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Reviven demanda a candidatura de Gustavo Petro




El concejal Orlando Parada volvió a demandar a Petro por su militancia en el M-19 y haber sido condenado por un general de la República. Una nueva pelea política.








Orlando Parada, uno de los cuatro concejales de La U denunciados por Gustavo Petro de estar presuntamente comprometidos con el carrusel de la contratación en Bogotá, respondió con un ataque jurídico al candidato a la Alcaldía Mayor.




Ante el juzgado sexto administrativo de Bogotá, Parada demandó la candidatura de Petro y le pidió al contencioso administrativo que revoque su aspiración política.



El argumento de Parada es que la reforma política de 2009 establece que ninguna persona que haya sido condenada “en cualquier tiempo” por delitos relacionados con la pertenencia, promoción o financiación de grupos armados ilegales “puede aspirar a cargos de elección popular, ser designado como servidor público o celebrar contratos con el Estado.



El concejal de La U también considera que así no se estableciera la relación por la comisión de un delito político, “se debe dar cumplimiento” a lo señalado por la Ley 617 de 2000, que en su artículo 95 establece que son inhabilidades para ser alcalde “quien haya sido condenado en cualquier época por sentencia judicial a pena privativa de la libertad, excepto por delitos políticos o culposos; o haya perdido la investidura de congresista o a partir de la vigencia de la presente Ley, la de diputado o concejal; excluido del ejercicio de una profesión; o se encuentre en interdicción para el ejercicio de funciones públicas”.



El recurso de Parada no es nuevo. El año pasado este concejal fue el mismo que demandó la candidatura presidencial de Gustavo Petro, en ese entonces avalada por el Polo Democrático.





Aquella demanda pedía la revocatoria de la candidatura de Petro pero fue interpuesta ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), organismo que, al corroborar las bases de datos de la Procuraduría, rechazó la demanda.



El CNE, el 8 de marzo de 2010, concluyó que Petro “no presenta ningún tipo de inhabilidad para aspirar a un cargo de elección popular”.



Un año después, y tras haber sido denunciado públicamente por Petro, Parada revivió esta demanda.



El concejal considera que la decisión adoptada en su momento por el CNE, de permitir la inscripción de Petro como candidato a la presidencia, fue “vergonzosa”.



Pese a la claridad de las normas y prácticamente a la confesión por parte del mismo Petro, quien reconoce en su blog de internet que fue condenado por el el general Arias Cabrales, a través de una resolución, sin juicio. Como había justicia penal militar contra los civiles por decreto de Estado de Sitio, obviamente, se le había transferido a los jefes de unidad la facultad de condenar civiles”.






Según Parada, el CNE rechazó la demanda por “forma y no por fondo”. En su criterio, la rechazó porque ni la Dirección Ejecutiva de la Justicia Penal Militar, ni el DAS, ni la cárcel La Modelo de Bogotá, enviaron las pruebas solicitadas en la demanda, entre ellas, la sentencia de condena, tal como se puede apreciar en la resolución 0475 de 2010. “Es absurda una determinación de esta magnitud por silencio del Estado”, dice el concejal.





La nueva demanda se sustenta en las mismas pruebas. Y además recurre al argumento de que si no se revoca la candidatura de Petro “perfectamente, en algunos años, podrían tener cabida en las corporaciones de elección popular o altos cargos públicos criminales como Jorge 40, Don Berna, Monoleche, Mancuso, Alfonso Cano, Gabino, el loco Barrera, los hermanos Comba y otros tantos terroristas que han enlutado la patria y que encontrarán la puerta abierta para aspirar a ganar la confianza de los ciudadanos en la urnas”, dice Parada.







Ahora, será la jurisdicción contenciosa la que se encargará del asunto. Un juez de la República deberá pronunciarse si Petro, por haber militado en el M-19 y haber sido condenado por esa razón por un general de la República (con las atribuciones otorgadas a los militares en el estado de sitio decretado tras el asesinato del entonces ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla), puede o no aspirar a la Alcaldía de Bogotá.






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