Ante el hecho esta es la versión de los demandantes:



"La Fiscalía está a favor de los despojadores"

El escándalo de las falsas víctimas que reventó recientemente en el país por la matanza de Mapiripán (Meta), ahora salpica a otro frente: a los líderes de la restitución de tierras. La Fiscalía dejó en entredicho la condición de desplazados de 123 familias que desde hace 10 años pelean por la adjudicación de la hacienda Las Pavas.

La decisión generó la airada reacción de los líderes del proceso de Las Pavas, quienes señalaron que la Fiscalía, con su fallo, está jugando a favor de los despojadores y poniendo en entredicho la condición de un grupo de campesinos que por años han sido atropellados.


El ente acusador, tras la investigación por las denuncias de desplazamiento de la comunidad de Las Pavas a manos de los paramilitares, indicó que fue un montaje para defraudar al Estado y “hacerle creer que 123 familias sí eran desplazadas por el paramilitarismo”. Además, ordenó investigar a algunos miembros de la Asociación Campesina de Buenos Aires (Asocab), quienes adelantaron el proceso judicial para certificar el desplazamiento forzado que por ahora la justicia descartó.


Uno de los investigados será Pedro Moreno Redondo y otras falsas víctimas que se retractaron y develaron el fraude al Estado. Moreno Rendón, uno de los que serán investigados, relató ante Acción Social una macabra historia, escrita con su puño y letra, de cómo los paramilitares los desterraron de la hacienda en el 2003 y en el 2006. Recientemente se retractó.


La fiscal general Viviane Morales, dijo que se probó que nunca hubo asentamiento de esas familias en la finca Las Pavas, que se trató de engañar al Estado y a la justicia y que hay que blindar como sea que en Justicia y Paz no se sigan presentando episodios similares.


Sorpresa e indignación
Zoraida Hernández, abogada que representa a Asocab en la pelea por Las Pavas, expresó su sorpresa e indignación por la decisión de la Fiscalía, la cual atacó duramente. “Estamos sorprendidos por la decisión de la Fiscalía, que surge tras una investigación clandestina, en la que las víctimas no pudieron controvertir las pruebas y que se limitó a la versión de los despojadores. No sabe qué tipo de presión existe en la región para detener el avance del caso de Las Pavas y la posible restitución de las tierras a la comunidad”.


Según la profesional en derecho, la providencia carece de motivación jurídica, de análisis probatorio imparcial y que tiene una carga ideológica y política fuerte. “Ahora resulta que las víctimas que denuncian son los victimarios y los despojadores son las víctimas. La Fiscalía se está prestando para favorecer a los despojadores. Este es un mensaje negativo justo cuando se discute la restitución de tierras”.
Criticó, además, que en la sentencia se dijera que en Las Pavas no hubo desplazamiento y que en el Sur de Bolívar, donde quedan las tierras en litigio, no hubo presencia paramilitar. “Se sabe que desde 1996 incursionó en la zona el Bloque Central Bolívar, en su plan de expansión. Incluso, en 1998 el expresidente Andrés Pastrana reconoció la presencia de los paramilitares y firmó unos acuerdos para contrarrestar la presencia de las Auc en el Magdalena Medio. Cabe aclarar, que dichos acuerdos nunca se cumplieron”.


La abogada insistió en que recientemente los desmovilizados del BCB han relatado cómo incursionaron en estas zonas. “Es de público conocimiento que los paramilitares existieron y ejercieron una estrategia de amenazar y desplazar campesinos para apropiarse del territorio. El caso de Las Pavas es emblemático, ya que se está discutiendo por unas tierras en las que ahora hay grandes extensiones de cultivos de palma aceitera, que están en juego”, insistió.
La abogada Hernández indicó que en medio de la lucha por esta tierra, se han creado ONG para hacer contrapeso la petición de los campesinos. “Hay un poder muy fuerte en el Sur de Bolívar para hacer contrapeso a las denuncias de la comunidad. No sabe qué tipo de presión existe en la región para detener el avance del caso de Las Pavas y la posible restitución de las tierras a la comunidad”


“La Fiscalía compulsa copias para investigar a las organizaciones que acompañamos a la comunidad de Las Pavas y en ese caso nos declaramos culpables de defender los Derechos de una comunidad atropellada y de pelear para que le devuelvan la tierra. Por esta labor no hemos recibido ni un peso y lo que ha entregado acción social es por la ola invernal”, concluyó.

Historia Las Pavas
El comienzo de toda esta historia radica en el predio Las Pavas, que figuró por muchos años como propiedad de Jesús Emilio Escobar. Al decir de Asocab, dicho terreno se encontraba baldío y fue ocupado en 1997 por cerca de 500 personas, que luego supuestamente desplazadas por grupos de autodefensa. Después de un pulso jurídico, el predio finalmente fue vendido en 2007 a las empresas CI Tequendama (que después se retiró del proyecto) y Aportes San Isidro.


Desde antes de la venta, los campesinos habían solicitado al Estado que declararan la extinción de dominio del predio y que se les diera esas tierras para su usufructo, por lo que se inició un proceso. Sin embargo, tras la venta, el Incoder cerró el proceso de extinción debido a que existía un comprador de buena fe.


Esto dio inicio en 2009 de un nuevo litigio, que los campesinos perdieron en segunda instancia y por lo que fueron desalojados del predio una vez más, por orden de un juzgado. Finalmente, buscando la protección de sus derechos, presentaron una tutela ante la Corte Constitucional, que en abril falló a favor de las 123 familias, al ordenar al Incoder reiniciar el proceso de extinción de dominio y garantizar su permanencia en el predio mientras se resuelve el proceso.
Ahora, con la decisión de la Fiscalía, todo el proceso que cumple casi 15 años, quedó en entredicho. El presidente de la Corte Constitucional, Juan Carlos Henao, fue enfático al advertir que dicha sentencia puede reversarse si se encuentran irregularidades en el trámite del expediente, al tiempo que hizo un llamado para que los organismos del Estado “sean más exigentes a la hora de evaluar los posibles ‘colados’ y otros fraudes”.


Redacción Judicial | Elespectador.com








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