Según la Contraloría Distrital, el detrimento sería superior a los 64 mil millones de pesos.
La Unidad Nacional Anticorrupción de la Fiscalía determinará en los próximos días si abre o no investigación formal contra el exalcalde de Bogotá, Samuel Moreno Rojas por el detrimento patrimonial de la Empresa de Teléfonos de Bogotá (ETB) el cual supera los 64 mil millones de pesos.
Igualmente, la Fiscalía estudia la posibilidad de investigar al expresidente de la ETB, Fernando Carrizosa Rasch-Isla por su presunta participación en el detrimento del erario por medio de las irregularidades en el pago de prestaciones sociales y bonificaciones a un grupo de trabajadores por medio el Plan de Retiro Voluntario.
El pasado siete de febrero, la Contraloría de Bogotá evidenció que el pago total de las prestaciones sociales de trabajadores con salario integral, más bonificaciones no salariales o extralegales y los bonos de libre destinación constituyó en un detrimento al erario distrital de 64.857.111.455.
En ese momento, el contralor de Bogotá, Mario Solano Calderón, anunció que dará traslado de las diligencias de indagación preliminar que realizó el Grupo Especial de Apoyo y Fiscalización –GAF- a la Fiscalía General de la Nación y a la Personería de Bogotá. De igual manera remitirá a la Dirección de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva para que dé curso al proceso.
Durante la investigación que presentó la Contraloría se estableció que 162 trabajadores que en la época del Plan de Retiro Voluntario (PRV) devengaban salario integral con contrato a término indefinido, les fueron liquidados de forma irregular las prestaciones sociales. Evidenciando un detrimento por $1.816.992.723.
De estos 162 trabajadores vinculados con contrato a término indefinido, 37 de ellos se retiraron de la entidad posteriormente a la fecha del 30 de septiembre de 2010, incumpliendo lo dispuesto por la Junta Directiva de la ETB, quienes aprobaron que: “Todos los contratos laborales de quienes se acojan al PRV terminarán por mutuo acuerdo el día 30 de septiembre de 2010), hecho que evidencia una gestión antieconómica y constituye un detrimento por $6.784.029.101.
De los 162, 125 se retiraron de la entidad con anterioridad a la fecha 30 de septiembre de 2010 pero por el “pago de bonificaciones no salariales o extralegales” se evidencia un daño fiscal por $17.308.272.453.
La gestión antieconómica en el pago de “bonificaciones no salariales o extralegales” se extendió a los 613 trabajadores amparados con la convención colectiva de trabajo, lo cual generó un detrimento por 34.282.495.428.
En total el pago de lo no debido por el concepto de “Bonificaciones no salariales o extralegales ascendió a la suma de $58.374.796.982.
El pago de los bonos de “libre destinación” que fueron cancelados a los trabajadores no convencionados (613) en el PRV constituye un detrimento por $3.520.305.750.
El total del daño fiscal por el concepto de “Bonos de libre destinación” fue de $1.145.016.000. El pago total de lo no debido por concepto de “bonos de libre destinación” realizado a los trabajadores que se acogieron al PVR ascendió a $4.665.321.750.
La Contraloría señala que los presuntos responsables de los hechos evidenciados son: en primer lugar, el presidente de la ETB para la época del PVR, Fernando Carrizosa Rasch-Isla, quien fue el encargado de estructurar e implementar el PVR vigencia 2010. Los integrantes de la Junta Directiva de la ETB que aprobaron mediante acta del 26 de julio de 2010 dicho Plan, así: Principales: Samuel Moreno Rojas, Héctor Zambrano Rodríguez, Eduardo Pizano de Narváez, Mauricio Amador Andrade y Jorge Humberto Botero Ángulo; Suplentes: Carolina Valencia Márquez, María Camila Uribe Sánchez, Ricardo Sala Gaitán, Luis Fernando Restrepo Jaramillo y Jorge Hernán Cárdenas Santamaría.
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