Se trata del condominio River Oaks Apartments, ubicado en 1951 NW South River Drive, en el sector de mayor desarrollo y valorización de Miami. La urbanización, de 21 pisos y 199 apartamentos, tiene salas de cine, centro de negocios, gimnasio, vidrios blindados, panorámicas al río Miami y, prontamente, también con una marina para los yates de los propietarios. Además, el predio tiene un área de 8.620 metros cuadrados y acceso directo tanto a la bahía de Biscayne como al océano.
El excongresista Germán Olano Becerra le contó a la Corte Suprema de Justicia que en el año 2009, en el hotel Embassy Suites de Bogotá, el empresario Luis Cárdenas le contó que hacía unos meses había conocido al senador Iván Moreno, con quien departió en reiteradas ocasiones en Miami, y que lo había invitado a él y a su amigo Saúl Campanella para invertir en el mencionado condominio. En esa época Campanella le prestó su avión privado a Iván Moreno, quien andaba de correría política por Ibagué y Armenia.
Quien presentó a Iván Moreno con el empresario Cárdenas fue Emilio Tapia. Germán Olano contó que Moreno y Cárdenas afianzaron sus relaciones y que para noviembre de 2009 comenzaron en serio a estructurar su participación en el negocio inmobiliario que empezó a gestarse en febrero de 2005. Cárdenas invirtió en la llamada subdivisión ‘Valentine’ del proyecto junto con el exembajador de Colombia en Venezuela Fernando Marín. Los detalles de esa inversión los conoció Olano, porque en una reunión a la que asistieron Cárdenas, Emilio Tapia y Julio Gómez le preguntaron cómo funcionaba el mercado de finca raíz en Estados Unidos.
Entonces el excongresista y hoy ventilador del carrusel, quien sabía del negocio de propiedades en Norteamérica al punto de tener licencia como agente inmobiliario, les explicó que la figura del condominio tenía una reglamentación especial porque el título de la propiedad funciona como una participación accionaria o sociedad anónima, lo cual hace muy difícil establecer quiénes son los dueños del condominio por una protección legal del estado de Florida. Olano les hizo saber que a diferencia de otras propiedades adquiridas en ese país, cuando se trata de condominios se obliga a que se registren los representantes legales del proyecto, pero no todos los propietarios.
Incluso le dijo a la Corte Suprema que en las oficinas de la Florida hay programas en los que sólo colocando la dirección del inmueble, de inmediato sale el historial del mismo, quiénes han sido sus dueños o cuándo se vendió y a qué precio. Por eso el complejo River Oaks Apartments les pareció tan atractivo a los Moreno, Julio Gómez y Emilio Tapia. En ese encuentro, que se dio en el apartamento de Olano, éste les comentó que los dineros que iban a invertir allá tenían que entrar en una figura similar a una cuenta fiduciaria y que debían asesorarse con un abogado en Estados Unidos para lo que se llama el “cierre de la inversión”.
En mayo de 2010, añadió Germán Olano en su declaración a la Corte, se dio cuenta de que efectivamente sí se había hecho esa inversión en Miami. Ya entonces las relaciones entre los hermanos Moreno y los primos Manuel, Miguel y Guido Nule estaban prácticamente rotas porque les habían quitado el contrato de la calle 26 y estaban arrinconados. Aún más, según les dijo Miguel Nule a la justicia, el 13 de mayo de ese mismo año, en la sala VIP de Avianca del aeropuerto Eldorado, el alcalde Moreno le pidió $5.000 millones para no multarlos por incumplimiento del contrato.
Con esos antecedentes, Miguel Nule empezó a rastrear la inversión de sus exsocios Emilio Tapia, Julio Gómez y los hermanos Moreno Rojas. Germán Olano se reunió con Miguel Nule en su oficina poco después de la presunta extorsión de Samuel Moreno y recibió una llamada de una persona identificada como Rafa. Nule le pidió a Olano que anotara la dirección que le estaba dictando Rafa al otro lado del teléfono. Resultó ser la del condominio River Oaks Apartments. Cuando colgó el teléfono Miguel Nule, le confirmó a Olano que la inversión ya había sido hecha.
La Corte Suprema le preguntó a Germán Olano si conocía cuánto podía costar el proyecto en el que supuestamente se habrían embarcado Moreno y compañía. El excongresista les contestó que todo dependía del estado en que se encontrara el proyecto, pero sí fue enfático en que Miami tiene un programa de recuperación del centro de la ciudad y que uno de sus efectos es la valorización de los inmuebles que están en ese corredor. Por lo cual, al tener certeza de que se trataba de un predio muy exclusivo, sostuvo que la totalidad del negocio podía costar unos US$60 millones.
El alto tribunal quiso ahondar en si sabía cuánta plata metieron allí Julio Gómez, Emilio Tapia y los Moreno. Olano dijo que si mal no recordaba ellos le habían comentado que para ‘pisar’ el negocio debían entregar US$1,7 millones, aunque advirtió que no le dijeron a quién le entregaron ese dinero, ni a nombre de quién estaba la propiedad, ni quiénes figuraban allí o las proporciones de la compra. Olano le entregó a la Corte 12 páginas con los documentos que acreditaban la compra, registros notariales, fotografías satelitales del lugar del proyecto, los valores del lote y otros folios del Departamento de Estado de la Florida.
En ninguno de ellos figuran los nombres ni de los Moreno, Tapia o Gómez, pero sí del empresario Luis Cárdenas, su supuesto socio y quien los invitó a invertir allí. Por primera vez entonces uno de los testigos estelares del carrusel relató en detalle el interés de la llamada cúpula del cartel de la contratación en Bogotá en invertir en Miami. La revista Dinero, en un artículo publicado hace casi un año, ya había advertido algunos nexos entre Cárdenas, Emilio Tapia y el exembajador Fernando Marín en la construcción de este lujoso condominio.
De hecho, se supo que en el año 2008 Marín fue notificado del inicio de un proceso ejecutivo en su contra en Estados Unidos por el incumplimiento en el pago de una deuda cercana a los US$53 millones, correspondiente a su inversión en el River Oaks Apartment. Ese proyecto estuvo ad portas de venirse a pique, pero súbitamente revivió en el año 2009, justo en momentos en que empezó a rumorarse sobre los miembros del cartel de la contratación en Bogotá. Todo lo cual coincide con el relato de Germán Olano, de que fue a finales de 2009 que los Moreno y sus alfiles depositaron mucho dinero en EE.UU.
El exsubcontratista Alejandro Botero, según reseñó Dinero entonces, había acusado al empresario Luis Cárdenas de sacar un rédito indebido de los negocios públicos de la ciudad para financiarse. Tanto así que cuando las deudas acosaban a Luis Cárdenas y Fernando Marín, Botero supo que ambos buscaban socios urgentemente para que su negocio no se viniera a pique. Desde la publicación de ese artículo se empezó a especular que los Moreno habrían sacado plata de las comisiones del carrusel para proyectos en Estados Unidos, encabezados por Cárdenas y Marín.
Sin embargo, la declaración que entregó Germán Olano a la Corte por primera vez le pone nombre y apellidos a esta historia. La Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia trabajan en llave para corroborar esta versión con pruebas documentales, y han iniciado pesquisas para determinar si el millonario desfalco a Bogotá, no sólo en contratos de malla vial, acueducto, fondo de seguridad o el sector salud —que destapó El Espectador hace una semana— terminó convirtiéndose en un trampolín para financiar un condominio en Miami.