Encrucijada ética para el alcalde de Medellín
Por: Aldo Cívico
Desde que empecé, hace unos 10 años, mi pesquisa etnográfica en Medellín sobre el paramilitarismo, he observado ciertas analogías con el fenómeno de la mafia en mi país de origen, Italia.
La reciente medida de aseguramiento en contra de Guillermo Gaviria Echeverry, un importante bananero en Urabá y padre del actual alcalde de Medellín, me trajo a la mente aquellas analogías.
En Medellín muy pronto me di cuenta de que la raíz del problema no está en los barrios marginales, donde se manifiesta la violencia, sino en los espacios donde se manejan turbias alianzas y se garantiza la impunidad.
No es el narcotráfico, sino la alianza del crimen organizado con poderes políticos y económicos lo que constituye la esencia de la mafia. En Italia definimos esta alianza con el término intreccio, es decir ‘trama’, para indicar no solamente la reciprocidad entre la ‘Cosa Nostra’ y la institucionalidad, sino también la amplia zona gris en la cual es imposible distinguir dónde termina la Mafia y dónde comienza la institucionalidad. Giovanni Falcone, el fiscal asesinado en Palermo en 1992, habló de la trama mafiosa como de “conexiones secretas y alarmantes” y de “compenetraciones orgánicas”.
En las compenetraciones y conexiones del crimen organizado con la economía y la política está también asentada la naturaleza del paramilitarismo como poder mafioso. El caso de la Convivir Papagayo, que operó con los grupos paramilitares en Urabá y por la cual fue condenada en Estados Unidos la Chiquita Brown, es solamente uno de los ejemplos que, al igual que las declaraciones de Raúl Hasbún Mendoza, quien proporcionó a la Fiscalía una lista de 240 bananeros, 400 ganaderos y 4.200 comerciantes, abrieron el capítulo de la ‘paraeconomía’.
Pero la complicidad de los bananeros con los paramilitares, que desarraigó a miles y miles de campesinos de su tierra, causó decenas de masacres y miles de muertos, no puede ser sólo un asunto de los tribunales. Hechos históricos y etnográficos ponen estas mismas compenetraciones criminales como un asunto de ética pública. De hecho, el terror en Urabá no hubiera sido posible sin las complicidades, los silencios y las justificaciones de una parte de la clase dirigente de Antioquia.
Y la cuestión ética tendría que despertar el debate sobre la conveniencia para un político, de quienes tanto el padre como un asesor cercano y antiguo están acusados de conexiones con los paramilitares, de seguir ocupando un cargo público.
Hace algunos meses viajé con Leoluca Orlando, exalcalde antimafia de Palermo, a Monterrey, México. Llegamos cuando el hermano del alcalde fue acusado de complicidad en el atentado a una discoteca que le costó la vida a más de diez personas. Con respecto a este episodio, Orlando declaró a la prensa: “Yo sé solamente que un alcalde que tiene una familia con relaciones con los criminales no es digno de ser el alcalde de una ciudad. No puede representar a la comunidad en la lucha contra la mafia. No se trata de justicia, se trata de ética”. Conociéndolo bien, no tengo duda que Leoluca Orlando, impulsor de una cultura de la legalidad, repetiría hoy lo mismo frente al caso del alcalde de Medellín.
Twitter: @acivico
Fuente El Espectador