La Procuraduría se metió de lleno durante veinte días a revistar con lupa la contratación del instituto y halló serios líos en todo tipo de contratos. El informe, que conoció SEMANA, dice que se puede estar poniendo en riesgo la salud y la vida de los niños y abuelos más pobres.
El jueves pasado fue, tal vez, uno de los días más aciagos para Elvira Forero, en los cinco años que lleva como directora del ICBF. A su despacho llegó la procuradora delegada para la familia y la infancia, Ilva Miriam Hoyos, y le entregó un descarnado informe sobre la contratación de la entidad a su cargo.
El documento de 350 páginas, al que tuvo acceso SEMANA, registra un rosario de presuntas irregularidades por las que la Procuraduría llega incluso a concluir que en unos casos se "podría poner en alto riesgo la vida y la salud de los adultos mayores". Y en otros contratos por "negligencia" en la observación de los mismos "se pudo haber puesto en riesgo, y se puede seguir haciéndolo" a los niños beneficiarios de la Bienestarina.
En teoría, es un informe de carácter preventivo, es decir, pretende dar recomendaciones. Pero en la práctica, la procuradora consideró tan grave lo que encontró que decidió remitir copias del mismo a la Fiscalía y a la Contraloría para que investiguen los hallazgos. E incluso traslada copias a la misma Procuraduría para que investigue los contratos con los hermanos Edmundo y Gabriel del Castillo y el abogado experto en contratación Jorge Pino Ricci.
Forero, cuando fue consultada por SEMANA, dijo estar tranquila y considera que tiene explicaciones válidas para cada uno de los puntos del informe. De hecho, en un largo diálogo dio su respuesta a muchos de los puntos. "Solo hasta ayer me lo entregaron -dijo el viernes en diálogo telefónico desde Costa Rica-. Apenas he tenido tiempo de leer las primeras páginas, pero le puedo decir que la procuradora Ilva Miriam Hoyos llegó sin conocer el instituto ni quererlo conocer".
Elvira Forero, con el director del DAS, Felipe Muñoz, son los dos únicos funcionarios de alto rango que permanecen en el gobierno de Juan Manuel Santos después de haber estado en el de Álvaro Uribe. Este informe de la Procuraduría podría convertirse en un nuevo capítulo de los escándalos que se han destapado del gobierno anterior.
Todo comenzó en marzo de este año, cuando la procuradora Hoyos, ante múltiples denuncias que llegaban a su despacho, decidió 'tomarse' el ICBF. Llegó con un equipo de 18 funcionarios a la sede central de Bogotá y durante cerca de veinte días estuvieron de sol a sol en el instituto revisando la contratación. Sin embargo, como el ICBF tiene 17.000 contratos al año, la Procuraduría decidió tomar solo una muestra de 78 contratos.
La conclusión es, en principio, demoledora: se detectaron, en prácticamente todos los contratos revisados, anomalías, algunas aparentemente menores, como la no entrega de informes que demuestren el cumplimiento del objeto del contrato, y en otros casos, posibles problemas de mayor factura, como "fraccionamiento de contratos", y en general, un desorden significativo en materia de archivo y administración.
En principio, los primeros resultados del informe son preocupantes, pues el ICBF es, después del Ministerio de Defensa, una de las entidades que maneja más recursos del Estado para contratación: en los últimos nueve años casi se ha doblado su presupuesto, pasó de 1,7 billones de pesos a 3,1 billones.
Hay quienes creen que a través de algunas regionales del ICBF, cuyas direcciones se les dan como cuota a congresistas, se pagan algunos favores políticos. Y de hecho SEMANA documentó cómo el ICBF de Córdoba ha servido para alimentar intereses de congresistas relacionados con Sahagún.
La directora, Elvira Forero, dice que por el contrario la han criticado por tratar de centralizar la contratación: "Tengo múltiples pruebas de todo lo que se ha hecho para que no haya intermediarios. Este año hay 17.000 contratos para ejecutar los recursos del ICBF, y en 2006 eran 23.000 contratos. Los hemos disminuido a pesar de que el presupuesto ha aumentado, porque estoy haciéndolos por convocatoria pública".
¿Qué encontró la Procuraduría?
En una primera tanda, revisaron contratos de prestación de servicios de personas que han estado envueltas en polémicas recientes, como los hermanos Edmundo y Gabriel del Castillo, o el abogado Jorge Pino. Así como también la de personajes como el exministro José Manuel Arias Carrizosa, quien fue uno de los impulsores, al lado de Luis Guillermo Giraldo, del referendo para la reelección del entonces presidente Uribe. En todos ellos, la Procuraduría registró la falta de reporte de informes detallados que den cuenta del cumplimiento del contrato.
Uno de los casos que más llamó la atención es el de Luz Amparo Guerra, quien fue jefe de prensa de la Alcaldía de Bogotá en la administración Peñalosa. Desde 2006 está contratada por 'prestación de servicios' con el ICBF y la Procuraduría no entiende por qué Guerra "fue comisionada para realizar viajes que al parecer no se relacionan con el objeto de trabajo ni con la profesión que tiene". Ella, que es comunicadora social y politóloga, es frecuentemente comisionada para acompañar a la directora en temas que tienen que ver con contratación, lo cual, según dice la Procuraduría, sería propio del jefe jurídico. Una inquietud adicional es que por esos viajes, en los que va y vuelve el mismo día, recibe viáticos de 310.000 pesos, que en cuatro años suman más de sesenta millones de pesos.
En el caso de Gabriel del Castillo, quien asesoró al ICBF mientras su hermano Edmundo era el secretario jurídico de Presidencia, la Procuraduría encontró que en el contrato de 2009 tenía obligaciones que no están relacionadas con su profesión -"asesorar al ICBF en programas de comunicación interna y externa"- o que se justificó una adición en el monto del contrato con el argumento de la necesidad de "contar con personal de las calidades tanto humanas como intelectuales del doctor del Castillo".
Hay un caso que para la Procuraduría resulta curioso y es que como contratista, Edmundo del Castillo tenía la tarea de hacer la interventoría de un contrato de Bienestarina. Y cuando del Castillo se fue para la Casa de Nariño, esa interventoría quedó en manos de un consorcio en el que estaba una firma de los polémicos hermanos Nule. Contrato para el cual dio su visto bueno, precisamente, su hermano Gabriel del Castillo.
En general, en estos como en los otros contratos de prestación de servicios se habla de que no aparecen documentos para sustentar el porqué cada uno de ellos era el más indicado para ser contratado ni tampoco que se rindan informes sobre el contrato. "Todos los soportes de las acciones de los contratistas están en distintas carpetas -responde Elvira Forero-. Mal haría el Estado en gastar el tiempo del contratista en pedirle informes en los que, por ejemplo, repita la minuta del contrato que hizo".
Otro de los paquetes más polémicos de contratos que revisó la Procuraduría fue con la Red Alma Máter. Este es un consorcio de cinco universidades públicas del Eje Cafetero que se han convertido en un pulpo de la contratación en el país y ha estado en el ojo del huracán por un contrato para surtir cartillas que le tumbó la Secretaría de Educación de Bogotá.
La Procuraduría encontró que entre 2007 y 2011 ha hecho convenios con el ICBF por 197.414 millones de pesos. Y en la revisión de los mismos halló que nunca se invitó a otros oferentes para estos contratos y dice que no se demuestra la necesidad y la conveniencia de contratar directamente con Red Alma Máter. En segundo lugar cuestiona que a través de ese contratista se estén subcontratando cerca de 7.470 personas, que indirectamente trabajan para el ICBF. La Procuraduría pide evaluar si se está dando una "tercerización de servicios públicos esenciales". Y en tercer lugar, encuentra algo que se parece a la figura de "fraccionamiento de contratos", pues son tres en 2010 con el mismo objeto. La directora Forero alega que"es legal y es constitucional el contrato directo con Alma Máter".
Continúa...