De las 63 violaciones sexuales documentadas en el Magdalena, 40 fueron cometidas por paramilitares.
Los paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) hicieron de la violencia sexual en todas sus formas un arma de conquista y de poder durante la toma del Caribe colombino, entre 1997 y 2005, según un informe presentado este jueves con motivo de la Semana de la Memoria y que reconstruye esos hechos.
El documento, que cuenta con dos apartados titulados "Mujeres y guerra. Víctimas y resistentes en el Caribe colombiano" y "Mujeres que hacen historia. Tierra, cuerpo y política", fue presentado en Bogotá por el Grupo Memoria Histórica de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación.
Este informe es resultado del trabajo de un grupo de investigadores liderados por la politóloga María Emma Wills, que recabaron testimonios en las regiones de Montes de María y Magdalena, donde la violencia sexual se sumó al horror del despojo y las matanzas.
Expone cómo en Rincón del Mar y Libertad, el Bloque Héroes de Montes de María de las AUC construyeron un orden social a través de su injerencia en la vida cotidiana con "ejercicios de estigmatización pública, esclavitud laboral, trabajos forzados domésticos y hasta violencia sexual", explicó Wills en una entrevista con Efe.
Wills agregó que los paramilitares también intervenían "organizando festejos para su beneficio y explotación económica, porque obligaban a las comunidades" a asistir y participar.
Y en el municipio de San Onofre (Sucre), en 2003, el cabecilla paramilitar Marco Tulio Pérez Guzmán, alias "El Oso", recibió a su superior Rodrigo Mercado Peluffo, alias "Cadena", con un combate de boxeo que tenía el planteamiento de un circo romano.
"El Oso" subió a un ring a 16 homosexuales y varias mujeres y les obligó a practicar boxeo, un deporte que, según Wills, "daba mucho orgullo a esa comunidad, para transformarlo en una enorme mofa y humillarles".
Ese paramilitar, asimismo, convocó a las jóvenes más bonitas de la zona a participar en un concurso de belleza, que fueron obligadas a "desfilar delante de los comandantes".
Esos comandantes, prosiguió Wills, "escogían a las niñas más bellas para obligarlas a mantener relaciones sexuales con ellos".
Detrás de aquellas prácticas se escondía un mensaje que ubicaba a la ultraderecha armada como "figura masculina dominante del lugar", según la investigadora.
"Ahí se descubre que hay algo en disputa que no hemos puesto en evidencia en Colombia, que es que además de territorio, tierra, corredores para el narcotráfico y armas, lo que está en juego en esta guerra de manera menos evidente pero muy persistente es un cierto tipo de masculinidades", argumentó.
También en Montes de María el informe detecta que hubo "un sistema de violencia sexual sistemático para castigar a las mujeres que eran consideradas transgresoras de los códigos de conducta que ellos quisieron arraigar en esas comunidades".
Uno de los métodos de sanción consistía en rapar públicamente a las mujeres que consideraban infieles, viciosas, libertinas o entrometidas.
El informe del Grupo de Memoria Histórica también destaca que de las 63 violaciones sexuales documentadas en el Magdalena, 40 fueron cometidas por paramilitares, cuatro por miembros del Ejército, una por una alianza entre las AUC y la fuerza pública, tres por las FARC y otra más por miembros de la guerrilla del ELN, mientras que en 14 casos no se estableció autoría.
Los militares son de lejos los principales responsables de ese delito, que cometían "en contextos estratégicos" de su conquista territorial y también de manera "oportunista" para conseguir "satisfacción sexual", pues el "desprecio hacia las mujeres" inculcado en sus filas, según Wills, marcó esa conducta.
La paradoja es que esas mujeres caribeñas, según el estudio, también han sido motor de iniciativas de resistencia colectiva, lo que las convierte en "la esperanza" de Colombia, según Wills, a pesar de vivir amenazadas todavía por los herederos de las AUC.
Las Autodefensas se desmovilizaron en 2006 en virtud a un acuerdo con el entonces presidente Álvaro Uribe, pero en adelante han proliferado lo que el Gobierno actual denomina bandas criminales (bacrim), que no son otra cosa que la continuidad de los paramilitares que sembraron el terror en Colombia durante años.