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¿Cuándo se jodió todo?
Betty Tapiero estaba un día de febrero de 2003 limpiando el sótano de la Empresa de Teléfonos de Bogotá. De repente intentó correr un tubo de hierro para barrer bajo él, con tan mala suerte que el tubo la jaló y Betty quedó cabeza abajo, atrapada y abrazada al gigantesco objeto. Duró media hora inmóvil antes de que alguien la rescatara. Desde entonces tiene dos hernias discales, a las que se sumaron varios padecimientos, que incluyen túnel carpiano (en las manos y muñecas) y lesión en el mango rotador.
Pese a estos antecedentes, Betty asegura que los primeros años en la empresa de los Torrado fueron “magníficos”. “Don Efraín —asegura— velaba por todos”. Hasta que le dio por lanzarse al Senado para las elecciones de 2006. Y todo cambió:
“Cuando le dio por la política, don Efraín cedió los contratos a nuevos gerentes y la empresa se dañó por completo. El manejo de los supervisores con nosotros se volvió grotesco. No nos permitían salir a citas médicas, a veces ni a desayunar ni a tomarnos un tinto en los sitios de trabajo”.
Pero lo más llamativo —y esto lo corroboran muchas de sus compañeras— es que la nueva gerencia, a cargo de René Torrado, sobrino de “don Efraín”, comenzó a pedirles un esfuerzo extra en tiempos de elecciones. “Nos hicieron reuniones donde nos decían que teníamos que traer mínimo 10 ó 20 votos y si no, nos quedábamos sin trabajo. Y cumplieron: echaron gente por no haber traído votos”.
Efraín Torrado salió elegido en 2006 al Senado y fue reelegido en 2010. Su hermano Édgar fue elegido concejal en 2007. René Torrado, hoy gerente de Internacional de Negocios, niega que se obligara a las aseadoras a conseguir votos para las campañas de sus parientes y otros miembros del Partido de la U: “Yo fui muy claro, siempre se les pidió colaboración voluntaria”.
En tiempos del ‘carrusel’
En noviembre del año pasado, las cerca de 800 mujeres vinculadas a Internacional de Negocios que prestaban servicios de aseo para la Secretaría de Educación en colegios de Usme, Ciudad Bolívar y Sumapaz, dejaron de recibir su salario. También percibieron atrasos en los pagos de salud y riesgos profesionales, asunto grave para mujeres enfermas o embarazadas, protagonistas de esta historia, incluyendo a Gloria Toro, quien en abril de 2011 sufrió un derrame cerebral que la dejó incapacitada durante meses y luego —en circunstancias que siguen sin esclarecerse— se quitó la vida.
Los atrasos en los pagos tienen dos explicaciones, dependiendo de quien cuente la historia. Según René Torrado, la empresa entró en crisis luego de que el hoy alcalde Gustavo Petro publicara su ya célebre Informe de la Comisión de Seguimiento a la Contratación de Bogotá. En el informe, difundido el 5 de noviembre de 2010, Petro, el concejal Carlos Vicente de Roux y otros investigadores denunciaron varias irregularidades, entre ellas un “desmesurado crecimiento” en el volumen de contratos obtenidos por las empresas de la familia Torrado entre la administración de Lucho Garzón y la de Samuel Moreno.
“Nosotros llevábamos doce años contratando con el Distrito y sólo cuando nos vincularon con el carrusel de la contratación los bancos se preocuparon, nos recogieron $8.000 millones, se nos presentó un problema de caja y nos generó todos estos problemas”, asegura Torrado.
Pero el “problema de caja” también tiene otras explicaciones. La secretaria de Integración Social, Consuelo Ahumada, le explicó a este diario hace dos meses que había identificado la forma en la que Internacional de Negocios “iba y conseguía un contrato en algún lado y con eso cubrían lo que debían en el otro”, refiriéndose a los contratos de aseo con esta Secretaría, cuyo número de aseadoras era alrededor de mil y fueron también cedidos este año.
Noventa y pico mujeres
El viernes pasado, a las 4:00 de la tarde, la Secretaría de Educación sancionó con $260 millones a Internacional de Negocios, una decisión que incluso afecta su capacidad de contratar públicamente en el futuro.
Dos meses antes, la Secretaría, a cargo de Óscar Sánchez, permitió la cesión de los contratos de Usme, Ciudad Bolívar y Sumapaz a otros dos operadores: Mr. Clean y Clean Depot (que tienen a cargo otras zonas de la ciudad). Los nuevos operadores aceptaron recibir a unas 300 antiguas empleadas de Internacional. Sin embargo, después de lo que muchos catalogan como “dificilísimas” negociaciones, los nuevos operadores se negaron a contratar a unas 95 mujeres, enfermas o embarazadas, que quedaron en un limbo trágico e incierto.
“Nos dijeron que éramos un chicharrón”, dice María Eloína Campos, de 44 años. Una mujer de tonos suaves y dulzura natural, que tiene las muñecas y los hombros enfermos, luego de siete años de trabajo con Internacional de Negocios.
María Eloína era amiga de Gloria Toro y asegura que ella se quitó la vida por “la falta de plata”. La empresa, por su lado, asegura haber quedado al día con los pagos de Toro una semana antes de su muerte.
Cuando habla de su amiga, María Eloína tiembla. También lo hace cuando dice que no aceptará los tres millones de pesos que le ofrece la empresa, pues ésta le adeuda tres años de liquidaciones, que superan esa cifra.
María Eloína, como Lady, como Edilma, como Betty, no tiene médico, no tiene plata, está sola, está jodida. Sentada en la mesa de madera de Lady, donde se desarrolla la entrevista, María Eloína sólo atina a murmurar:
—Yo siempre digo que Mamita María nos va a ayudar.
Y Lady, con su panza de seis meses, con su mirada llorosa, se para detrás suyo, le pone las manos en los hombros y exclama como evocando un conjuro:
—Siga diciendo eso, Eloína. Cada vez que lo dice, las cosas se nos cumplen...
Racha de embargos a los Torrado
Luego de haber firmado contratos por más de $50 mil millones y haber contado con una planta de personal de más de 4 mil aseadoras, los bancos le congelaron el año pasado más de $8 mil millones a la empresa Internacional de Negocios, perteneciente al Grupo Torrado.
Sumado a eso, El Espectador conoció que en febrero y marzo de este año dos juzgados del circuito decretaron embargos a dos cuentas de la empresa, por $70 y $72 millones, por incumplimiento de los contratos firmados con el Distrito.
A eso se suma una sanción por incumplimiento impuesta por la Secretaría de Educación, que asciende a $260 millones. La empresa, según confirmó su gerente, René Torrado, apelará la sanción.
“No las obligamos a conseguir votos”: René Torrado
Varias de las empleadas de Internacional de Negocios aseguran que en la empresa las habrían presionado para conseguir 20 votos por cabeza para apoyar las candidaturas al Senado y al Concejo de Efraín y Édgar Torrado, respectivamente.
La respuesta que René Torrado, representante legal de la empresa, le dio a este diario fue que “les pedimos colaboración voluntaria, pero en ningún momento les dimos órdenes”.
Sin embargo, El Espectador conoció las listas de los votantes que, según aseguran las aseadoras, tenían que presentar para conservar su empleo.
Durante las elecciones para el Concejo de 2007, en las que Édgar Torrado resultó favorecido, la mayoría de los votos provinieron de Ciudad Bolívar, una de las zonas en donde los Torrado prestaron hasta febrero los servicios de aseo.
La empresa llegó a tener 4 mil aseadoras.
Efraín Torrado llegó al Senado en 2006 con 41 mil votos.
'Tercerización, la gran culpable'
En relación con la difícil situación que hoy viven las empleadas de Internacional de Negocios, que no fueron reintegradas durante la cesión de los dos contratos que tenían con la Secretaría de Educación de Bogotá, el titular de ésta, Óscar Sánchez, aseguró que su padecimiento es el resultado del modelo de tercerización que se viene implementando en el país en los últimos 15 años y que “se mantuvo e incluso se profundizó en Bogotá durante los gobiernos del Polo Democrático”.
Para Sánchez, es paradójico que un gobierno de izquierda haya avalado un modelo “deshumanizado que genera mayor inequidad en la ciudad y sólo favorece a los empresarios”.
Actualmente, bajo este esquema de trabajo, cerca de 4 mil aseadoras y 4.500 vigilantes prestan sus servicios en los colegios de Bogotá.
“El modelo está en decadencia, tenemos que hacer algo más transparente, más incluyente y que contribuya al fortalecimiento de la economía popular”, asegura el funcionario.
elespectador.com

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