LONDRES (AP) — El ex jugador de rugby Tony Nicklinson tenía un empleo envidiable como gerente corporativo en Dubai, donde en su tiempo libre practicaba parapente y escalada de puentes.
Hace siete años el entusiasta deportista sufrió un ataque paralizante. Actualmente solo es capaz de mover la cabeza, no habla y necesita un cuidado constante.
Y quiere morir.
Para tratar de asegurarse de que cualquiera que le ayude a poner fin a su vida no vaya a la cárcel, el paciente de 57 años solicitó recientemente al Tribunal Supremo Británico que declare que cualquier médico que le dé una inyección letal con su consentimiento no sea acusado de asesinato. Esta semana el tribunal ventilará su primera audiencia sobre el caso.
"La mayoría de la gente que quiere morir, físicamente capaz de hacerlo, puede suicidarse legalmente", afirmó el abogado de Nicklinson, Saimo Chahal.
Sin embargo, no es el caso de Nicklinson, quien padece del "síndrome de cautiverio", un estado en el que el cuerpo queda paralizado pero la mente está intacta.
Nicklinson se comunica principalmente por medio de una computadora que detecta su parpadeo. En una declaración describió su vida como "aburrida, miserable, degradada, indigna e intolerable".
Desde 2007 se ha negado a tomar todos los remedios para prolongar su vida recomendados por los médicos. Solo toma los que lo alivian como para reducir los espasmos musculares. Su esposa, Jane, quien es enfermera, dijo que podría correr el riesgo de un ataque de apoplejía o cardíaco.
Según la ley británica, todo el que ayude a Nicklinson podría ser acusado de asesinato, aun si cumple con sus deseos. Un cargo de asesinato conlleva una sentencia obligatoria a cadena perpetua, independientemente del motivo o circunstancias.
Nadie sospechoso de haber ayudado a un ser querido a suicidarse ha sido acusado de ese crimen en Gran Bretaña en los últimos años, pero Nicklinson no quiere correr ningún riesgo. En cambio, desea modificar la definición legal de asesinato para excluir la eutanasia.
Emily Jackson, experta en medicina legal en la Escuela de Economía de Londres, dijo que Nicklinson podría tener un caso convincente. "Plantea un argumento muy interesante", afirmó.
La eutanasia es legal en Holanda pero requiere una prolongada relación entre médicos y pacientes, una regla que excluye a la mayoría de los extranjeros. El suicidio asistido es legal en Suiza, incluso para extranjeros, pero Nicklinson no quiere ir allí a morir.
El demandante sostiene que la ley británica lo priva de su derecho a "una vida privada y familiar" garantizada por la Convención Europea de Derechos Humanos, por considerar que ser capaz de elegir cómo morir es una cuestión de autonomía personal.
"Sostiene que es injusto para él y que un sistema legal humano debería permitir a alguien en sus circunstancias, con salvaguardias considerables, conseguir ayuda de un médico para ejercitar un derecho, que tiene en teoría pero se le niega en la práctica", dijo Chahal.
El ministerio de Justicia solicitó desestimar la demanda puesto que podría involucrar un cambio de la ley, lo que le corresponde al Parlamento y no al Tribunal Supremo.