Contratos blindados
Desde luego, una vez la justicia comenzó a rastrear las actividades legales de Darío Laíno Scopetta, lo primero que les llamó la atención fue su empresa Blinco —creada en el año 2000— y descubrieron que se hizo a multimillonarios contratos en la Costa. Por ejemplo, uno con la Gobernación del Cesar en el año 2005, cuando al departamento lo gobernaba Hernando Molina Araújo, ya condenado por sus vínculos con los ‘paras’. El contrato estipulaba el mantenimiento de la Toyota tipo burbuja asignada a su despacho. La justicia siguió indagando, pero a pesar de tener un prontuario tan abultado, en Bogotá siguió pasando de agache.
El Espectador conoció que en diciembre pasado la Embajada de Estados Unidos en Colombia indagó en la Fiscalía por el nombre de Darío Laíno Scopetta. Y lo hizo básicamente porque en ese momento se había abierto una licitación para proveer camionetas blindadas y Blinco intentó participar en ella. Así lo confirmó este diario con fuentes de entera credibilidad de la Fiscalía. Dicho de otro modo, el nuevo capo de las bacrim intentó tener negocios con el gobierno estadounidense. No obstante, alertados por la información que reposaba en Justicia y Paz, su nombre fue descartado.
Su historia está íntimamente ligada con la siniestra modalidad que se inventó Jorge 40 de los llamados distritos electorales, una suerte de repartición de los municipios de Cesar y Magdalena para que los dirigentes políticos que representaran los intereses de las autodefensas salieran elegidos sí o sí, garantizando sus votaciones. Nueve meses después de su desmovilización, el 19 de diciembre de 2006, el Ejército allanó la finca Nueva Roma en San Ángel, Magdalena, una de las retaguardias del Bloque Norte. Allí fueron detenidos la alcaldesa de Algarrobo, Nazly Zambrano, y Darío Laíno Scopetta. Entre los documentos se descubrió un acuerdo político firmado en el año 2002 por aspirantes al Congreso, con diputados y alcaldes de la región: el llamado Pacto de Magdalena. Allí salieron a relucir los nombres de Dieb Maloof, Jorge Castro, José Gamarra Sierra —todos condenados—, y otros más. Lo curioso es que Laíno estuvo poco tiempo detenido y no fue indagado por sus nexos con la clase dirigente que corrompió junto con Jorge 40. En junio de 2008, un juzgado de Santa Marta lo dejó libre. Su nombre, aunque seguía apareciendo en las versiones libres de desmovilizados, apenas hace algunos meses empezó realmente a preocupar a las autoridades. Los organismos de inteligencia lo tienen catalogado no sólo como el heredero de Jorge 40, sino como el hombre que hoy encarna una verdadera amenaza para el Estado por sus alianzas. Sin embargo, cuando El Espectador intentó documentar sus antecedentes y requerimientos judiciales se encontró con que hay una investigación en una fiscalía de Santa Marta por sus pasos en las autodefensas. Muy poco, se diría, para uno de los personajes del que se dice que ya trabó alianzas con Daniel El Loco Barrera. Con otra particularidad: se investiga si de su séquito de hombres armados salió la orden de asesinar al ganadero Fernando Cepeda Vargas, crimen por el cual está procesada la rectora de la Universidad Autónoma de Barranquilla, Silvia Gette Ponce. Es decir, con él se abren nuevos frentes de violencia que hoy documentan las autoridades. Su historia es el epílogo repetido de cientos de empresarios y ganaderos que terminaron tentados por el mundo ilegal y el patrocinio del paramilitarismo. Un frente apenas explorado por la justicia en lo que se ha denominado la ‘paraeconomía’. En síntesis, todas las fuentes consultadas por El Espectador coinciden en afirmar que Laíno Scopetta ha sido el cerebro del rearme de los desmovilizados de las autodefensas. Tanto temor infunde que muchos ni siquieran han podido rehusarse a su oferta. El Pacto del Magdalena
Cuando en diciembre del año 2006, un comando del Gaula del Ejército llegó a la finca Nueva Roma en Magdalena, con la intención de acabar la retaguardia paramilitar que quedó tras la desmovilización del Bloque Norte, tres escoltas de Darío Laíno Scopetta abrieron fuego contra los uniformados, pero resultaron muertos en el cruce de disparos. Al formalizar las capturas las autoridades se dieron cuenta de que Laíno tenía un computador portátil con algunos documentos que resumían cómo se había pactado un acuerdo político en el año 2002, firmado por varios candidatos al Congreso y otros dirigentes para repartirse electoralmente el departamento de Magdalena.
Ese día cayeron detenidos la alcaldesa de Algarrobo Nazly Zambrano y Darío Laíno, pero el 27 de junio de 2008 el juez especializado de Santa Marta, Flavio Rojas, absolvió por duda a Darío Laíno y le devolvió la libertad.
En el radar de las autoridades
De los testimonios entregados por desmovilizados del Bloque Norte de las autodefensas, a la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía, se desprende que las actividades ilegales de Darío Laíno Scopetta datan de hace casi 15 años. La Fiscalía busca rastrear los expedientes en los que ha resultado nombrado el hoy llamado jefe de ‘Los Rastrojos’ en Atlántico y Magdalena, una obsesión de las autoridades que pretenden detener la maquinaria criminal de Laíno y sus hombres, la mayoría de ellos excombatientes de las autodefensas que volvieron a sus andanzas.
De hecho, organismos de inteligencia sostienen que ha sido Laíno el gran heredero de Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40 y que a través de las firmas que constituyó legalmente, en sus tiempos de próspero empresario, terminaron colándose los dineros de las mafias paramilitares. Desde hace un tiempo ya el nombre del ganadero figura entre las listas de objetivos de la Fuerza Pública.