resueltos.
Probablemente con la mejor intención, en 1953 se declara San Andrés como Puerto Libre, para la entrada de productos sin aranceles. De inmediato se empieza a generar un intenso proceso de inmigración a la isla que cambia su dinámica demográfica, su composición étnica y su estructura productiva.
La población raizal venía creciendo a una tasa anual del 1,6 por ciento y, como se observa en el gráfico, entre 1953 y 1993 el aumento de la población alcanza promedios del 6,5 por ciento anual a raíz del intenso proceso de inmigración compuesta por continentales, árabes y judíos, que identifican las grandes posibilidades económicas que se abren en esta isla, cuando la economía colombiana estaba cerrada.
Sin este proceso migratorio, probablemente la población raizal seguiría creciendo a un bajo ritmo y hoy sería muy inferior a la actual: 15.000 o 25.000 personas frente a los cerca de 75.000 habitantes de hoy, según el Dane.
De acuerdo con esta información, se marginó a la población raizal de las principales actividades -comercio y turismo- que empezaron a desarrollar con éxito los nuevos pobladores. Pero en 1990 se produce el segundo shock en la economía y en la vida de las islas, constituidas ahora como un nuevo departamento.
Se declara por parte del gobierno del presidente César Gaviria la apertura económica en el país, se empieza el proceso de desmonte de los aranceles, lo cual le quita a San Andrés su ventaja competitiva.
Es interesante anotar, como lo hace la información del Dane, que para 1993, en los tres sectores más importantes: construcción, comercio, hotelería y restaurantes, los raizales solo participaron con el 13,7 por ciento de todos los empleos y su ocupación se limitaba a cargos de baja remuneración.
Como es obvio, se desacelera la inmigración y se deteriora la vida de sus habitantes, lo que se refleja en que hoy el 56,3 por ciento es muy pobre o pobre; sus clases medias son básicamente estrato 3, más del 30 por ciento, y los ricos son el 5 por ciento, fundamentalmente estrato 5.
Aunque la tasa de desempleo es muy baja, 7 por ciento, es la informalidad la que vive al lado del 30 por ciento que trabaja todavía en el comercio y hoteles.
Pero lo que no se dice es que su economía viene en picada y que estas actividades están decreciendo rápidamente en los últimos años.
En síntesis, no hay un patrón de crecimiento. Los habitantes de San Andrés solo tienen realmente un servicio público, que es energía, altamente subsidiada, pero con una cobertura de más del 98 por ciento, mientras agua y alcantarillado solo le llegan esporádicamente al 30 por ciento de la población y su suministro depende altamente de la energía.
Sin infraestructura, pero con narcos
Su infraestructura, cuando existe, como el nuevo hospital, no tiene dotación ni administración adecuada; con excepción de la vía peatonal en la playa, no hay muchos indicios de modernización. Se agota su actividad comercial, sus hoteles no son para turismo sofisticado, su sistema de salud es precario y parece una isla abandonada por el Gobierno central.
Hay indigencia, violencia, narcotráfico y motos y más motos.
La combinación de la belleza de su mar con el deterioro que se observa plantea que esta crisis silenciosa es muy grave, no solo por lo que sufren sus habitantes, especialmente los raizales, sino porque Colombia está perdiendo la gran oportunidad de tener el mejor desarrollo turístico de alto nivel en el Caribe.
Una chispa, la eliminación de los subsidios de las tarifas de energía, está despertando y uniendo a la comunidad.
Llegó el momento de que Bogotá conozca realmente lo que sucede en este departamento y desarrolle una gran estrategia de reconversión turística, su vocación natural, valore su calidad de reserva mundial de la biosfera, explore nuevas fuentes de energía e impulse de nuevo la pequeña agricultura y la pesca.
Es la gran oportunidad para que Colombia empiece a pagarle la deuda que los continentales tienen con este archipiélago y particularmente con su población empobrecida.