Proyecto de ley busca que no se retengan diplomas ni notas a estudiantes que deban pensiones.
Los colegios no podrían retener títulos a los estudiantes que tengan deudas por pensiones u otros conceptos, cuando demuestren una causa justa para dichos atrasos.
Así lo contempla un proyecto de ley, cuya autora es la senadora Nora García Burgos, que en breve será sometido a su primer debate en la comisión sexta del Senado de la República.
La iniciativa, que propone sanciones de 50 a 100 salarios mínimos para los colegios que violen la norma, da prevalencia al derecho de la educación sobre los derechos económicos de las instituciones educativas.
El texto contempla que el estudiante o sus padres acrediten "las justas causas que imposibilitan el pago de sus obligaciones" y demuestren que han llevado a cabo las gestiones necesarias para ponerse al día con el plantel.
Sin embargo, los colegios privados se oponen a la iniciativa, pues no solo consideran que promueve la permisividad de la cartera morosa, sino que se afectarían los pagos que los planteles hacen por concepto de salarios y servicios.
"Esto es gravísimo, porque hoy en día cualquiera se declara insolvente vía extrajuicio, así no lo esté... Los colegios vamos a tener que tomar otras medidas", afirma Martha Yaneth Castillo, presidenta de la Confederación de Educación Privada.
Pero, la autora del proyecto afirma que la iniciativa busca defender el derecho fundamental a la educación y que en ningún momento pretende la cultura del no pago.
Castillo agrega que un padre de familia de un colegio del noroccidente de Bogotá interpuso hace poco una tutela para que su hijo pudiera seguir estudiando tras adeudar pensiones del 2011 y del 2012. "El señor manifestó que estaba desempleado. El rector del colegio le ofreció trabajo y se negó a aceptar el puesto. Sigue endeudado y no quiere hacer acuerdos de pago, pero el juez patrocina esto", dice Castillo.
La senadora García sostiene que el objetivo es que ningún joven se quede sin su título por falta de pago.
"Queremos invitar a las instituciones a que busquen soluciones y acuerden formas de pago", afirma García, y recalca que este proyecto no busca desconocer la exigencia que deben hacer los centros educativos para el pago de las pensiones, sino que la retención de títulos o diplomas es una forma coactiva e injustificada de obtener el pago.
Este proyecto, que reforma la ley 115 de 1994 o Ley General de Educación, y cuyo ponente en la comisión será el senador Jorge Pedraza, contempla que el otorgamiento de los títulos, sea de bachiller o universitario, esté sujeto única y exclusivamente al cumplimiento de requisitos académicos establecidos por la institución.
Este tipo de casos se observan particularmente en los colegios privados. "Para los bachilleres es muy delicado, porque no pueden sacar su libreta militar ni graduarse... Hemos visto que se presentan numerosos casos y que los padres están acudiendo a las tutelas para exigir el derecho a la educación de sus hijos", afirma el abogado Dagoberto Ospina Ospina, asesor jurídico de la senadora García y experto en jurisprudencia relacionada con la educación.
De hecho, en los últimos 10 años la Corte Constitucional ha fallado positivamente al menos cinco sentencias de tutela relacionadas con la retención de títulos, diplomas y certificados de notas por parte de colegios privados, que amparan el derecho a la educación.
Algunas consideraciones de los magistrados ponentes apuntan a que dicha retención es una medida de presión inconstitucional y que las instituciones educativas tienen otra serie de mecanismos judiciales, llámense ordinarios o ejecutivos, para hacer efectivo el pago de las mesadas escolares adeudadas