Una decisión de la Con-traloría resolvió enfrentar uno de los temas más polémicos de los últimos meses. En un hecho inédito, el ente de control abrió un juicio fiscal a 21 magistrados y exmagistrados del Consejo Superior de la Judicatura (17 de la Sala Disciplinaria y 4 de la Administrativa) por su presunta responsabilidad en el 'carrusel de las pensiones'. El ente de control encontró que hasta 2010, 70 empleados de la Rama Judicial, gracias a breves 'palomitas' como magistrados auxiliares, lograron multiplicar increíblemente sus pensiones como por arte de magia.
De esos casos, 61 se presentaron en la Sala Disciplinaria. Entre los procesados están José Alfredo Escobar Araújo, Martha Patricia Zea y Temístocles Ortega Narváez (actual gobernador del Cauca), quienes ya dejaron sus cargos. Pero también hay magistrados aún en servicio: es el caso de María Emma Garzón, a quien se le atribuye el nombramiento de 16 magistrados auxiliares, uno de los cuales solo cumplió dos días de trabajo. En la lista sigue el actual presidente de la Sala Disciplinaria, Henry Villarraga, quien registró ocho nombramientos; y el magistrado Ovidio Claros, a quien se le atribuyen seis.
En muchos casos, está por establecerse si los funcionarios favorecidos con la palomita ya se pensionaron. En el de quienes ya lo hicieron, su jubilación, que en promedio iba a ser de unos 4 o 5 millones de pesos, llegó a más de 13 millones. La razón: un decreto de 1971 establece que los empleados judiciales se jubilen con base en su último salario. Sin embargo, los magistrados de la Sala Disciplinaria argumentaron que todos los nombramientos se hicieron dentro del orden legal.
El escándalo no es nuevo. Hace un año SEMANA reveló que muchos empleados de la Rama Judicial estaban aumentando su pensión con unos pocos días en cargos de mayor sueldo. En ese momento, se hicieron cuentas de 90 funcionarios que, entre 2008 y 2011, pasaron fugazmente por la Judicatura. Según la Contraloría, los ajustes pensionales le han costado al Estado más de 13.000 millones de pesos, pero podrían llegar a ser 140.000 millones.
El proceso fiscal se abrió luego de que, en diciembre pasado, el presidente encargado de la Sala Administrativa, magistrado Néstor Correa, echó por tierra la creación de 71 nuevos cargos (58 magistrados auxiliares y 13 de descongestión). Los acuerdos habían sido firmados por el magistrado Escobar Araújo antes de cumplir su periodo. En su momento, la Corte Constitucional pidió explicaciones para esa medida y la calificó de "extraña". No era para menos, pues la Reforma a la Justicia, en discusión en el Congreso, contempla eliminar la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, pero curiosamente deja viva la Disciplinaria, que es el órgano más cuestionado.
El juicio de responsabilidad fiscal podría terminar con una sanción económica para los magistrados involucrados. En ese caso, tendrían que pagar con su dinero el posible detrimento patrimonial y posiblemente quedarían inhabilitados, pues los funcionarios no deben tener deudas con el fisco nacional. Sin embargo, la Comisión de Acusaciones de la Cámara tiene la competencia para investigarlos disciplinaria y penalmente. El viernes pasado, el presidente de esa célula legislativa, Germán Blanco, indicó que "no hay diligencias en ese proceso", a pesar de que el escándalo estalló hace un año.
Pero la Fiscalía y la Procuraduría también podrían pasar a investigar, ya no a los magistrados, sino a los beneficiarios de las millonarias pensiones. Desde el punto de vista penal, la investigación podría conducir a que se configurara el delito de concusión o el de cohecho, según explicaron a SEMANA varios penalistas.