Iniciado por Heráclito  Varios temas:
El primero tiene que ver con el título: Se asegura que el Gobierno no quiere que se vea, pero no se sustenta la afirmación. ¿Trató de bloquearlo? ¿Hubo intentos de impedir su difusión? ¿Algún tipo de acoso, de amenazas en contra de los realizadores?
Lo segundo es la realización del video. Pese a que se asegura que no hubo permiso de las autoridades para los periodistas, no es totalmente cierto y la prueba es el video. Se graba a los miembros de la fuerza pública y a los pescadores (no campesinos) en momentos en que son desalojados de la zona. Por las tomas, aunque en algunas se ve el zoom, en otras se ve que estaban a pocos metros de los policías, sin que se les molestara.
Lo tercero es que se trata de un caso policial, en el que al parecer hubo excesos de la fuerza pública. Sin embargo, me llama la atención uno de los testimonios en los que asegura que se les arrojó una granada que estalló a los pies de uno de los pescadores. La cámara muestra a la víctima con una esquirla en la pierna. Si esto fuera cierto, la granada le hubiera destrozado la pierna como mínimo. Esta manipulación de la información le resta seriedad. Tal vez hubo una de gases lacrimógenos que le debió caer cerca, pero el realizador debe hacer la aclaración.
Es censurable el despliegue excesivo de fuerza policial pues en el video no se ven intentos de la comunidad de resistirse violentamente al desalojo, pero tampoco se muestra violencia excesiva del ESMAD. Se ve en un pasaje a un hombre caído en la arena y a un policía tratando de levantarlo. También los gases cayendo en grupos de personas. Pero no se muestran arremetidas policiales. Por el contrario, se les ve a la expectativa. Es obvio, de todas formas, que este video, junto con los testimonios y dictámenes de Medicina Legal deben ser remitidos a las autoridades para que establezcan si se cometieron excesos que den lugar a faltas disciplinarias o heridos cuya recuperación debe correr por cuenta del Estado.
Una quinta inquietud es la poca información que suministra el video, que no responde a elementales preguntas. ¿Por qué la presencia de la fuerza pública? ¿Hubo conversaciones anteriores entre las autoridades y los pescadores? ¿Algún intento de acuerdo? ¿Quiénes habitan en el sitio? ¿Cuál es el impacto ambiental de la represa? ¿Hay planes para reubicar a los pueblos que se van a ver afectados?
Algo más ¿por qué no se suministra la versión de las autoridades? Cuando se presentan estos casos hay que mostrar las dos caras de la moneda, evitando la victimización. Lo que se quiere es que los que tengan ocasión de conocer el video reciban una información equilibrada y cada cual saque sus propias conclusiones, pero no producir un video sesgado que sólo muestra el hecho en blanco y negro, de un lado los buenos, del otro los malos.
Y al margen, patético el discurso veintejuliero del profesor, aunque se rescata el testimonio del arzobispo, no tanto porque informe sobre los hechos, sino acerca de las causas, centradas en la construcción de la represa y los efectos nocivos que puede provocar en las comunidades aledañas.
Discúlpenme, pero no trago entero.
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