Ancianos y niños en riesgo
Un tercer paquete de contratos que revisó el equipo especial de la Procuraduría fue los que firmó el ICBF para dar complemento alimentario a ancianos en condiciones de extrema pobreza. La Procuraduría se muestra aterrada con el manejo dado, pues dice que, por ejemplo, los estudios previos no incluyeron los datos estadísticos de la población adulta mayor de cada departamento para poder establecer el número de cupos por contratar. No entiende cómo el ICBF contrata desde 2006 con los mismos operadores, no obstante que en los informes de interventoría se establecen reiterados incumplimientos.
Luego se detiene en el análisis de cuatro consorcios que ganaron contratos y encontró también distintas anomalías. Por ejemplo, uno de ellos tiene su domicilio en Valledupar y le dieron el contrato para alimentar a los ancianos de Putumayo, Guainía, Amazonas y Arauca. En otro caso, el de la Unión Temporal Luz de Vida, la Procuraduría no entiende cómo en un solo día, el 10 de diciembre de 2010, se constituyó dicha Unión Temporal y se suscribió el contrato entre ella y el ICBF para ocho departamentos. "No se puede saber con qué antelación el operador presentó la propuesta y esta pudo ser evaluada por el ICBF". Ese consorcio, además, hizo el diagnóstico de la situación de los viejos con datos de 1994.
En cuanto a un tercer consorcio, la interventoría dice que presentó falencias significativas con los utensilios y equipos para el almacenamiento y distribución de las raciones. Y a pesar de eso, se certificó el cumplimiento del contrato, "lo que podría poner en alto riesgo la vida y la salud de los adultos mayores".
En varios apartes del informe se trascriben textualmente reportes de interventorías que hablan de que "los alimentos están sobre el piso, las verduras y legumbres fuera del ambiente de refrigeración, aliños para varios días con mal olor" o "no cuentan con los equipos necesarios para garantizar las condiciones de seguridad. Almacenamiento en lugar no adecuado. Alta infestación de moscos en servicio sanitario, evidencia de cucarachas. Vajilla de materiales no adecuados (madera), vasos rotos y deteriorados". Una situación que, según la Procuraduría, es inconcebible que haya persistido desde octubre de 2009, sin que al parecer se hayan adoptado los correctivos por parte del ICBF para garantizar una sana alimentación a los adultos mayores.
Y en cuanto a los contratos que se revisaron de alimentación escolar, las cosas no son muy distintas. La Procuraduría detectó un caso en que se tuvieron que suspender las clases por falta de la distribución oportuna de alimentos, otro en que el contratista propuso cambiar los alimentos por abanicos y uno más en que el contratista no les dio a los niños Bienestarina sino Frutiño.
Uno de los puntos más delicados del informe es el que tiene que ver con la producción y distribución de la Bienestarina. La Procuraduría encontró problemas tanto en el contratista (Industrias del Maíz) como en el interventor (Inter-Icbf). De 2007 a 2010, el concesionario presentó perturbación y suspensión en varias plantas de producción; deficiencia en la calidad: en la planta de Cartago se detectó presencia de bacterias (salmonella) en lotes de Bienestarina; aunque el producto de alto valor nutricional no contiene aditivos ni preservativos, el Invima halló presencia de este último (ácido sórbico), y en un informe del 30 de agosto de 2010 se habla de que muestra de Bienestarina analizada "arrojó una salmonella sp, coliformes fecales y otros". El informe no precisa de cuáles plantas provienen las muestras.
Elvira Forero sale al paso y dice que "la Bienestarina les llega a nueve millones de colombianos y no tiene ningún riesgo. Cuando hemos tenido que multar a los operadores, lo hacemos. Industrias del Maíz fue seleccionada luego de un proceso de nueve audiencias públicas, no se ganó el contrato al azar".
Hay tantas o más preocupaciones sobre el consorcio interventor del que hacía parte el cuestionado Grupo Nule. La Procuraduría encontró que no acreditaba la experiencia requerida y carecía de músculo financiero. Con apenas tres días de inicio del contrato, el interventor empezó a faltar a las visitas necesarias para vigilar las plantas y la distribución de la Bienestarina. Para la Procuraduría, el ICBF falló en tomar las medidas necesarias ante el incumplimiento de sus contratistas.
"La Contraloría hizo una visita con la que se detectó ácido sórbico. Nosotros multamos a Industrias del Maíz por eso y multamos a la interventoría por no haberla detectado".
Para la Procuraduría, las sanciones al interventor se impusieron con retrasos de hasta ocho meses desde la fecha de los incumplimientos. "Preocupa la falta de adopción de decisiones de manera pronta, oportuna, eficaz y legal por parte del ICBF, lo que pudo haber puesto, y puede seguir haciéndolo, en riesgo a los niños, a las madres gestantes y a los adultos mayores con la distribución de Bienestarina sin el control de calidad debido", dice la procuradora Ilva Miriam Hoyos, en su informe. Para la funcionaria, esa "negligencia" puede estar en cabeza de la directora general del ICBF y sus principales subalternos.