El Acuerdo Comercial Anti-falsificación, más conocido como ACTA, constituye uno de los mayores engaños que ha realizado la Comisión Europea. Mediante negociaciones secretas, empezó a fraguarse como un tratado de comercio que iba a mejorar sustancialmente la competitividad y a estimular la creación de empleo, pero la verdad está muy alejada de la realidad.
La Comisión Europea se ha estado esforzando durante todos estos años para vender ACTA como un tratado de lo más normal, totalmente inofensivo en tanto a derechos civiles, pero siempre ha intentado silenciar cualquier crítica al tratado, al mismo tiempo que ha presionado para imponer su visión ante el Parlamento Europeo, que al final es el organismo que vota para aprobar o rechazar cualquier petición.
Precisamente ahora le toca mover al Parlamento, que en su sesión plenaria de Junio votará sobre ACTA. Los miembros del Parlamento ya están bajo presión, y no sólo por parte de los grupos de la industria del copyright, si no del Directorado de Comercio Internacional, un sub-organismo de la Comisión, el mismo que se encargó de empezar y llevar la negociación de ACTA en el más absoluto oscurantismo durante más de 3 años.
La lista de mentiras, engaños y medias verdades es larga. Por ejemplo, desde la Comisión aseguran que ACTA no es SOPA. Y no lo es, pero es mucho peor. ACTA es el texto base en que se han inspirado las leyes que instauran la censura y coartan libertades y derechos de ciudadanos por todo el mundo, desde la SOPA a la Ley Sinde-Wert, pasando por HADOPI, Digital Economy Bill, Ley Lleras… veamos las más importantes en una lista creada por La Quadrature du Net:
“ACTA es importante para la competitividad exterior, el crecimiento, el empleo y la seguridad de los ciudadanos de la Unión Europea”
ACTA es un producto directo de la ofensiva de los grupos de presión lanzada en 2004 por la Cámara Internacional de Comercio, presidida por el entonces Director Ejecutivo de Vivendi-Universal, Jean-René Fourtou, cuya esposa era la relatora de la Directiva sobre Aplicación de Derechos de la Propiedad Intelectual (IPRED), aprobada ese mismo año en el Parlamento Europeo. Es uno de los ejemplos más claros de intereses privados actuando por encima de decisiones políticas.
Puede que ACTA se haya negociado como otros acuerdos comerciales, pero no es un simple tratado sobre aranceles. ACTA generaliza las sanciones civiles y amplía el espectro de aplicación de sanciones penales.
Obligando a la Unión Europea a adoptar este tipo de modelos obsoletos y aplicando esquemas que se pueden usar como armas para amarrar la competitividad, solo se conseguirá dificultar la innovación, la competitividad y el crecimiento. No solamente en la nueva economía digital, si no en muchos campos que se basan en la transmisión de conocimiento, desde la agricultura (semillas) a la sanidad (medicamentos genéricos).
Nunca se ha hecho un estudio serio sobre la necesidad de adoptar un acuerdo global como éste. La Comisión nunca ha probado que una aplicación de estándares más restrictivos de forma global será beneficioso para el interés público de la UE, y menos para el resto del mundo.
En vez de imponer ACTA a los países en desarrollo, la UE debería ser consciente de las consecuencias de sus políticas actuales en innovación, acceso a la cultura y derechos fundamentales, reformando esas políticas para sentar las bases dse una economía del conocimiento real.
Al contrario de las afirmaciones de la Comisión, la transparencia en la negociación del ACTA solamente se logró una vez que los documentos se filtraron por parte de algunos participantes en la misma, preocupados por las consecuencias de ACTA. Esas filtraciones forzaron a los negociadores a publicar la documentación en la primavera de 2010, más de tres años después de empezar las negociaciones.
La negociación y aplicación de ACTA sortea todas las organizaciones internacionales legítimas donde se discuten temas de copyright, patentes y políticas asociadas como la Organización Mundial de Comercio (WTO) o la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (WIPO). Esta acción es completamente inaceptable, considerando que cada vez más países comprenden la importancia de reformar dichas políticas alejándose de la represión.