un pequeño articulo bastante triste para la investigacion y desarrollo de nuestra pobre nación, felices fiestas.
Explotación minera contra investigación científica
Por: Carlos Fernando Álvarez, Unimedios
En Colombia desarrollar un proyecto de investigación para acceder a recursos genéticos cuesta $ 200 millones o más, y hay que esperar casi cinco años para que se apruebe. En cambio para minería los tiempos son apenas de tres meses y los requisitos son mínimos. En los últimos 15 años se han otorgado 46 licencias científicas, mientras en 8 años se firmaron 7.800 contratos mineros.Colombia es una tierra contradictoria. Mientras se le imponen trabas burocráticas y descabelladas a las tareas de investigación científica, que son la puerta de entrada al descubrimiento de curas para enfermedades, con base en los principios activos de las plantas, o el hallazgo de especies nunca antes vistas, las dragas mineras destruyen esa riqueza de la que se ufana el país.
Los permisos expeditos y requisitos fáciles que se dan a medianas y grandes multinacionales extractivas -según denuncias de los pequeños mineros- hacen preguntarse, ¿en qué país vivimos? Ejemplos hay a granel; uno de los que debería dar vergüenza nacional es la destrucción del río Dagua, en el Valle del Cauca, que incluso se usa mundialmente como la radiografía de la ambición humana por encima de la naturaleza y del futuro.
Durante 11 meses, el hermoso torrente de agua fue atracado por 490 excavadoras y dragas que arrasaron con el lecho del río y la vegetación aledaña. Unos 9.000 mineros, desesperados por la fiebre del oro, montaron tiendas, ventas de ropa, minutos a celulares, burdeles y cantinas a lo largo de 20 kilómetros.
El caos llegó a tal situación que la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca e Ingeominas tuvieron que desalojar el sitio en el 2009. Sin embargo, el daño era irreversible, como lo demuestran las tomas aéreas, que dan la sensación de que todo el entorno sufrió un bombardeo por los cráteres que quedaron. Pese al desalojo, aún se ven dragas y mineros.
La otra cara
Parece que el Estado no tiene "dientes", recursos ni voluntad para evitar catástrofes ambientales como las del río Dagua, pero sí para restringir el trabajo de los científicos. La profesora Gloria Galeano, del Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Colombia, que lidera una propuesta para investigar las palmas del país, ha tenido que armarse de paciencia. El trámite para el permiso durará cerca de tres años y medio y requerirá una inversión previa de $ 229 millones, con el fin de cumplir los requisitos legales a la hora de tener acceso a material genético con fines científicos.
Mejor se hubiera dedicado a la minería! En promedio las licencias para esta actividad (suspendidas por el momento hasta febrero del 2012) tardan tres meses. Macondiano si se quiere, debido a que la bióloga afrontará un proceso engorroso, ilógico, sujeto a la interpretación de abogados que no son pares de los científicos, y hasta con implicaciones judiciales. Es una absurda burocracia que frena el impulso y el desarrollo de investigaciones científicas y genéticas en Colombia.
Las cifras lo confirman: “Durante los gobiernos de César Gaviria, Ernesto Samper y Andrés Pastrana (12 años) fueron otorgadas 1.700 licencias o títulos mineros. En los 8 años de gobierno de Álvaro Uribe se concedieron 7.800, a un ritmo de 762,5 por año, es decir, 2,08 cada día”. Un crecimiento de 459%. Así lo reveló el profesor Gonzalo Andrade, asociado a la Vicerrectoría de Investigación de la UN, con base en una investigación del experto Guillermo Rudas.
El viacrucis
Una exhaustiva indagación de Gabriel Ricardo Nemogá, experto en política y legislación sobre biodiversidad del Instituto de Genética de la UN, muestra números sobre el verdadero estado de los trabajos de ciencia e investigación en Colombia. Esto hace parte del Convenio 059 de 2008 con el Ministerio del Medio Ambiente, publicado en la Investigación sobre biodiversidad en Colombia. Propuesta de ajuste al régimen de acceso a recursos genéticos y productos derivados, y a la Decisión Andina 391 de 1996.
Según el documento, a la fecha y registrados en Colciencias existen 957 grupos de trabajo en biotecnología, ciencias básicas, marinas, agropecuarias y de salud. De ellos, 131 tienen 565 proyectos que necesitan contratos directos de acceso a recursos genéticos. La actual legislación, con el Decreto 309 de 2000 de Minambiente, obliga a tener este tipo de contratos.
Hasta ahora, solo 46 han sido aprobados durante los últimos 15 años; 45 están en trámite y 14 fueron archivados. Del total de admitidos, tan solo uno pertenece a la UN, que cuenta en este momento con 1.200 expertos reconocidos por Colciencias trabajando en biociencias, sin enumerar los estudiantes y docentes propios y asociados en todos los niveles (pregrado, posgrado y doctorado). Además, el 68% de la investigación en Colombia se hace en las universidades (50% en las públicas y 18% en las privadas).
“Hoy, el 96% de los investigadores adelantan sus exploraciones de forma ilegal, y corren el peligro de ir a la cárcel, porque así lo determinó la norma”, destaca Andrade.
Cinco obstáculos
El tiempo es el primer problema. Entre la presentación y admisión del proyecto, el registro y publicación, la aprobación de la solicitud y la negociación y resolución de adjudicación pasan 1.389 días en promedio, como lo demostró Nemogá. Son tres años y medio, sin contar con el tiempo de elaboración de la iniciativa, la evaluación de pares y la financiación.
El segundo escollo es la certificación que pide el Ministerio del Interior para certificar que en la zona del estudio no hay presencia de etnias; son seis meses más de demora (ya van cuatro años). Si existen, viene el tercer lío que es el de los costos. Se debe hacer una primera socialización con las comunidades. Ejemplo de ello son las consultas de un proyecto de la UN con la comunidad raizal de San Andrés e Islas del Rosario. La inversión fue de $ 5.000.000.
Luego se ordena la consulta previa. El investigador debe reunir al equipo, compuesto por los delegados de Mininterior y Minambiente, representantes de la academia y de las comunidades étnicas, Contraloría, Defensoría del Pueblo, Personería y autoridades locales. Los costos deben incluir, además, los pasajes y viáticos de los funcionarios de Mininterior (costo promedio por proyecto, $ 15.000.000).
En la iniciativa de palmas de la profesora Galeano, aún en trámite, la consulta previa debió hacerse con 27 comunidades en 7 departamentos. El costo medio de cada consulta ha sido de $ 8.500.000. Los viáticos y pasajes de los funcionarios del Ministerio de Medio Ambiente van en $ 5.000.000. El total: $ 229.500.000. “La UN no se opone al proceso de consulta previa, pero pide que se agilice y se eliminen los costos”, recalca Andrade.
El cuarto inconveniente es la interpretación libre y alejada que los abogados de Minambiente y autoridades hacen de la Decisión Andina 391, norma marco que regula la actividad científica de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) y define qué es el acceso a los recursos genéticos.
La quinta dificultad es la solicitud de una Institución Nacional de Apoyo, que respalde y certifique la labor del grupo investigador. “De entrada nos tratan de mentirosos, no creen que estemos haciendo ciencia y necesitamos acudiente, ¡qué más respaldo que la universidad que nos acompaña!”, enfatiza Andrade.
Recuerda que en abril pasado se instaló una mesa de trabajo con la Presidencia de la República y un comité interinstitucional para superar el impasse; se han logrado avances, pero siguen las trabas. Desde julio último, cuando el profesor hizo una presentación global del problema a la Alta Consejera Presidencial para lo Ambiental, no volvió a tener contacto con Sandra Bessudo ni los representantes de los ministerios. “Ni me pasan al teléfono”, asegura.