Israel echó la culpa de sus anteriores guerras a la amenaza que se cernía sobre su seguridad, incluso la guerra que emprendió contra Líbano en 1982. Sin embargo, no había justificación para su ataque a Gaza y hay llamamientos internacionales a que se investigue. Pero, ¿existe la voluntad política de hacer a Israel responsable de sus crímenes?
Por primera vez desde el establecimiento de Israel en 1948 su gobierno se enfrenta a graves acusaciones de crímenes de guerra por parte de respetadas figuras públicas de todo el mundo. Incluso el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, normalmente tan cauto para no ofender a Estados soberanos (especialmente a los alineados con su miembro más influyente, Estados Unidos), se ha unido a la demanda de una investigación y de exigir posibles responsabilidades. Para entender el significado de estos acontecimientos es necesario explicar lo que hace que los 22 días de ataques a Gaza por parte de Israel se diferencien tan terriblemente de los anteriores emprendidos para mantener su seguridad y sus intereses estratégicos.
En mi opinión, lo que hace que los ataques contra Gaza iniciados el 27 de diciembre sean diferentes de las muchas guerras emprendidas por Israel a lo largo de los años es que las armas y tácticas empleadas devastaron a una población civil esencialmente indefensa. La desigualdad de la confrontación fue tan absoluta, como indica la comparación entre las víctimas de uno y otro bando (más de 100 a 1; más de 1.300 palestinos muertos frente a 13 israelíes, algunos de los cuales por fuego amigo) que la mayoría de los observadores se abstuvo de calificarla de “guerra”.
Los israelíes y sus amigos hablan de “represalia” y del “derecho de Israel a defenderse”. Los más críticos calificaron los ataques de “masacre”, de crímenes de guerra y de crímenes contra la humanidad. En el pasado, el uso de la fuerza por parte de Israel solía condenarse, especialmente por parte de los gobiernos árabes, y se incluían las acusaciones de haber violado la Carta de Naciones Unidas, pero se reconocía implícitamente que Israel estaba usando la fuerza de forma belicosa. Las acusaciones de crímenes de guerra (en la medida en que se hacían) provenían únicamente de gobiernos radicales y de la extrema izquierda.
Las primeras guerras emprendidas por Israel fueron contra sus vecinos árabes que literalmente desafiaban el derecho de Israel a existir como un estado soberano. Los brotes de fuerza eran de naturaleza intergubernamental; e incluso cuando Israel desplegó su superioridad militar en la guerra de seis días en junio de 1967, se consideró dentro del marco de la política mundial normal y aunque puede que fuera ilícito, no fue criminal.
Pero esto empezó a cambiar a partir de la guerra de 1982 en Líbano. El objetivo principal entonces era la presencia de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) en el sur de Líbano. Pero ahora esta guerra se recuerda fundamentalmente por su final, con la matanza de cientos de civiles palestinos desarmados de los campos de refugiados de Sabra y Chatila. Aunque esta atrocidad fue obra de la milicia cristiana libanesa, contó claramente con la aquiescencia, el control y la complicidad de Israel. Aún con todo, este incidente, aunque alarmante, sólo fue parte de la operación militar, que Israel justificó como necesaria debido a la incapacidad del gobierno libanés para impedir que se usara su territorio para amenazar la seguridad israelí.
El legado de la guerra de 1982 fue la ocupación por parte de Israel del sur de Líbano y la formación de Hizbolá como reacción. Esta organización creó una resistencia armada que acabó llevando a la bochornosa retirada israelí en 1998. Esto creó el marco para la guerra de 2006 contra Líbano en la que se anunció que el adversario era Hizbolá y la zona de combate inevitablemente mezcló partes de la población civil libanesa con la campaña militar emprendida para destruir a Hizbolá. Esta utilización de fuerza israelí altamente tecnológica suscitó la cuestión de luchar contra una sociedad hostil que no tenía unos medios equivalentes de defenderse como si fuera un Estado enemigo. También se cuestionó la pertinencia de la opción militar para los objetivos políticos de Israel, ya que Hizbolá salió fortalecido de la guerra y el único resultado real fue la reputación dañada de las Fuerzas Defensivas Israelíes* (IDF, en sus siglas en inglés) como fuerza combativa y su salida del sur de Líbano devastado.
La operación en Gaza hizo que estas cuestiones pasaran a un primer plano ya que escenificó este cambio de Estados que luchaban a luchas contra movimientos de resistencia armada y relacionado con ello la conversión desde el lenguaje habitual de “guerra” al lenguaje del hecho “criminal”. En un sentido que es fundamental, Israel consiguió presentar de manera sesgada tanto la percepción como el discurso consiguiendo que los medios de comunicación y los diplomáticos centraran la cuestión legal penal internacional básica en si el uso de la fuerza por parte de Israel fue “desproporcionado” o no.
Esta forma de describir el recurso por parte de Israel a la fuerza ignora la cuestión de base: en cualquier sentido legal, ¿en primer lugar fueron los ataques de carácter “defensivo”? Una investigación de las circunstancias que los rodearon muestra una ausencia de cualquier tipo de necesidad defensiva: un alto el fuego temporal entre Israel y Hamás que estaba en vigor desde el 19 de julio de 2008 había logrado reducir la violencia entre los países fronterizos prácticamente a cero; Hamás ofreció de forma continuada ampliar el alto el fuego, incluso hasta un periodo de diez años; la ruptura del alto el fuego no es fundamentalmente resultado del lanzamiento de cohetes por parte de Hamás sino que se produjo principalmente como consecuencia de un ataque aéreo israelí el 4 de noviembre que mató a seis combatientes de Hamás en Gaza.
¿Fuerza desproporcionada?
En otras palabras, no había motivos para exigir el derecho a defenderse ya que Israel no había sido objeto de un ataque de Hamás, existían alternativas diplomáticas al uso de la fuerza y parecían verdaderas y era legalmente obligatorio confiar en su buena fe. Basándose en esto, el punto central del debate legal no debería ser si la fuerza de Israel fue desproporcionada o no. Desde luego que lo fue. El punto central debería ser si los ataques israelíes fueron un uso de la fuerza no-defensivo y prohibido según la Carta de Naciones Unidas, equivalente a un acto de agresión y, como tal, constitutivo de un crimen contra la paz. Después de la Segunda Guerra Mundial en Nuremberg los dirigentes nazis que habían sobrevivido fueron declarados culpables de este crimen, descrito en la sentencia como “el crimen supremo” que abarcaba los demás.
Casi inevitablemente, la forma de la confrontación en Gaza hace borrosa la diferencia entre guerra y crimen y cuando ocurre en una zona confinada y densamente poblada como es Gaza, mezcla necesariamente a los resistentes con la población civil. También induce a que la resistencia dependa de ataques criminales a civiles ya que no tiene capacidad militar para oponerse directamente a la violencia del Estado. En este sentido, los ataques israelíes a Gaza y la resistencia de Hamás cruzaron la línea divisoria entre un combate legítimo y crímenes de guerra.
Estos dos lados no deberían ser considerados igualmente responsables de los acontecimientos recientes. Israel empezó la campaña de Gaza sin tener una base legal adecuada o una causa justa, y fue responsable de causar una devastación descomunal y todo el sufrimiento de los civiles. El hecho de que Israel se sirviera de una acción militar para derrotar o castigar a Gaza fue intrínsecamente “criminal” y, como tal, demuestra que violó el derecho de guerra y cometió crímenes contra la humanidad.
Hay otro elemento que refuerza la acusación de agresión. Cuando Israel emprendió los ataques la población de Gaza llevaba 18 meses sometida a un bloqueo punitivo. En general este bloqueo se consideraba, correctamente, un castigo colectivo de forma que violaba los Artículos 33 y 55 de la Cuarta Convención de Ginebra que rige la conducta de una potencia ocupante en relación a la población civil que vive bajo su ocupación. Esta política en sí misma fue condenada por ser un crimen contra la humanidad, así como una grave violación del derecho humanitario internacional.