La Registraduría presentó denuncia ante la Fiscalía por 5.102 apoyos de ciudadanos fallecidos que respaldan con firmas la inscripción de 156 candidatos

Se presentó denuncia penal en averiguación de responsables por la presunta comisión de delitos como falsedad en documento y fraude procesal.

La depuración realizada al censo electoral entre los años 2008 y 2010, que permitió sacar del censo más de 5,5 millones de cédulas de ciudadanos fallecidos, hizo posible que la Registraduría detectara esta anomalía.

Bogotá D.C., viernes 21 de octubre de 2011. La Registraduría Nacional del Estado Civil, a través de la Dirección de Censo Electoral, formuló denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación, para que se adelante averiguación sobre los responsables de la presunta comisión de los delitos de fraude procesal y falsedad en documento, ya que en el proceso de revisión de más de 5 millones de firmas entregadas para respaldar la inscripción de candidatos a distintas corporaciones, se encontraron 5.102 apoyos de ciudadanos fallecidos que respaldaban la inscripción de 156 candidatos.

En la denuncia presentada ante la Fiscalía se señala que “al percatarse la Entidad de las relacionadas anomalías fundadas en firmas de ciudadanos que se encuentran fallecidos en las bases de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil, certifica el número total de respaldos entregados, el número de éstos nulos y el número de apoyos válidos para el cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales exigidos para la inscripción de candidatos”.

La Registraduría “anula aquellos respaldos que no cumplan con el mínimo de requisitos exigidos en el formulario de recolección de firmas que apoyan la inscripción de un candidato o que incurran en alguna de las irregularidades o inconsistencias antes señaladas, con el fin de certificar la inscripción de candidatos cuando ella sea mediante suscripción de firmas”.

“Por lo expuesto, la Registraduría Nacional del Estado Civil al detectar las inconsistencias citadas, considera conveniente poner en conocimiento de las autoridades competentes las irregularidades evidenciadas, con el fin de que se inicien las actividades tendientes a establecer la presunta comisión de un hecho punible y sus responsables”.

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