Denunciante Constante
 |  Los olvidados de la patria.
Calificación: de
5,00
 | ¿Qué pasó con los cientos de soldados y policías liberados hace una década después de pasar años en manos de las Farc? La respuesta es una de las páginas más tristes de la historia del país. 
El único trabajo fijo que Luis Eduardo ha tenido en su vida fueron los nueve meses de servicio militar que lo llevaron a ese combate fatídico de setenta horas, en el que –según relatan él y sus compañeros– superados en proporción de diez a uno, mal armados, mal entrenados y con un único mortero que no funcionaba, en medio de la lluvia de cilindros de la guerrilla, él y los otros 128 soldados y policías que no murieron quedaron en manos de las Farc hasta el 28 de junio de 2001, cuando fueron liberados en medio de las negociaciones con el gobierno de Andrés Pastrana, en el Caguán.
Desde entonces, la vida de Luis Eduardo Almonacid ha sido un calvario marcado por el olvido de la sociedad y del Estado. Cuando él y sus compañeros salieron libres, los recibieron Andrés Pastrana y el general Jorge Enrique Mora en la base de Tolemaida. “Les debemos la máxima gratitud de la patria (…) El cariño de sus compatriotas los seguirá donde quiera que vayan”, les prometió el presidente. Diez años después, Luis Eduardo limpia, carga y acomoda bagres y róbalos en las neveras de la Corporación de Abastos de Bogotá. Ha sido intermitentemente repartidor de periódicos, montallantas, asistente de camionero y estibador en una bodega de vinos. Sigue tomando seis pastillas diarias de tres drogas psiquiátricas que tendrá que usar de por vida, pues fue diagnosticado, años después de haber sido dado de baja, con estrés postraumático, que retorna de cuando en cuando en ramalazos violentos. Y del cariño y la gratitud de la patria no tiene sino lo que ha logrado conseguir a través de demandas y tutelas.
Al quedar libre, pasó ocho meses en el Batallón de Sanidad del Ejército, donde lo atendieron hasta que dieron por terminado su servicio militar obligatorio. Afirma que todo lo que le dijeron es que tenía “12 por ciento de discapacidad laboral” y que no tenía derecho a pensión (el requisito es un 75 por ciento, certificada por una junta médica) ni, en consecuencia, a servicio de salud. En 2005 puso una tutela, asediado por la depresión, el insomnio y súbitos ataques de agresividad que llevaron a su mujer, madre de Catalina, una de sus dos hijos, a dejarlo. El año siguiente, una junta médica del Ejército lo revaloró, le diagnosticó el estrés postraumático y le dieron una pensión de 822.000 pesos y un carné del servicio de salud de las Fuerzas Armadas, que certifica que tiene una discapacidad mental, razón por la que ninguna empresa ha querido contratarlo. Su madre, Luz Dary Barahona, murió un mes después de su liberación, por una diabetes que descuidó por atenderlo. Él vive hoy con su otro hijo, Brayan, que tenía cuatro años cuando salió del cautiverio, en una pieza alquilada en un barrio de Bosa, en el pobre sur de Bogotá.
Esta historia, con variaciones circunstanciales, es la misma que relataron a SEMANA muchos de esos uniformados liberados hace una década. En total, desde 1996, 420 policías y 256 militares han caído en manos de las Farc; casi todos, entre 1998 y 2000. La mayoría fue liberada en 2001. Otros 11 salieron a partir de 2008, en operaciones como Jaque y Camaleón o gracias a intervenciones como las de la exsenadora Piedad Córdoba. Hoy siguen en cautiverio seis oficiales del Ejército y 12 de la Policía, algunos de los cuales llevan más de 12 años en la selva.
Los liberados en operaciones de gran resonancia en los medios, como Jaque, en la que fue rescatada Íngrid Betancourt, o los que lograron fugarse como John Frank Pinchao (ver recuadro) han sido objeto de toda clase de beneficios, en especial de la empresa privada, que les ha dado becas y regalos. Pero el grueso de los uniformados que salieron de su cautiverio a comienzos de la década pasada vive sorteando las mismas penurias cotidianas que padecen millones de colombianos pobres, agravadas por los fantasmas del estrés postraumático, que afecta a muchos en diverso grado. En días recientes, el asesinato de uno de ellos, el soldado William Domínguez, que cantaba en los buses y tenía un historial de drogadicción e indisciplina en los batallones a los que estuvo adscrito, ha vuelto a poner sobre el tapete la difícil situación en la que se encuentran.
SEMANA habló con cerca de veinte sobrevivientes del ataque a Miraflores y con liberados de otras tomas (ver recuadros). Todos dicen que fueron dados de baja con algún nivel de incapacidad, sin derecho a pensión ni atención médica, que solo consiguieron años después a través de tutelas y demandas, y que no han contado con ayuda para acceder a educación, vivienda o procesos productivos.
En el Ejército sostienen que se hizo todo lo posible por ayudarles. “A nuestra gente que está en el monte, escuchar que tenemos cientos de hombres abandonados les hace mucho daño y es muy grave para la moral, sobre todo cuando eso no es cierto. Con todos ellos cumplimos con lo de ley, y cuando se puede hacer algo más, se hace”, dice un oficial. Personal especializado militar y policial explicó a SEMANA los protocolos de atención en estos casos y las limitaciones legales que había en 2001, cuando muchos de los beneficios con que ahora cuentan los militares no existían.
De los casi 700 uniformados que cayeron en manos de las Farc, unos 200 prestaban su servicio militar obligatorio, la mayoría en el Ejército; los demás eran patrulleros o soldados voluntarios, los antecesores de los soldados profesionales. Al ser liberados, los primeros ya habían cumplido con creces sus 18 meses de servicio. Durante su cautiverio, se acompañó a parte de sus familias. Una vez salieron, se les hizo seguimiento médico y psicológico en el Batallón de Sanidad o en el Hospital de la Policía y se les dio de baja después de que juntas médicas certificaran niveles variados de incapacidad, que daban, en casi todos los casos, para indemnizarlos, pero no para pensionarlos ni para que pudieran acceder a servicios de salud una vez fuera de las Fuerzas Militares. Los liberados alegan que no fueron indemnizados sino cuando demandaron; los militares sostienen que a todos se les pagaron indemnizaciones entre los tres y los 34 millones de pesos y que el problema es que estas tardan hasta dos años en entregarse. En cuanto a los voluntarios, a comienzos de los años 2000 no tenían los beneficios de asignación salarial de retiro, salud o vivienda, de los que hoy gozan los soldados profesionales, que los han ganado por cambios posteriores en la legislación.
El caso es que la gran mayoría, ya fueran regulares o voluntarios, en el Ejército y la Policía, fue dada de baja con dictámenes médicos que no daban para pensión ni seguimiento en salud, pese a que muchos llevaban por dentro el veneno del estrés postraumático, diagnosticado por las juntas médicas. “Se hizo el proceso correcto en 2001, pero no se previó que dos o tres años después pudieran revivir los síntomas”, dijo a SEMANA una experta que conoce el problema desde dentro. Entonces, los militares se enfrentaban por primera vez a situaciones de secuestro masivo. Hoy hay protocolos profesionales de atención; en 2001, se aprendía sobre la marcha.
Una vez fuera de la institución, sin tratamiento médico especializado, el estrés postraumático empezó a hacer estragos entre muchos de los liberados. Ataques súbitos de agresión, pesadillas, insomnio, llanto desenfrenado, se volvieron cotidianos para muchos de ellos. “El ruido me desesperaba; si mi hijo lloraba, le tapaba la boca y mi mujer tenía que quitármelo por miedo a que lo asfixiara”, dice uno de ellos. “Me desperté y me dolían las manos: había cogido una puerta a puños y no me di ni cuenta”, relata uno más. “Yo me tomo 230 pastillas al mes. Cada vez que no me tomo las pepas, cojo a mi mujer a golpes”, cuenta otro,a quien le pasa aún hoy. Siete murieron asesinados; uno de ellos, después de matar, aparentemente, a su cuñado y de provocar la muerte de su hermana.
En esa situación, a partir de 2004, muchos pusieron tutelas; las juntas médicas los revaluaron y les otorgaron pensiones por “incapacidad mental”. Ese dictamen, que les dio acceso a tratamiento médico y a una suma mensual que va de los 740.000 al millón de pesos, paradójicamente les cerró la puerta del mundo laboral, pues ninguna empresa quiere contratarlos. “Entre la guerrilla y el Estado nos relegaron a tener los 740.000 pesos de pensión y nada más –dice Yobany Ardila, fundador de la asociación Cadenas de Libertad, que reúne a varias docenas de ellos–. Si pudiéramos volver a tener la salud de antes, entregaríamos todo. Las limitaciones con las que quedamos nos impiden acceder a vivienda y educación; por eso, el Estado debe asumir la responsabilidad, sobre todo con nosotros, que somos tan poquitos”. Ahora, describen esta década de su vida laboral con resignado sarcasmo: “Trabajamos –dicen– como rateros, es decir, por ratos, y como toreros, por temporadas”.
|