Coronel ordenaba embriagar a víctimas de falsos positivos 
Luis Fernando Borja pedía reclutar jóvenes en Cesar para presentarlos como dados de baja en combate. La medalla Antonio Nariño, que el Ejército concede "a las virtudes militares y los actos de valor", estuvo a punto de llegar al pecho del mayor Orlando Céspedes Escalona, que a partir de esta semana irá a juicio por decenas de muertes fuera de combate en Sucre y Córdoba.
Finalmente no se la dieron, a pesar de que su jefe directo, el coronel Luis Fernando Borja Aristizábal, comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta de Sucre hasta el 2008, la pidió por sus resultados operacionales.
"Todos eran 'falsos positivos' ", confesó el coronel Borja, el oficial de más alto rango que ha confesado su participación en esos crímenes y que ahora será testigo contra el mayor Céspedes.
Borja suma más de 100 años en condenas por asesinatos de humildes muchachos que después fueron presentados como bajas en enfrentamientos.
El expediente de Borja contiene hasta ahora la más clara reconstrucción de cómo se fraguaron los homicidios que por esa época se replicaron en otras unidades y cuyo descubrimiento provocó, en el 2008, la mayor purga militar.
"Eso era un negocio para ellos (suboficiales y soldados), y yo, como comandante, me usufructuaba (sic) no económicamente, sino con felicitaciones", admitió el coronel, que hoy está detenido en un batallón en Bogotá, y que le dijo a la Fiscalía que cuando llegó a la Fuerza de Tarea, en 2007, el macabro plan ya estaba funcionando.
"Yo pedía resultados, y el Comando Superior me pedía resultados", aseguró Borja, quien, sin embargo, señaló que nunca recibió órdenes superiores para que moviera la máquina de muerte que desde el 2006 y hasta finales del 2008 habría dejado al menos un centenar de víctimas.
Lo que sorprende es que Borja, casi todos los días, mientras fue comandante en Sucre, 'salía' a la radio a recordarles a las tropas que respetar el Derecho Internacional Humanitario no era opcional.
Pero no solo sus confesiones lo hunden. El cabo Luis Alejandro Toledo Sánchez, que ya aceptó cargos, contó cómo se coordinaban las falsas operaciones: "Yo recibía la orden de mi coronel Borja de conseguir 'pelaos' para mostrarlos como 'falsos positivos' (...) Si una escuadra o patrulla iba a dar una baja, yo me entendía con el comandante y ahí se cuadraba cuánto valía 'el paquete', la víctima, y el armamento que se requería".
El modus operandi fue el mismo que se usó con los muchachos 'reclutados' en Soacha (Cundinamarca) y que terminaron, para la misma época, reportados como muertos en combate en el Catatumbo: los emborrachaban y luego eran llevados al sitio de los falsos combates.
Y si algún reclutador se volvía demasiado evidente, contó otro miembro de la red, no había miramientos para pasarlo a la lista de víctimas.
"El soldado voluntario Gamboa Padilla era el encargado de matar a los reclutadores que estaban 'pintados' ", dijo uno de los condenados en el proceso.
La Fiscalía investiga al menos tres casos en los que reclutadores de jóvenes -ellos no recibían más de 100 mil pesos por cada víctima- también terminaron asesinados.
Guatemalteco debe pagar 6.060 años
Aunque en Guatemala la pena máxima es 50 años de prisión, un tribunal condenó el lunes a 6.060 años al exmilitar Pedro Pimentel por la matanza de 201 campesinos en diciembre de 1982, en la comunidad Dos Erres, en La Libertad. Los hechos ocurrieron durante el régimen del general golpista José Efraín Ríos Montt.