La Defensoría Militar colombiana denuncia que los crímenes contra uniformados quedan impunes. Denuncian trabas en la Justicia para iniciar investigaciones y acudirá a la CIDH



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El diario colombiano El Espectador difundió los detalles del último informe de la organización no gubernamental Defensoría Militar (Demil), que recopiló información sobre los crímenes cometidos contra integrantes de la Fuerza Pública.

Esta organización está destinada a la defensa, protección, promoción y divulgación del Derecho Internacional Humanitario y Derechos Humanos, que brega por el acceso eficaz y eficiente a la administración de justicia de sus afiliados, dentro del marco jurídico penal, disciplinario y contencioso administrativo, en el orden nacional e internacional, en busca de una sociedad justa y equitativa.

En su último informe, sólo describe las investigaciones de los crímenes ocurridos entre enero y abril de 2003. "Es que aún tenemos demasiada información por procesar, pasamos más de 10 mil derechos de petición a la Fiscalía", explicó al diario colombiano Jean Carlo Mejía, director de la Demil.

La ONG espera enviar varios de estos casos al sistema interamericano, donde se suele establecer que ocho años sin que un caso avance es tiempo suficiente para declararlo impune. "Es hora de que la Comisión y la Corte Interamericana empiecen a pronunciarse sobre crímenes de guerra y violaciones al DIH, de esas que en Colombia ocurren todos los días", señala Mejía.

Demil registró 138 muertos en el primer cuatrimestre de 2003. En ningún de estos casos se hallaron a los culpables. En más de este centenar de episodios, sólo la minoría ocurrieron en combate. El Espectador consigna que algunos son casos resonantes, como el coche bomba que fue activado en Tame (en el departamento de Arauca) en enero de 2003. En el ataque murieron seis militares. El caso empezó a ser investigado en la Fiscalía Cuarta Especializada de Cúcuta, pero no se volvió a saber nada. "A la fecha se desconoce la situación procesal", dice el informe.

En el Ministerio de Defensa, las cifras son más desalentadoras. En junio pasado, enviaron un oficio a la Fiscalía para saber en qué estado están las 1.174 denuncias por homicidios de uniformados ocurridos entre 2003 y 2011.

El Ministerio también denunció 1.076 víctimas fatales de minas antipersona. Pero, además, aseguran que hay 5.678 militares y 3.439 civiles heridos entre 1990 y 2010.