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Denunciante Ultra
 |  También son falsos positivos
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 | También son falsos positivos El hallazgo de falsas víctimas de la masacre de Mapiripán (Meta), por parte de la Fiscalía, es de trascendental importancia. No solo porque parece que deja al descubierto una de las más grandes y rastreras estafas al Estado colombiano, sino también porque demuestra que quienes estuvieron encargados de velar por la defensa judicial de la Nación en esos procesos, o eran una manada de ineptos, o bien obraban como cómplices del timo. Además, porque pone en entredicho el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que sancionó y condenó al Estado colombiano a pagar multimillonarias indemnizaciones, más de seis mil millones de pesos para familiares de unos muertos que no hubo (por ahora nueve casos).
Dinero que muy posiblemente, a espaldas de los indemnizados, alcanzó para retribuir generosamente la gestión de los caritativos abogados de la entidad sin ánimo de lucro que tuvo a bien representarlos.
Aceptar la matanza cometida por los paramilitares, supuestamente con ayuda de algunos miembros del ejército, en Mapiripán (julio de 1997), fue un episodio muy doloroso y deshonroso para el país. Ahora bien, de comprobarse que ese aciago episodio fue aprovechado por el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo para saquear el erario y para cosechar réditos políticos mediante el desprestigio nacional e internacional del anterior gobierno, por su mal desempeño en materia de derechos humanos, estaríamos frente a otro hecho igualmente repugnante. Aunque las investigaciones todavía se encuentran en su etapa inicial, la milagrosa "resurrección" de algunas de las víctimas y sus aterradoras declaraciones, permiten intuir, además de la infracción, la magnitud del indecente engranaje político y económico que ha estado escondido detrás de Organizaciones No Gubernamentales (ONG), como el ya mencionado Colectivo de Abogados, el Centro de Justicia y Derecho Internacional (CEJIL), la Fundación Manuel Cepeda Vargas, etc.
Que el tristemente célebre Colectivo prometa la devolución de 480 millones de pesos, siempre y cuando se le comprueben las imputaciones, es por decir lo menos, inaceptable.
Colombia entera reclama de ellos, y de todas esas ONG de pacotilla, la misma pulcritud que ellos siempre han exigido del Estado. Como inaceptable es también que la Corte Interamericana de Derechos Humanos diga que no habrá de pronunciarse hasta tener y analizar toda la información. Atinadamente, el presidente Juan Manuel Santos anunció que llevará el caso a la próxima reunión de cancilleres de la Organización de Estados Americanos (OEA). Es de esperar, entonces, que todas las entidades nacionales encargadas de velar por la justicia nacional, asuman con verdadero rigor no solo este vergonzoso caso, sino todos los demás, y por los cuales, en los últimos cuatro años, el Estado colombiano ha pagado más de 71.000 millones de pesos en fallos y conciliaciones con la CIDH. Ojalá esta coyuntura sirva para que liberen a todos los militares que se encuentran injustamente privados de la libertad. Los muertos inventados con fines económicos y políticos también son falsos positivos.
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