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Denunciante Bronce
 |  'En Bojayá fueron 79, no 119': Gonzalo Sánchez
Calificación: de
5,00
 | Sobre la masacre en ese municipio chocoano
'En Bojayá fueron 79, no 119': Gonzalo Sánchez
Por: Diana Carolina Durán Núñez
Según el reputado investigador del grupo de Memoria Histórica, en Colombia ha sido una práctica más común y extendida el subregistro en la denuncia que el abultamiento de las cifras.
Gonzalo Sánchez, coordinador del grupo de Memoria Histórica, terció en el debate de las falsas víctimas que hoy protagoniza el debate público. En su criterio, al Estado hay que protegerlo de las falsedades, pero igualmente a las víctimas de la impunidad. Y añadió que no toda incongruencia en las cifras de una masacre significa per se una trampa al Estado.
Las denuncias sobre falsas víctimas están dejando en entredicho que la llamada memoria histórica es más frágil de lo que uno cree. ¿Está de acuerdo con esa afirmación?
El tema de las falsas víctimas y de las indemnizaciones lo que ha visibilizado ante todo es la fragilidad o las dificultades del ******o judicial en el conflicto armado, incluso para establecer mínimos como el número y la identidad de las víctimas o las circunstancias de la victimización. En este escenario lo que el grupo de Memoria Histórica ha hecho en los casos estudiados es mostrar las múltiples tensiones, interpretaciones o intereses que disputan la versión de lo sucedido, empezando por el tema de las cifras.
¿Todas estas denuncias cómo replantean el papel del Grupo de Memoria Histórica?
No hay replanteamiento, por el contrario, se refuerza la pertinencia y la relevancia del grupo, sin que en ningún caso nuestra labor sustituya a la administración de justicia. Hemos insistido en la complementariedad de nuestro trabajo con el judicial, al aportar al esclarecimiento de los contextos, las dinámicas y las diversas modalidades de violencia.
En una puja de ONG de derecha e izquierda está quedando en la mitad la verdad. ¿Cómo hacer para que no se contamine por uno de los dos extremos?
La verdad, no es un botín político, es un derecho de las víctimas y de la sociedad, así como un deber del Estado. En este terreno más que una contraposición entre víctimas y Estado hay que buscar puntos de convergencia entre las demandas de las primeras y la capacidad de respuesta del segundo.
¿Qué repercusiones tiene para las verdaderas víctimas que por unas ‘coladas’ ya se diga que se están prefabricando testimonios para engañar al Estado?
Una necesaria depuración de cifras no puede convertirse en pretexto para un ‘reversazo’ a la Ley de Víctimas, o para un interesado desconocimiento de los horrores y la magnitud de lo ocurrido en Colombia durante las últimas tres décadas. La formulación inadecuada de los términos del debate está teniendo un impacto negativo de revictimización y estigmatización para las víctimas. Es un retroceso en el trabajo de tantos sectores de la sociedad por dignificarlas y porque se reconozca públicamente su sufrimiento. Creo que el debate se está poniendo en un punto anterior a la Ley de Víctimas, que es una de las más notables conquistas democráticas de los últimos años.
¿Tiene indicios de posibles falsas víctimas en otras masacres?
Hemos sido muy cautelosos en el manejo de las cifras. Y cuando hemos encontrado un error, lo hemos corregido en el proceso de investigación. Le pongo dos ejemplos: en el caso de la masacre de Bojayá, la cifra generalmente aceptada era la de 119 muertos. Nuestro trabajo en el terreno nos llevó a concluir con certeza que habían sido 79. Y esto no le resta en nada gravedad a los hechos. La errónea apreciación se debió a que el desmembramiento de cuerpos esparcidos generó confusión. Los fragmentos de un mismo cuerpo, recogidos en distintos lugares fueron contabilizados como de diferentes víctimas fatales. Hay pues errores que forman parte del horror de la guerra. En el caso de El Salado, nuestro equipo investigador descubrió, con posterioridad a la publicación del informe, que habíamos incluido como víctima a alguien que no lo había sido. Este error tuvo como origen un acta de defunción emitida por la Fiscalía, en la que daban por muerto en la masacre al padre de un muchacho efectivamente asesinado. En la segunda edición se corrigió el error. Dicho de otra manera: no toda incongruencia en las cifras es una falsedad, en el sentido de una trampa al Estado, a la justicia o a la sociedad.
En últimas, ¿de quién es la responsabilidad de que no sepamos quiénes son realmente las víctimas y qué hechos fueron realmente violentos?
La responsabilidad superior es del Estado y de las instituciones que tienen a su cargo competencias para esclarecer eventos o procesos de violencia. Al Estado hay que protegerlo de las falsedades, vengan de donde vengan, pero igualmente a las víctimas hay que protegerlas de la impunidad. Y para esto hay que tener en cuenta la otra cara de la moneda. En Colombia más habitual que el abultamiento de cifras han sido los subregistros. Bien sea por la no denuncia de incontables crímenes en zonas de conflicto abierto; por la naturaleza misma de los delitos, como la violencia sexual o la desaparición forzada; o simplemente por carencia de recursos o personal especializado. Minimizar la violencia es cerrarle el paso a la superación de la misma.
Enlace: http://www.elespectador.com/impreso/...eron-79-no-119
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