Las víctimas de la 'otra orilla' Desde el escándalo de los falsos positivos la justicia ordinaria y la comunidad internacional han puesto sus ojos en los crímenes cometidos por miembros de la Fuerza Pública. Cuando las víctimas son los uniformados, sin embargo, los resultados parecen estar en enorme desventaja. Un informe de la organización no gubernamental Defensoría Militar (Demil), conocido por El Espectador y que se recopiló a través de miles de derechos de petición enviados a la Fiscalía, deja ver que ésta se ha quedado corta a la hora de intentar establecer quiénes fueron los autores de crímenes cometidos contra integrantes de la Fuerza Pública.
El informe es parcial, pues sólo describe el estado de investigaciones de hechos ocurridos entre enero y abril de 2003. “Es que aún tenemos demasiada información por procesar, pasamos más de 10 mil derechos de petición a la Fiscalía”, explica Jean Carlo Mejía, director de Demil. La razón de estas fechas, además, radica en que Demil está considerando enviar algunos de los casos al sistema interamericano, donde se suele establecer que ocho años sin que un caso avance es tiempo suficiente para declararlo ‘impunidad’. “Es hora de que la Comisión y la Corte Interamericana empiecen a pronunciarse sobre crímenes de guerra y violaciones al DIH, de esas que en Colombia ocurren todos los días”, señala Mejía.
En total, Demil cuenta 138 muertos en el primer cuatrimestre de 2003. De esos 138, en ningún caso se ha encontrado a alguna persona culpable; la minoría se relacionan con hechos en combate y en casi todos las víctimas fueron soldados profesionales. Algunos son casos que en su momento tuvieron resonancia, como el carro bomba que fue activado en Tame (Arauca) en enero de 2003, por el cual murieron seis militares, en tiempos en que Arauca había sido declarada “zona de rehabilitación” (zona especial de orden público). El caso empezó a ser investigado en la Fiscalía Cuarta Especializada de Cúcuta, pero no se volvió a saber nada. “A la fecha se desconoce la situación procesal”, dice el informe.
En el Ministerio de Defensa las cifras son igual o más desalentadoras. Este diario conoció que en junio pasado esa cartera envió un oficio a la Fiscalía para saber qué ha pasado con las 3.050 denuncias que se han interpuesto por casos ocurridos entre 2003 y 2011, incluidos 1.174 por homicidios de uniformados, 753 por asesinatos de uniformados en estado de indefensión y 15 por desaparecidos. Según ha establecido el Ministerio, para investigar estas denuncias hay un solo fiscal de derechos humanos y un solo fiscal antiterrorismo. En cambio hay 102 investigadores para indagar casos donde los presuntos responsables de los crímenes son miembros de la Fuerza Pública.
El Ministerio ha interpuesto también 1.076 denuncias por víctimas de minas antipersona. En este aspecto, las cifras en Colombia son aterradoras: 5.678 militares y 3.439 civiles afectados entre 1990 y 2010. Ante los números en rojo de culpables por poner estos artefactos, según la información de Demil y del Ministerio, queda en evidencia la dificultad de encontrar en Colombia responsables por estos crímenes. El reporte de Demil describe otros episodios más a sangre fría, como el de dos soldados que murieron baleados en un hospital o el de un cabo a quien le propinaron siete disparos por la espalda en el casco urbano de un pueblo (ver infografía). “La sociedad debería ser más solidaria y pedir más respeto e igualdad ante la ley para estos hombres y mujeres”, señala Rodrigo Obregón, director de la Fundación Colombia Herida. Esta fundación trabaja con miembros de la Fuerza Pública heridos en combate y con familias de uniformados muertos en combate. Por eso, Obregón ha sido testigo directo de los estragos de la guerra. “Pero en Colombia ha hecho carrera un concepto malévolo: ‘son pobres, nacieron para morir por nosotros’ —añade Obregón—. Esa actitud tan displicente de la sociedad da vergüenza”. El informe de Demil, sobre el cual la entidad seguirá trabajando en los próximos meses, es un pequeña muestra del grado de impunidad que ocurre en la otra orilla, cuando las víctimas son las fuerzas de seguridad del Estado. Su director está convencido de que estos casos podrían prosperar en el sistema interamericano: un jalón de orejas que podría funcionar para activar un pedazo de la justicia aparentemente en coma.
Carros bomba y tiros por la espalda
El caso de Tame (Arauca), donde seis soldados murieron por la activación de un carro bomba, no es el único ocurrido en el primer cuatrimestre de 2003 que sigue sin haberse resuelto. En La Palma (Cundinamarca), el 11 de enero de 2003, tres soldados profesionales fallecieron por un carro lleno de explosivos que el frente 22 de las Farc había abandonado. La Fiscalía 21 de la Unidad Nacional contra el Terrorismo declaró un auto inhibitorio en mayo de 2004, es decir, el caso quedó en ‘veremos’ por falta de pruebas concretas para avanzar. El 16 de febrero de 2003, el cabo segundo Wílber González Cardona murió en el casco urbano de Puerto Rico (Meta), cuando presuntos milicianos de las Farc le propinaron siete tiros por la espalda. Su caso, al igual que el anterior, quedó suspendido con un auto inhibitorio. En Cubará (Boyacá), Fabio Godoy Bohórquez murió por un disparo en la cabeza el 21 de febrero de 2003. Cuatro días más tarde, en Teorama (Norte de Santander), el soldado Arturo Arias murió por las múltiples heridas que le causó un artefacto explosivo artesanal, posiblemente activado por el Eln. Todos estos casos, de igual modo, fueron resueltos con autos inhibitorios.
Asesinados dentro de un hospital
Carlos Julio Correa, soldado profesional, y Hernán Villa García, cabo tercero, fueron asesinados dentro del hospital de Fortul (Arauca) el 22 de abril de 2003. La información divulgada con respecto a este hecho no es clara, pues no se sabe con precisión si esperaban a que un compañero fuera atendido o si ellos esperaban tratamiento.
Los uniformados hacían parte de la Fuerza de Despliegue Rápido (Fudra). No se sabe tampoco quiénes fueron los autores del asesinato: el reporte de Demil indica que fue el Eln, mientras que otras informaciones culpan a las Farc.
Once soldados masacrados en Aracataca
El 27 de marzo de 2003, el frente 19 de las Farc preparó una trampa para el Ejército que le costó la vida a 11 uniformados. Un convoy de tres vehículos se desplazaba por zona rural de Aracataca, cerca de la Sierra Nevada, intentando prevenir un secuestro masivo. Horas más tarde los soldados resultaron en medio de un campo minado, que la guerrilla activó de inmediato. Sólo uno de los carros estaba blindado, por lo que los ocupantes de los otros dos vehículos murieron en la explosión y ocho más quedaron heridos. Dos semanas antes, cerca de la Sierra también, una patrulla con cuatro soldados había caído en un campo minado.
La Fiscalía 32 de la Unidad de Derechos Humanos de Barranquilla es la responsable de esta investigación. Según la información que recibió Demil, el caso se encuentra activo y en etapa de instrucción. Es decir, se están recopilando las pruebas necesarias para determinar quién fue responsable de estas muertes.