Condena de tres años de cárcel a hombre que usó un billete falso desata polémica en el país
¿Debe un ciudadano que usó un billete falso de 50.000 pesos pagar una condena de tres años y el ex secretario jurídico del IDU purgar una de siete años y medio por participar en la millonaria defraudación conocida como el carrusel de la contratación en la que se apropiaron de millonarios recursos que debieron destinarse para obras públicas?
Ese fue el interrogante que dejó esta semana dos hechos judiciales que se produjeron con menos de 24 horas de diferencia: de un lado, el caso de Mauricio Peña, quien fue acusado de usar, en dos ocasiones, billetes falsos de 50.000 pesos para comprar en una tienda; del otro: el ex jefe jurídico del IDU Inocencio Meléndez, quien aceptó los cargos y entró a colaborar con la Justicia
El caso, por ahora, abrió un tema de discusión: la forma como se están aplicando las penas en Colombia, que a los ojos de un ciudadano común pueden resultar injustas, para otros severas y para uno más son absurdas, y, de otra parte, recordó otros casos de sentencias que, como el caso del billete falso, llamaron la atención en su momento.
Los otros casos
Hace algunos meses, Mauricio Peña entró al local en el que fue capturado y pidió algunos kilos de papa y pagó con un billete de 50.000 que generó sospechas en el tendero, quien luego de inspeccionarlo se dio cuenta de que era falso y buscó al comprador quien ya se había marchado del lugar. La cara del 'estafador' no se le olvidó al dueño del local.
Hace pocos días, el estafador volvió a la tienda para comprar, nuevamente papa, pero esta vez la fue descubierto por el tendero, quien lo reconoció y luego de confirmar que nuevamente le pagó con un billete falso, llamó a una patrulla de la Policía, que de inmediato detuvo a Peña.
Un juez de garantías de Bogotá halló culpable Mauricio Peña Hernández por el delito de tráfico de moneda falsa y lo condenó a tres años de prisión.
Ante la sanción, el estafado dijo sentirse mal, ya que nunca consideró que la sanción fuera a ser tan dura.
Pese a lo extraño del caso, no es la primera vez que en Colombia se dicta una condena de este tipo, que para muchos puede ser ejemplarizante, para otros sería severa y algunos la podrían considerar absurda.
Condena por robarse tres desodorantes
En octubre, del 2009, un juez de Bogotá condenó a siete meses de cárcel a dos mujeres que fueron denunciadas por robar tres desodorantes en un almacén de cadena. Las acusadas venían azotando cadenas de almacenes en distintos sitios de la capital, de donde robaban jabones, lociones, champú y otros elementos de menor cuantía.
"Es totalmente un llamado de atención. Robar desde un peso en adelante es un delito y hay condenas para eso" afirmó Luis Anaya, consultor de seguridad. A las mujeres, que ya tenían antecedentes por este delito y habían pagado detención domiciliaria en ocasiones anteriores, les libraron orden de captura y las autoridades les siguen la pista.
Esta modalidad de delito deja, en promedio, pérdidas millonarias para los grandes almacenes de cadena por más de 200 millones de dólares.
Castigo por transportar y revender desechos sanitarios
En abril 18 del 2009, Luis Antonio Pinzón, de 38 años de edad, recibió una condena ejemplarizante de 27 meses por el delito de violación de medidas sanitarias. Sin embargo, quedó en libertad por tratarse de un delito excarcelable.
El sujeto fue capturado el 15 de febrero de 2008 en el barrio Britalia, al norte de Bogotá, mientras transportaba en su camioneta 360 kilos de bolsas de diálisis, que según él había comprado en el municipio de Puente Nacional en Santander, para revender en Bogotá, con el fin de que los desechos fueran reutilizados para la elaboración de suelas de zapatos.
Sin embargo, de acuerdo con el artículo 368 del Código Penal, el traslado de elementos sanitarios debe hacerse con el visto bueno de la secretaría de salud. Según lo expuesto por la juez que llevó el caso, Pinzón atentó contra la salud pública al trasladar elementos patógenos que puede producir infecciones, lo que pone en peligro la integridad de la comunidad.