Las bandas criminales emergentes obligan a los dueños de tiendas a comprar sus licores adulterados. Los extorsionan e, incluso, los amenazan de muerte. Este negocio les permite financiar otras actividades delictivas


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Un estudio de la Universidad de Antioquia, difundido por El Tiempo, reveló que estos grupos delictivos de Colombia impulsan la venta de bebidas adulteradas. "Los tenderos y comerciantes son obligados a comprarles a los Rastrojos el trago que ellos venden", aseguran.

De hecho, según informa e periódico, los distribuidores legales de bebidas en el departamento de Antioquia no pueden llegar a ciertas zonas porque los delincuentas se lo prohíben. "Ellos (las bacrim) pasan los miércoles, jueves y viernes repartiendo el trago falsificado. Los lunes y martes vuelven, para recoger la plata", asegura la fuente.

El costo promedio de una botella de aguardiente antioqueño fraudulento, por ejemplo, no sobrepasa los 4.000 pesos (2 dólares). Eso supone un amplio margen de ganancia para todos los que participan en la cadena hasta que llega al consumidor final. Una botella legítima de aguardiente Antioqueño vale unos 22.000 pesos (11 dólares).

De acuerdo con las autoridades, el licor se fabrica en garajes y bodegas en condiciones higiénicas deplorables. "La Policía ha encontrado, por ejemplo, que los delincuentes usan puntillas oxidadas para darle color al 'ron', por no hablar del metanol (alcohol no apto para consumo humano)", grafica el diario.

Para el ex congresista Nicolás Uribe, el licor falso no solo es un asunto de salud pública: "Las que se están apropiando del negocio del licor adulterado son las bandas criminales. Cuando la gente compra eso, no solo está exponiendo su salud, sino que está financiando la delincuencia".

Estas "bandas criminales" actúan de forma similar a los paramilitares, porque poseen una estructura vertical, dominio territorial y vínculos con sectores estatales y las fuerzas públicas. Están catalogadas como las sucesoras de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), cuyos integrantes -de extrema derecha-, se desmovilizaron entre 2003 y 2006, durante el gobierno de Álvaro Uribe, a cambio de beneficios jurídicos.

Las bandas conocidas como Los Rastrojos, Los Urabeños, Los Paisas, el Ejército Revolucionario Popular Anticomunista de Colombia (ERPAC), las Águilas Negras y la Oficina de Envigado son las estructuras responsables del 90% de las acciones delictivas. Pero, según las autoridades, sus guerras y pactos dejarán sólo tres grandes actores, que podrían llegar a ser los nuevos megacárteles del país.

El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) definió estas bandas como narcoparamilitares. Según su último informe, entre 2008 y 2010, estos gruposampliaron su "radio de movilidad en 100 municipios" y "consolidaron su presencia" en zonas del norte y oeste de Colombia, especialmente en los departamentos de Antioquia, Cauca, Caldas, Casanare, Cesar, Chocó, Córdoba, Bolívar, Magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santander, Valle del Cauca y Sucre.

Estos grupos emergentes secuestran, extorsionan, organizan asaltos y trafican droga. Indepaz, que usó para su estudio datos del Gobierno -Fuerzas Armadas y Policía Nacional- y de organismos internacionales como la Organización de Estados Americanos (OEA), estima que desde 2008 unos 30 grupos se reorganizaron en "seis potentes estructuras".