DeNunCianDo - Ver Mensaje Individual - Los escalofriantes datos de la iglesia catolica

javier5000 · 12-08-2011 , 18:50:08

La Iglesia en Colombia afirma que el porcentaje de violaciones cometidas por algunos de sus miembros alcanza 1% de la cifra total de estos crímenes, pero ese 1% se traduce en muchas cosas

[SIZE="3"]El 15 de febrero de 2007, cerca de belén de umbría, en Risaralda, aparecieron calcinados los cadáveres de una niña y una mujer. la fiscalía abrió una investigación sobre el caso y después de revisar los reportes de desaparecidos en la región, encontró que podía tratarse de María del Carmen Arango y su hija, María Camila, de cinco años. En la escena del crimen se halló una fotografía que dejó claro que la niña era la hija legítima del párroco de Mistrató, José Francey Díaz.

Unos meses más tarde, después de varios análisis morfológicos y pruebas de ADN, la Fiscalía confirmó que las dos personas incineradas tenían un parentesco con el cura: la mujer, oculta bajo el oficio de empleada del servicio, había convivido en distintas parroquias con él durante más de diez años, y sin que las autoridades eclesiásticas se enteraran, el sacerdote registró a María Camila como su hija. Ante estas certezas, los investigadores descartaron un ritual satánico como motivo de los homicidios y el padre se convirtió en sospechoso, hasta que en noviembre de 2007 fue capturado bajo los cargos de doble homicidio agravado.

En ese mismo año, el mundo vivió un auge de noticias con casos de pederastia cometidos por sacerdotes católicos en Estados Unidos, que generó una ola de amarillismo alrededor del tema y sacó a flote casos puntuales como el de Efraín Rozo, un clérigo colombiano que trabajó durante los años setenta en la arquidiócesis de Los Ángeles, California, y fue acusado de abusar de varios seminaristas y estudiantes, incluyendo a su sobrino. Para aumentar el escándalo, los medios divulgaron un video en el que Rozo, en pésimo inglés y sin mayor convicción, leía una confesión de sus violaciones.

Su proceso judicial se cerró por la prescripción de los cargos: una denuncia interpuesta cuarenta años después de cometido el delito, según la ley colombiana expira inmediatamente, para desgracia de las víctimas. Por el contrario, en Estados Unidos estos cargos no prescriben, y han obligado a la Iglesia católica a pagar más de mil millones de dólares a las víctimas de pederastia en los últimos tres años. En Colombia, Rozo sigue siendo sacerdote y no ha recibido ninguna sanción.

"Él ha tenido sus fallas, su enmienda y su apostolado bonito; no por eso le declaramos la inocencia, pero se puede apelar la prescripción dentro del Tribunal Eclesiástico y nadie la ha pedido", dice monseñor Libardo Ramírez Gómez, presidente del Tribunal Nacional Eclesiástico, encargado de los procesos civiles frente a la Santa Sede -como anulaciones de matrimonios- y de ser la última instancia que investiga y castiga las fallas a los votos sacerdotales.
-Supongamos que el padre Rozo hubiera sido culpable: eclesiásticamente pedimos que vinieran al Tribunal a denunciarlo y nadie trajo pruebas claras sino unas cosas incompletas -insiste monseñor.
Las víctimas dicen otra cosa: además de sentirse decepcionadas por la prescripción del caso a pesar de entregar todas las pruebas, temen por su seguridad. Han sufrido denuncias penales por difamación y ataques a su reputación, al punto que hoy prefieren no hablar más del caso ni revelar sus nombres o dar mayores detalles de los problemas que han tenido.

En declaraciones públicas, la Iglesia dice que no se opone a las condenas que se impongan civilmente contra miembros de su clero: "Si se comprueba el crimen, que se le apliquen las penas que sean", afirma monseñor. No obstante, ante la ley eclesiástica los castigos no son los más severos: "Si la falta no es tan grave, lo primero consiste en suspenderlo unos años. La pena más grave es excluirlo del estado clerical porque nunca va a poder volver a ejercer".

Para las víctimas, eso no significa nada y la presión que han ejercido en los últimos años sobre el clero ha hecho que hasta el mismo papa, Benedicto XVI, reaccione. "Hoy las mayores persecuciones contra la Iglesia", dijo hace poco, "no vienen de fuera, sino de los pecados que están dentro de la propia Iglesia". Incluso afirmó que el tercer secreto que reveló la Virgen de Fátima en 1917 no fue únicamente el atentado contra Juan Pablo II de 1981 sino el peso que está cargando la institución por culpa de la pederastia. Unos días después, en un discurso en la Plaza de San Pedro, pidió "perdón a Dios y a todas las personas afectadas, y prometemos hacer todo lo posible para asegurar que ese tipo de abusos nunca más puedan ocurrir".
El escándalo se ha desbordado tanto que hay sacerdotes que están haciendo públicas sus críticas al catolicismo, como en el caso del padre Germán Robledo y su libro Hacia un clero gay, donde cuestiona el celibato y señala la gran cantidad de homosexuales en la diócesis de Cali que usan el confesionario como clóset. También da pruebas de algo que las víctimas no han podido argumentar: muchos de los casos que se denuncian ante las autoridades eclesiásticas han concluido en el traslado de los sacerdotes a otras iglesias o a otros países.

Esa aparente laxitud de los jerarcas frente a su propia comunidad sólo ha servido para arreciar las sospechas de hipocresía en la Iglesia. Pero para monseñor Libardo, "los que están acusando, no quieren esclarecer nada; si damos respuesta o si no damos respuesta, nos señalan. ¡Eso es mala fe! Si lo que quieren es purificar, acusen ante la justicia; pero lo que quieren es ir contra una entidad en la que, gracias a Dios, no hay 10%, si acaso 5% de personas indignas. Entonces, ¿por esos hay que acusarlos a todos? ¡Eso no es limpio!".

Entre otros procesos emprendidos por la Fiscalía contra esos curas "indignos", en la actualidad se está verificando si el padre Óscar Ortiz Henao es el líder de una banda paramilitar de Medellín. También ha capturado a sacerdotes de casi todas las regiones del país acusados de abuso sexual, pornografía infantil, incitación a la prostitución y cargos relacionados con la pederastia. Lamentablemente sí hay violaciones por parte de sacerdotes, pero si vamos a comparar con las violaciones que existen en el país, eso no alcanza ni el 1% -admite monseñor Ramírez-.

En Colombia en un año se denuncian cerca de 140.000 abusos sexuales -no sólo de menores- y se han investigado casi más de cien casos que implican a sacerdotes. En cinco años se han expedido órdenes de captura y condenas contra cincuenta, como Alonso Bueno Dávila (que presuntamente abusó de una niña en el corregimiento de Irra, en Risaralda), Joselín Eduardo Contreras (por violar a cuatro de sus monaguillos en un corregimiento de Anolaima, Cundinamarca), Jorge Eliécer Vega (por abusar de un menor de siete años en el departamento de Magdalena e intentar chantajear a la madre del niño para que no lo denunciara), Pedro

Abelardo Ospina (de Filadelfia, Caldas, condenado a 21 años de prisión por violar a su acólito, de once años), Víctor Ramón Blanco (que abusaba de niños indigentes en el albergue Mi Casita de Cali) o Luis Enrique Duque (de Líbano, Tolima, condenado a 18 años por abusar de dos hermanos, de siete y ocho años, y pedir el traslado de parroquia ante las denuncias del papá de los niños).

En 1999, Félix Ramírez Quintana, entonces párroco de Saldaña, Tolima, se autodefinía en una entrevista de El Tiempo como "un cura animoso y alegre, y que conste, que no se refiere a que sea pachanguero, sino a que tiene una alegría espiritual inmensa, que le gusta charlar con la gente, hacerla reír con chistes santos y hacer que vean en él a un padre, un amigo y un hermano". En 2007 fue detenido en la casa cural de Icononzo por haber abusado durante tres años de su sacristán, que tenía 16 años cuando puso la denuncia.

En ese momento, cualquier oportunidad de recibir algún tratamiento especial por ser sacerdote quedó descartada: contrario a lo que mucha gente piensa, ante la justicia civil no existe ningún fuero para los religiosos, como sí existe para las Fuerzas Armadas. La condición jurídica de un sacerdote ante un crimen ordinario es la misma de cualquier otro ciudadano. Pero todavía muchas víctimas tienen miedo de denunciarlos porque temen represalias de la Iglesia o que las autoridades no les crean. Lo que no saben, es que en todos los casos de detenciones y condenas por pederastia, las pruebas no han sido únicamente los testimonios, sino la evidencia de graves secuelas físicas en los menores, como pérdida del control de los esfínteres y desgarro en los genitales, sin contar con los evidentes daños sicológicos.

Colombia es un país con una inmensa mayoría católica y mantiene vigente un concordato que le brinda algunos privilegios a la Iglesia, a eso se suma que el sistema judicial funciona distinto del estadounidense: allá las demandas le caen a la Iglesia como institución por permitir que se cometan delitos bajo sus sotanas, y por eso tiene que responder colectivamente; aquí, en cambio, los curas tienen su propia responsabilidad civil y, si son culpables de algún delito, responden individualmente, con cárcel o con plata.

12-08-2011 , 18:50:08	#5
javier5000 Denunciante Popular Me Gusta Estadisticas Mensajes: 1.129 Me Gusta Recibidos: 863 Me Gustas Dados: 270 Ingreso: 23 jul 2006 Temas Nominados a TDM Temas Nominados 2 Temas Ganadores: 0 Reputacion Poder de Credibilidad: 38 Puntos: 40032	Respuesta: Los escalofriantes datos de la iglesia catolica La Iglesia en Colombia afirma que el porcentaje de violaciones cometidas por algunos de sus miembros alcanza 1% de la cifra total de estos crímenes, pero ese 1% se traduce en muchas cosas [SIZE="3"]El 15 de febrero de 2007, cerca de belén de umbría, en Risaralda, aparecieron calcinados los cadáveres de una niña y una mujer. la fiscalía abrió una investigación sobre el caso y después de revisar los reportes de desaparecidos en la región, encontró que podía tratarse de María del Carmen Arango y su hija, María Camila, de cinco años. En la escena del crimen se halló una fotografía que dejó claro que la niña era la hija legítima del párroco de Mistrató, José Francey Díaz. Unos meses más tarde, después de varios análisis morfológicos y pruebas de ADN, la Fiscalía confirmó que las dos personas incineradas tenían un parentesco con el cura: la mujer, oculta bajo el oficio de empleada del servicio, había convivido en distintas parroquias con él durante más de diez años, y sin que las autoridades eclesiásticas se enteraran, el sacerdote registró a María Camila como su hija. Ante estas certezas, los investigadores descartaron un ritual satánico como motivo de los homicidios y el padre se convirtió en sospechoso, hasta que en noviembre de 2007 fue capturado bajo los cargos de doble homicidio agravado. En ese mismo año, el mundo vivió un auge de noticias con casos de pederastia cometidos por sacerdotes católicos en Estados Unidos, que generó una ola de amarillismo alrededor del tema y sacó a flote casos puntuales como el de Efraín Rozo, un clérigo colombiano que trabajó durante los años setenta en la arquidiócesis de Los Ángeles, California, y fue acusado de abusar de varios seminaristas y estudiantes, incluyendo a su sobrino. Para aumentar el escándalo, los medios divulgaron un video en el que Rozo, en pésimo inglés y sin mayor convicción, leía una confesión de sus violaciones. Su proceso judicial se cerró por la prescripción de los cargos: una denuncia interpuesta cuarenta años después de cometido el delito, según la ley colombiana expira inmediatamente, para desgracia de las víctimas. Por el contrario, en Estados Unidos estos cargos no prescriben, y han obligado a la Iglesia católica a pagar más de mil millones de dólares a las víctimas de pederastia en los últimos tres años. En Colombia, Rozo sigue siendo sacerdote y no ha recibido ninguna sanción. "Él ha tenido sus fallas, su enmienda y su apostolado bonito; no por eso le declaramos la inocencia, pero se puede apelar la prescripción dentro del Tribunal Eclesiástico y nadie la ha pedido", dice monseñor Libardo Ramírez Gómez, presidente del Tribunal Nacional Eclesiástico, encargado de los procesos civiles frente a la Santa Sede -como anulaciones de matrimonios- y de ser la última instancia que investiga y castiga las fallas a los votos sacerdotales. -Supongamos que el padre Rozo hubiera sido culpable: eclesiásticamente pedimos que vinieran al Tribunal a denunciarlo y nadie trajo pruebas claras sino unas cosas incompletas -insiste monseñor. Las víctimas dicen otra cosa: además de sentirse decepcionadas por la prescripción del caso a pesar de entregar todas las pruebas, temen por su seguridad. Han sufrido denuncias penales por difamación y ataques a su reputación, al punto que hoy prefieren no hablar más del caso ni revelar sus nombres o dar mayores detalles de los problemas que han tenido. En declaraciones públicas, la Iglesia dice que no se opone a las condenas que se impongan civilmente contra miembros de su clero: "Si se comprueba el crimen, que se le apliquen las penas que sean", afirma monseñor. No obstante, ante la ley eclesiástica los castigos no son los más severos: "Si la falta no es tan grave, lo primero consiste en suspenderlo unos años. La pena más grave es excluirlo del estado clerical porque nunca va a poder volver a ejercer". Para las víctimas, eso no significa nada y la presión que han ejercido en los últimos años sobre el clero ha hecho que hasta el mismo papa, Benedicto XVI, reaccione. "Hoy las mayores persecuciones contra la Iglesia", dijo hace poco, "no vienen de fuera, sino de los pecados que están dentro de la propia Iglesia". Incluso afirmó que el tercer secreto que reveló la Virgen de Fátima en 1917 no fue únicamente el atentado contra Juan Pablo II de 1981 sino el peso que está cargando la institución por culpa de la pederastia. Unos días después, en un discurso en la Plaza de San Pedro, pidió "perdón a Dios y a todas las personas afectadas, y prometemos hacer todo lo posible para asegurar que ese tipo de abusos nunca más puedan ocurrir". El escándalo se ha desbordado tanto que hay sacerdotes que están haciendo públicas sus críticas al catolicismo, como en el caso del padre Germán Robledo y su libro Hacia un clero gay, donde cuestiona el celibato y señala la gran cantidad de homosexuales en la diócesis de Cali que usan el confesionario como clóset. También da pruebas de algo que las víctimas no han podido argumentar: muchos de los casos que se denuncian ante las autoridades eclesiásticas han concluido en el traslado de los sacerdotes a otras iglesias o a otros países. Esa aparente laxitud de los jerarcas frente a su propia comunidad sólo ha servido para arreciar las sospechas de hipocresía en la Iglesia. Pero para monseñor Libardo, "los que están acusando, no quieren esclarecer nada; si damos respuesta o si no damos respuesta, nos señalan. ¡Eso es mala fe! Si lo que quieren es purificar, acusen ante la justicia; pero lo que quieren es ir contra una entidad en la que, gracias a Dios, no hay 10%, si acaso 5% de personas indignas. Entonces, ¿por esos hay que acusarlos a todos? ¡Eso no es limpio!". Entre otros procesos emprendidos por la Fiscalía contra esos curas "indignos", en la actualidad se está verificando si el padre Óscar Ortiz Henao es el líder de una banda paramilitar de Medellín. También ha capturado a sacerdotes de casi todas las regiones del país acusados de abuso sexual, pornografía infantil, incitación a la prostitución y cargos relacionados con la pederastia. Lamentablemente sí hay violaciones por parte de sacerdotes, pero si vamos a comparar con las violaciones que existen en el país, eso no alcanza ni el 1% -admite monseñor Ramírez-. En Colombia en un año se denuncian cerca de 140.000 abusos sexuales -no sólo de menores- y se han investigado casi más de cien casos que implican a sacerdotes. En cinco años se han expedido órdenes de captura y condenas contra cincuenta, como Alonso Bueno Dávila (que presuntamente abusó de una niña en el corregimiento de Irra, en Risaralda), Joselín Eduardo Contreras (por violar a cuatro de sus monaguillos en un corregimiento de Anolaima, Cundinamarca), Jorge Eliécer Vega (por abusar de un menor de siete años en el departamento de Magdalena e intentar chantajear a la madre del niño para que no lo denunciara), Pedro Abelardo Ospina (de Filadelfia, Caldas, condenado a 21 años de prisión por violar a su acólito, de once años), Víctor Ramón Blanco (que abusaba de niños indigentes en el albergue Mi Casita de Cali) o Luis Enrique Duque (de Líbano, Tolima, condenado a 18 años por abusar de dos hermanos, de siete y ocho años, y pedir el traslado de parroquia ante las denuncias del papá de los niños). En 1999, Félix Ramírez Quintana, entonces párroco de Saldaña, Tolima, se autodefinía en una entrevista de El Tiempo como "un cura animoso y alegre, y que conste, que no se refiere a que sea pachanguero, sino a que tiene una alegría espiritual inmensa, que le gusta charlar con la gente, hacerla reír con chistes santos y hacer que vean en él a un padre, un amigo y un hermano". En 2007 fue detenido en la casa cural de Icononzo por haber abusado durante tres años de su sacristán, que tenía 16 años cuando puso la denuncia. En ese momento, cualquier oportunidad de recibir algún tratamiento especial por ser sacerdote quedó descartada: contrario a lo que mucha gente piensa, ante la justicia civil no existe ningún fuero para los religiosos, como sí existe para las Fuerzas Armadas. La condición jurídica de un sacerdote ante un crimen ordinario es la misma de cualquier otro ciudadano. Pero todavía muchas víctimas tienen miedo de denunciarlos porque temen represalias de la Iglesia o que las autoridades no les crean. Lo que no saben, es que en todos los casos de detenciones y condenas por pederastia, las pruebas no han sido únicamente los testimonios, sino la evidencia de graves secuelas físicas en los menores, como pérdida del control de los esfínteres y desgarro en los genitales, sin contar con los evidentes daños sicológicos. Colombia es un país con una inmensa mayoría católica y mantiene vigente un concordato que le brinda algunos privilegios a la Iglesia, a eso se suma que el sistema judicial funciona distinto del estadounidense: allá las demandas le caen a la Iglesia como institución por permitir que se cometan delitos bajo sus sotanas, y por eso tiene que responder colectivamente; aquí, en cambio, los curas tienen su propia responsabilidad civil y, si son culpables de algún delito, responden individualmente, con cárcel o con plata.