Denunciante Épico
 |  Seis de los gobernadores recién posesionados arrancan empapelados
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 | Seis de los gobernadores recién posesionados arrancan empapelados Tienen procesos pendientes en Fiscalía, Procuraduría y Contraloría. La gestión de seis de los 32 gobernadores que tomaron posesión el pasado primero de enero arranca amenazada por sendos procesos penales, disciplinarios y hasta fiscales, iniciados antes de que aspiraran a sus actuales cargos.
La situación más complicada es la de la gobernadora de Huila, Cielo González, quien tiene pendiente un proceso por peculado culposo relacionado con el manejo de las regalías cuando era alcaldesa de Neiva (2004-2007).
La audiencia de acusación se realizó el pasado 15 de diciembre, después de varios aplazamientos.
Pero no es el único lío de la mandataria seccional, elegida en representación de 'la U'. En efecto, tiene pliego de cargos de la Procuraduría (acusación disciplinaria) por presuntas inversiones irregulares en ese mismo periodo; y un proceso en la Contraloría por un presunto detrimento fiscal de 350 millones de pesos.
Otro que asumió con peros es Nelson Mariño, quien llegó a la gobernación de Casanare con el aval de un movimiento de negritudes -Afrovides-. Un 'palo electoral', pues la población de esa raza en el departamento no alcanza ni siquiera el 2 por ciento.
En la Procuraduría afronta dos procesos, por posible destinación indebida de regalías cuando ofició como alcalde de Yopal y por presunta celebración irregular de convenios. En Contraloría y Fiscalía también tiene investigaciones.
Héctor Fabio Useche, quien llegó a la Gobernación del Valle respaldado por el cuestionado ex senador Juan Carlos Martínez, tendrá el próximo 27 de enero una prueba de fuego en la Contraloría. Fue llamado a juicio fiscal por un presunto detrimento patrimonial de 107 mil millones para las finanzas del Valle, en un proceso relacionado con un contrato de la Licorera Departamental.
De ser hallado responsable, se expone a una suspensión mientras no cancele la parte del detrimento que le es atribuida en el proceso, en su condición de Secretario de Salud del destituido ex gobernador Juan Carlos Abadía.
El gobernador de Arauca, José Facundo Castillo ('la U'), afronta denuncias en Procuraduría y Fiscalía por posible interés ilícito en contratos cuando era director del Hospital San Vicente de Arauca.
Luis Gilberto Murillo, gobernador del Chocó, asume con la certeza de que su elección será demandada ante el Consejo de Estado.
Fue condenado en 1997 por peculado por asignación oficial diferente, pero con la reforma del Código Penal en el 2000 el delito fue abolido del ordenamiento legal colombiano. Su tesis es que desaparecido el tipo penal también desaparece la inhabilidad. Pero sigue apareciendo en la lista de inhabilitados por la Procuraduría y la Corte Suprema se negó a borrar la sentencia.
El cuadro lo completa Francisco 'Kiko' Gómez, gobernador de La Guajira, investigado en un proceso por porte ilegal de armas y quien fue víctima, poco antes de las elecciones de octubre, de un atentado que según las autoridades habría sido cometido por una banda criminal. Frenan posesión de otro detenido
El Juzgado Quinto de Control de Garantías de Armenia negó la petición de Fernando Fernández, concejal electo, para salir del centro penitenciario y tomar posesión de su cargo.
Fernández está en la cárcel San Bernardo por un caso de corrupción y la justicia le ha negado varias veces la casa por cárcel. Resuelto lío de alcaldes presos
Con una llamada del ministro Germán Vargas Lleras al gobernador de Córdoba, Alejandro Lyons, se resolvió por ahora el lío de los 2 alcaldes de ese departamento que, a pesar de estar presos en la cárcel La Picota, de Bogotá, pretendieron asumir sus cargos.
El Gobernador encargó a Carlos Enrique Angulo, secretario de Juventudes, para que asuma en Los Córdobas en reemplazo de Bonifacio Contreras. Y Luis Alberto Castillo, asesor del despacho, fue designado en reemplazo de José Félix Martínez para la alcaldía de Moñitos.
Los dos alcaldes detenidos recurrieron a una cuestionada maniobra para intentar asumir las alcaldías: juraron ante otros dos presos y luego pretendieron autenticar un acta de ese evento en una notaría de Bogotá. El Superintendente de Notariado y Registro, Jorge Enrique Vélez, explicó ayer que ningún notario entró a la cárcel y que por lo tanto no se pudo haber llevado a cabo la posesión.
El caso fue calificado por la Fiscal General, Viviane Morales, como una "burla al sistema": "Una persona desde la cárcel no puede ejercer un cargo como alcalde", cuestionó la Fiscal.
El Ministro del Interior, a su vez, calificó el hecho como "absurdo" y anticipó que en la reforma del Código Electoral, que está pendiente de primer debate en el Senado, se incluirán normas que eviten que personas privadas de la libertad se posesionen en cargos de elección popular. Ayer, los municipios estaban militarizados, para evitar desórdenes. Contreras está señalado de crimen Fredy Rendón, alias 'El Alemán', acusó a los electos alcaldes de Moñitos y Los Córdobas de haber firmado con las Auc el Pacto de Mariscos, para las elecciones en el 2004. En el caso de Bonifacio Contreras, capturado el 20 de octubre, se le sindica de haber ordenado el crimen de Saúl Antonio Pérez, candidato a la Alcaldía en el 2003. Elegidos en 2007 dejan récord negativo
Con la destitución de los gobernadores Ómar Diazgranados, de Magdalena, y Luis Jorge Sánchez (Huila), dos semanas antes de culminar sus periodos, se marcó un récord en sanciones a funcionarios elegidos popularmente: 11 de los 32 mandatarios seccionales elegidos en el 2007 no terminaron su mandato por faltas disciplinarias.
Según un balance preliminar del Ministerio Público, igual suerte corrieron 18 alcaldes, cuya destitución quedó ejecutoriada. La mayoría, por casos de inhabilidades o por haber incurrido en actos de corrupción o de participación en política.
Los sancionados
Los otros nueve gobernadores elegidos en el 2007 que no culminaron periodo son: Félix Francisco Acosta Soto (Amazonas), Freddy Forero Requeniva (Arauca), Joaco Hernando Berrío (Bolívar), Óscar de Jesús López Cadavid (Guaviare), Luis Eduardo Pérez Bernier (Guajira), Felipe Alfonso Guzmán (Putumayo), Juan Carlos Abadía (Valle del Cauca), José Patrocinio Sánchez (Chocó) y Óscar Raúl Iván Flórez (Casanare).
Entre los alcaldes destituidos, ocho ejercían en ciudades capitales: William Alfonso Reyes, de Arauca; Gloria Farfán, de Florencia; Rubén Carvajal, de Valledupar; Francisco Ceballos, de Quibdó; Mario Luis Narváez, de Mocoa; Javier Vargas, de Mitú, y Fernando Vargas Mendoza, de Bucaramanga.
El caso más sonado no fue de destitución, sino de suspensión: el del ex alcalde de Bogotá Samuel Moreno, que salió del cargo siete meses antes por los líos en los megacontratos. También terminó suspendido el mandatario de Cali, Jorge Iván Ospina. En total, el Ministerio Público separó de sus funciones a 57 alcaldes.
Los reportes del Ministerio Público indican que del 2003 al 2011 han sido sancionados 1.328 alcaldes. Una situación que, señala el procurador delegado Carlos Augusto Meza, se explica en buena medida por la falta de preparación con la que llegan a sus cargos.
De ese total, 472 fueron destituidos. A 160 los separaron del cargo por inhabilidades y a uno le fue impuesta una inhabilidad permanente para ocupar cargos públicos. Santander y Cundinamarca son los departamentos con más sancionados.
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