El alto tribunal le negó a la exsenadora la "medida de suspensión provisional" de la decisión de la Procuraduría, que la sancionó para que no pudiera ejercer cargos públicos durante 18 años. 
La Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado consideró que "resulta evidente que no cabe aludir a la existencia de la acción constitucional de pérdida de investidura de los congresistas como justificación de la imposibilidad de que estos sean objeto de sanciones disciplinarias", informó a través de un comunicado.
El alto tribunal remarcó que se trata de "dos acciones diferentes que no es posible confundir" y que "no es válido argumentar la existencia de una de estas acciones como fundamento para invalidar la existencia de la otra."
Además, recordó que la excongresista, que ha participado como mediadora ante más de quince procesos de liberación de secuestrados por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), ha sostenido que desarrolló una "actividad humanitaria" en su trato con la guerrilla.
Sin embargo, según la demanda que se interpuso en su contra, "resulta imposible acceder a la solicitud de suspensión provisional dado que se requiere examinar el supuesto acto de delegación, lo que implicaría aportar una prueba en tal sentido".
La Procuraduría, encargada del control disciplinario de los funcionarios públicos, defendió su decisión, en septiembre de 2010, de sancionar por 18 años a Córdoba "por haber promocionado (a) y colaborado" a las FARC.
Para Córdoba, con el fallo se consolidó la "persecución política" que a su juicio hay en su contra y la Procuraduría violó sus derechos en ese proceso, por lo que interpuso una demanda por nulidad y restablecimiento del derecho.