Casos serios, anónimos y hasta inexistentes reposan en la Comisión de Acusaciones contra el exmandatario. ¿Tendrán algún futuro?
En los lomos de los expedientes que reposan en los atiborrados anaqueles de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, el nombre que más aparece es el de Álvaro Uribe Vélez. Está impreso 261 veces, en igual número de procesos inconclusos, en los renglones reservados a los datos del ‘presunto sindicado’.
El caso relacionado con las ‘Chuzadas’ del DAS es al que más le apuntan los medios cada vez que Uribe tiene que comparecer a esa Comisión. Pero no el único proceso. Congresistas de oposición, abogados, representantes de ONG y hombres y mujeres del común figuran entre los denunciantes y han promovido en su contra causas de toda índole.
A esa Comisión llegan serias denuncias interpuestas en la Fiscalía General de la Nación o quejas disciplinarias remitidas por la Procuraduría General porque no son los órganos competentes para investigar al mandatario.
En una revisión de los 261 procesos que cursan contra Uribe, hay desde once denuncias anónimas enviadas vía correo electrónico, hasta serias acusaciones interpuestas por congresistas y excongresistas, presidentes de partidos y exmagistrados, todos convencidos de que algunas actuaciones de Uribe traspasaron la frontera de la legalidad. Todos los procesos se encuentran en ‘Instrucción’.
Este el caso de los congresistas Jorge Enrique Robledo y Luis Carlos Avellaneda; el exconcejal Bruno Díaz; el presidente del partido Liberal, Rafael Pardo; los excongresistas Yidis Medina, Jesús Piñacué, Gloria Cuartas, Wilson Borja, y el concejal Antonio Sanguino, entre muchos otros.
Pero nadie da un voto de confianza en esas investigaciones. Se trata de denuncias que se abandonan al olvido en atiborrados anaqueles y nunca prosperan. Son el fiel reflejo de la burocracia y la desidia.
Las quejas o investigaciones remitidas a esta dependencia están fechadas entre 2004 y 2010. Todas, según el listado conocido por Kien&Ke, tienen el rótulo de “preliminares” y a la mayoría no se le ha practicado pruebas. En otros casos los expedientes no aparecen y en la mayoría el delito está por establecer.
Es el caso del expediente rotulado con el número 1932 del 18 de mayo de 2006. Se trata de una queja disciplinaria interpuesta en la Procuraduría por el entonces senador del partido Liberal Rafael Pardo. Según los datos, Uribe quiso relacionar al dirigente liberal con un presunto complot, orquestado por las Farc, contra su gobierno. A juzgar por las pruebas, esto lo habría hecho Uribe a instancias del excomisionado de Paz Luis Carlos Restrepo. Este viejo proceso se encuentra en etapa de verificación y en la Comisión ni siquiera han podido establecer el delito.
Lo mismo ocurre con el proceso 2117 de febrero 8 de 2007, una denuncia interpuesta por el senador del Polo Jorge Enrique Robledo contra el exmandatario por presunta traición a la patria. En dicho proceso, Robledo declara que las actividades del gobierno de Uribe en favor del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos menoscaban la soberanía del país. La investigación pasó por las manos de tres congresistas en el periodo pasado y ahora se desconoce su estado.
Nadie sabe qué ha ocurrido con los expedientes de quejas disciplinarias interpuestas por el senador Luis Carlos Avellaneda contra Uribe por la ‘Yidispolítica’. Lo mismo acontece con la denuncia del concejal Antonio Sanguino, que se declaró víctima de las ‘Chuzadas’, y con la que interpuso el exconcejal Bruno Díaz en la Fiscalía, por considerar que el gobierno de Uribe no enfrento cómo debía la crisis de la salud y las EPS. Dicha denuncia fue remitida a esa Comisión. Tampoco se sabe de la queja disciplinaria que interpuso contra Uribe el exsecretario general del partido Liberal José Noé Ríos por su presunta participación en política.
Otro tema que se deprende en la Comisión de Acusaciones es el desorden que allí se genera cuando se clasifican los procesos. En el listado donde reposan todos los expedientes, hay uno rotulado con el número 3042 del 25 de noviembre de 2010, cuyo denunciante es el expresidente de la Corte Suprema de Justicia Cesar Julio Valencia. En comunicación con Kien&Ke, Valencia aseguró que nunca ha denunciado al expresidente y que lo único que hizo fue interponer una queja disciplinaria en la Procuraduría contra Cesar Mauricio Velásquez, el exjefe de prensa de la Casa de Nariño, por hacer aseveraciones en su contra a través de boletines de prensa oficiales.
Sin embargo, tanto la Procuraduría como la Comisión de Acusaciones entendieron que se trataba de una denuncia directa contra Uribe y así aparece en los archivos abiertos de esa Comisión.
Un caso similar ocurre con el abogado Ramiro Bejarano. En la Comisión se halla en averiguación el proceso radicado con el número 2606 del 24 de marzo de 2009, en el que Bejarano aparece denunciando al expresidente Uribe; sin embargo, Bejarano lo niega y dice que en algún momento envió un derecho de petición solicitando información sobre unos procesos. Al parecer, en la Comisión se le dio un alcance de denuncia a su solicitud. “Eso demuestra lo ineficaz e incompetente de esa dependencia”, dijo el jurista.
Es tal el desbarajuste, que en otro proceso aparece como denunciante de Uribe el exsecretario jurídico de la Casa de Nariño Edmundo Del Castillo. Pero no hay tal. Sólo se trata de una denuncia contra su exjefe que llegó a Presidencia en mayo de 2010. Al recibirla, del Castillo la remitió a la Comisión de Acusaciones, por el fuero que ésta tiene para investigar al exmandatario. Aún así, Del Castillo sigue apareciendo como denunciante.
El secretario general de la Comisión de Acusaciones, Gonzalo Pinzón, reconoce que hay problemas inocultables. Asegura que el tema es tan crítico, que los quince congresistas que la conforman, catorce de ellos nuevos, han tenido que arrancar de cero la instrucción de los procesos que dejaron sus antecesores. Además, deben asumir responsabilidades en otras comisiones a las que pertenecen, como la Constitucional y la de Presupuesto.
El tema es tan dramático que ni las investigaciones que se adelantan contra Uribe, exfiscales generales de la Nación y magistrados, tendrán viabilidad. Esto se debe a que durante la semana, los congresistas permanecen en su oficina máximo tres de los cinco días.
Hay otros problemas, considerados menores, que hacen que esta Comisión sea inviable. Pinzón asegura que no hay ni siquiera una fotocopiadora o tinta suficiente para reproducir el material de las denuncias y repartirlas entre los congresistas. “El expediente de las ‘chuzadas’, por ejemplo, tiene 17.000 folios, y en ocasiones no hay ni para sacarles fotocopia”, dice Pinzón, quien dice estar haciendo esfuerzos para mejorar esa dependencia. “Incluso hay una propuesta en curso para que los congresistas que la integran tengan dedicación exclusiva a ella”, agrega.
La pregunta que muchos se hacen es, ¿hasta dónde es sostenible una Comisión que se limita a acumular expedientes?