La privacidad y la seguridad en Internet podrían encontrarse muy pronto bajo control internacional. El próximo 27 de febrero en la ciudad suiza de Ginebra se iniciará una negociación diplomática que podría llevar a un nuevo tratado que daría a la ONU poderes sin precedentes en Internet.

En caso de ser aceptada, la propuesta acabaría con la Regulación de las Telecomunicaciones Internacionales, que está en vigor desde 1988, cuando 114 Estados firmaron el acuerdo en Australia con el fin de facilitar la interconexión y la interoperabilidad global de la infraestructura de telecomunicaciones, y promover la eficacia y la disponibilidad de los servicios de telecomunicaciones internacionales.

Según reitera el diario norteamericano 'The Wall Street Journal', la medida se debe a que actualmente muchos regímenes se sienten amenazados por los opositores que pueden contar con una red en su búsqueda de una vida política libre y abierta, por lo que decenas de países están presionando a la organización para renegociar el tratado para antes de finales de 2012.

Medidas ‘escalofriantes’

El periódico enumera solo algunas de las propuestas que califica de "escalofriantes" y que podrían ser aprobadas en la conferencia planeada en Dubái, Emiratos Árabes, en diciembre de este año.

Así, el acuerdo permitiría a las empresas extranjeras de telefonía cobrar por el tráfico ‘internacional’ de Internet, tal vez incluso por cada clic en ciertas web, con el objetivo de generar ingresos para las compañías de telefonía estatales y arcas públicas.

Además, el tratado impondría unas regulaciones económicas sin precedentes, como las instrucciones relativas a las tarifas, términos y condiciones para el tráfico, actualmente sin regular.

Entre otras medidas también se prevé establecer por primera vez entidades de gestión de la Red, tales como la Corporación para la Asignación de Nombres y Números de Internet, un organismo sin ánimo de lucro que coordinaría todas las direcciones de Internet del mundo.

Hace poco más de un mes, los representantes de 22 países de la Unión Europea firmaron en la ciudad de Tokio el Acuerdo Comercial contra las Falsificaciones (ACTA, por sus siglas en inglés), que propone fijar la protección de la propiedad intelectual a nivel internacional y supone multas e incluso encarcelamiento por infracciones. El hecho conmovió a la comunidad internacional hasta tal punto que varios Gobiernos incluso tuvieron que anunciar la paralización del proceso de ratificación.